Una corte de apelaciones de Estados Unidos determinó el lunes que la demanda de USD 10,000 millones de México contra los fabricantes de armas estadounidenses puede seguir adelante. La demanda alega que dichas empresas permitieron «deliberadamente» el tráfico ilegal de armas de fuego en el país.
«[Los fabricantes] no son meros observadores pasivos de la actividad ilegal de los compradores, sino algo más parecido a un participante deseoso y calculador en la cadena de suministro que termina en un lucrativo mercado ilegal de armas en México», declaró la sentencia de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos (pdf), el 22 de enero.
El gobierno mexicano presentó inicialmente su demanda, de USD 10,000 millones en la Corte Federal de Distrito de Massachusetts, que la desechó al considerar que las compañías de armas están protegidas por la Ley Federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de las quejas mexicanas.
La PLCAA prohíbe ciertas demandas contra fabricantes y vendedores de armas en las cortes federales y estatales de Estados Unidos. La corte de apelaciones dictaminó que «las limitaciones de la PLCAA en los tipos de demandas que se pueden mantener en Estados Unidos se aplican a las demandas iniciadas por gobiernos extranjeros por daños sufridos fuera de Estados Unidos».
Sin embargo, la corte de apelaciones observó que la demanda de México alega potencialmente un tipo de reclamación que podría estar «exenta por ley» de las reglas de la PLCAA.
«Por lo tanto, revocamos la afirmación de la corte de distrito de que el PLCAA prohíbe las reclamaciones de derecho consuetudinario de México, y lo devolvemos para nuevos procedimientos», declaró la corte.
El gobierno mexicano calificó el 22 de enero la decisión de la corte de apelaciones como un «hecho sin precedentes» y dijo que la recibió con agrado, congratulándose con la resolución.
«Una vez que el asunto regrese a primera instancia, se presentará la evidencia para demostrar la negligencia de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez», anunció el gobierno mexicano.
Por su parte, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alejandro Celorio escribió, en X el 22 de enero, que «dolorosamente, este esfuerzo no logrará devolvernos a las personas fallecidas o sanar las heridas». Pero consideró que con ello se logra avanzar «en la rendición de cuentas de quienes comercian con negligencia armas de fuego que vulneran la paz y la seguridad de nuestro país».
Controversia por la demanda de México
Lawrence Keane, lobista y portavoz de prensa de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF), no está de acuerdo con la decisión. La organización está «revisando nuestras opciones legales», escribió en un posteo de X, el 23 de enero.
«México debería pasar su tiempo haciendo cumplir sus propias leyes y llevar a los criminales mexicanos ante la justicia en las salas de audiencias mexicanas, en lugar de convertir a la industria de armas de fuego en un chivo expiatorio por su falta de voluntad para proteger a los ciudadanos mexicanos», señaló.
Mientras que Kostas Moros, un abogado que representa a la Asociación de Rifles y Pistolas de California, calificó el argumento de México como «una burla», según una publicación de X del 22 de enero.
«La idea básica es que las leyes estadounidenses sobre armas están causando violencia en México (…) El completo fracaso de México para meter en cintura a los cárteles no es culpa de Estados Unidos ni de su Segunda Enmienda. Estos cárteles son extremadamente ricos y siempre podrían hacerse con armas de fuego», escribió Moros.
En su demanda, México afirma que, si bien tiene leyes estrictas sobre armas, el país tiene la tercera mayor cantidad de muertes relacionadas con armas a nivel mundial. También afirma que solo tiene una tienda de armas en todo el país y emite menos de 50 permisos de armas de fuego al año.
«El número de homicidios relacionados con armas de fuego en México creció de menos de 2500 en 2003 a aproximadamente 23,000 en 2019. El porcentaje de homicidios cometidos con un arma aumentó de manera similar del 15 por ciento en 1997 al 69 por ciento en 2021», afirma el fallo de la corte de apelaciones.
El país vecino también insiste en que el aumento de la violencia en su territorio «se correlaciona con el aumento de la producción de armas en los Estados Unidos» desde que Washington puso fin en 2004 a la prohibición de las armas de asalto.
«México afirma que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas al país desde los Estados Unidos», alegó el fallo.
Sin embargo, una coalición de 20 fiscales generales estatales se han opuesto a estas reclamaciones en un documento amicus presentado ante la corte de apelaciones.
«México afirma que la violencia con armas de fuego en su país aumentó debido a la expiración de la prohibición de las armas de asalto de EE. UU. en 2004», alegó el documento. «Pero las tasas de homicidios en México disminuyeron en los tres años posteriores a la finalización de la prohibición de las armas de asalto y no aumentaron hasta que México declaró la guerra a sus cárteles de la droga a finales de 2006».
El documento también descartó que los fabricantes estadounidenses sean los culpables del aumento de la violencia armada en México.
«Entre las armas estadounidenses recuperadas en las escenas del crimen en México, muchas se vendieron al por mayor al ejército mexicano y a las fuerzas del orden y solo terminaron en manos de un cártel después de que los soldados o policías desertaran», alegaron los fiscales.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionado por su política de seguridad llamada «abrazos no balazos», que algunos consideran como una «concesión a los cárteles mexicanos», ya que no se captura a narcotraficantes de alto perfil.
Desde el 1 de diciembre de 2018 al 28 de diciembre de 2023, la organización T-ResearchMX ha registrado 175,456 homicidios que ocurrieron durante el sexenio de López Obrador, cifra que se aproxima a la presentada por el gobierno el 14 de noviembre de 2023. La secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que hasta esa fecha se contabilizaron 167,405 homicidios, en una gráfica donde señaló que la tendencia de homicidios se redujo en comparación con los gobiernos anteriores.
Con información de Naveen Athrappully
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