El caso de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra el expresidente Donald Trump y sus dos hijos adultos comenzará el lunes 2 de octubre, después de que una corte de apelaciones fallara en contra de la moción del presidente Trump para retrasar el caso.
El martes, el juez Arthur Engoron de la Corte Suprema de Manhattan se puso del lado de la Sra. James, dictaminando que el presidente Trump y su organización son responsables de fraude. También revocó las licencias comerciales del presidente Trump y de sus hijos adultos Eric Trump y Donald Trump Jr., y ordenó la disolución de las Organizaciones Trump y sus diversas empresas, cuyos detalles aún deben resolverse en los tribunales.
La corte de apelaciones había acordado una sentencia de urgencia cuando el presidente Trump intentó retrasar el juicio. El expresidente demandó al juez Engoron el 14 de septiembre, alegando que éste había hecho caso omiso de una sentencia de junio de la corte de apelaciones que, según el presidente Trump, debería haber hecho que el caso sobrepasara la ley de prescripción.
En la decisión del jueves, la corte de apelaciones levantó la orden de suspender el procedimiento del caso, así como la petición de aplazamiento.
El equipo jurídico del presidente Trump ha indicado que apelará la decisión del juez Engoron.
Sentencia parcial
La Sra. James reclama 250 millones de dólares por daños y perjuicios y presentó siete demandas contra el presidente Trump en su causa civil.
El mes pasado, pidió al juez que dictara un fallo sumario previo al juicio sobre una de las siete demandas: que el presidente Trump había inflado su patrimonio neto hasta en 2200 millones de dólares, defraudando a prestamistas y aseguradoras.
El martes, el juez Engoron declaró al presidente Trump responsable de fraude, yendo más allá de lo que la Sra. James solicitó en las penas cuando ordenó inesperadamente la disolución de la Organización Trump. Dio a ambas partes 10 días para nombrar a un revisor independiente que gestionara la disolución de las empresas. El «administrador judicial» independiente funcionaría de forma muy parecida a un albacea.
Alina Habba, portavoz jurídica del presidente Trump, declaró que la decisión era «fundamentalmente errónea a todos los niveles».
«Es importante recordar que la Organización Trump es una historia de éxito estadounidense», declaró la Sra. Habba. «El hecho de que esta corte considere sumariamente que no hay ninguna cuestión de hecho, que considere en parte que Mar-a-Lago vale aproximadamente 20 millones de dólares y emita una decisión de esta magnitud es una afrenta a nuestro sistema legal».
Durante el juicio, el abogado de Trump, Christopher Kise, preguntó al juez si su orden significaba que se venderían los edificios propiedad de S. R. L. dependientes de la Organización Trump. Esto incluiría propiedades de alto perfil como la Torre Trump y el número 40 de Wall Street, así como una finca familiar en los suburbios del condado de Westchester.
«¿Es la postura del tribunal que esos activos vayan a venderse ahora o sólo van a gestionarse bajo la dirección del (administrador judicial)?», preguntó el Sr. Kise. Señaló que algunas de las propiedades de las S. R. L.de la Organización Trump no tienen nada que ver con el caso, como las viviendas privadas de los hijos del presidente Trump, que son demandados en el caso.
El juez consultó con su secretario antes de responder que «no estaba preparado para emitir una sentencia ahora mismo».
Durante el juicio que comienza el próximo lunes, el juez Engoron, y no un jurado, determinará el destino de los negocios del presidente Trump en Nueva York. También tendrá que pronunciarse sobre las otras seis demandas que ha presentado la oficina de la Sra. James, y determinar cuánto tendrá que pagar el presidente Trump en concepto de sanciones.
Argumentos de la apelación
El último recurso del presidente Trump tenía que ver con la ley prescripción.
La sentencia del tribunal de apelaciones de junio había dicho que varias alegaciones de la demanda de la Sra. James quedaban fuera del plazo de prescripción de seis años, y afirmaba que no podía presentar las demandas antes de julio de 2014 y febrero de 2016. Tras esta decisión, Ivanka Trump fue retirada del caso como acusada, porque alegó que había abandonado la Organización Trump en 2016.
La Sra. James se había opuesto a la decisión del tribunal de apelación, alegando que los estados financieros posteriores en cuestión reflejaban esas reclamaciones anteriores.
En el fallo sumario del martes, el juez Engoron rechazó la petición del presidente Trump de desestimar el caso basándose en este argumento por ser «puro sofisma», poniéndose del lado de la Sra. James al afirmar que lo que se examina en el caso son los estados financieros.
Además, rechazó completamente una defensa reiterada del presidente Trump, refiriéndose a las cláusulas de exención de responsabilidad que figuran en todos los estados financieros presentados a los bancos y aseguradoras que la Sra. James afirma haber defraudado. La cláusula de exención de responsabilidad indica los métodos utilizados para llegar a las valoraciones y señala que las instituciones financieras que utilizan métodos diferentes pueden obtener cifras distintas.
El juez Engoron escribió que las declaraciones no protegen en modo alguno al presidente Trump de la responsabilidad por valoraciones incorrectas, como él ha afirmado.
La Sra. James se basa en la Ley Martin, una ley antifraude que no exige que la fiscal demuestre que el presidente Trump tuvo intención de cometer fraude, ni que se causó daño a los prestamistas y aseguradoras. Se considera una ley excesivamente amplia que un artículo del consejo editorial del Wall Street Journal apodó «la peor ley de Estados Unidos».
En virtud de esta ley, el juez Engoron señaló que la «entrega de los beneficios obtenidos ilegalmente» es un recurso disponible, de ahí su orden de disolución de la Organización Trump.
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