La Corte de Apelaciones del 5.º Circuito dictaminó el viernes que probablemente varios funcionarios de la administración Biden violaron la Primera enmienda al presionar a las empresas de redes sociales para que moderaran o retiraran contenidos que consideraban problemáticos.
Sin embargo, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5.º Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, redujo gran parte de una medida cautelar emitida por un juez de Louisiana que restringía la comunicación de la administración demócrata del presidente Joe Biden con las empresas de redes sociales.
La corte dijo que la Casa Blanca, el Director General de Salud Pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el FBI «es probable que coaccionaron o alentaron significativamente a las plataformas de redes sociales a moderar el contenido» en violación de la Primera enmienda.
«Es cierto que los funcionarios tienen interés en colaborar con las empresas de redes sociales, incluso en cuestiones como la información errónea y la interferencia electoral», dijo el panel de tres jueces en un fallo de 74 páginas (pdf) el 8 de septiembre.
«Pero el gobierno no puede promover estos intereses hasta el punto de suprimir puntos de vista», añadieron los jueces.
La corte encontró que los funcionarios hicieron «amenazas expresas» y «acusaciones incendiarias» al decir que las plataformas estaban «envenenando al público» y «matando gente». Se dijo a las plataformas que debían asumir «mayor responsabilidad y tomar medidas».
«Luego, ellos siguieron sus declaraciones con amenazas de «reformas fundamentales» como cambios regulatorios y mayores acciones de aplicación que garantizarían que las plataformas «rindieran cuentas». Así, además de las amenazas expresas, siempre había un ‘o si no’ tácito», añadieron los jueces.
La corte también dijo que los funcionarios alentaron a las plataformas de redes sociales a moderar el contenido «ejerciendo un control activo y significativo sobre esas decisiones», en particular en lo que respecta a las políticas de moderación de las plataformas.
Según la sentencia, el FBI «se reunía periódicamente con las plataformas, compartía ‘información estratégica’, alertaba con frecuencia a las empresas de redes sociales sobre la difusión de información errónea en sus plataformas y supervisaba sus políticas de moderación de contenidos».
Pero el FBI fue más allá: instó a las plataformas a retirar contenidos». Volviendo al test de los cuatro factores del Segundo Circuito, consideramos que esas peticiones fueron coercitivas», añadieron los jueces.
Los jueces subrayaron que el gobierno no puede supervisar las decisiones de moderación de contenidos de una plataforma y no puede imponer «consecuencias legales, reglamentarias o económicas» si se niegan a cumplir una solicitud determinada.
«Las decisiones de moderación de contenidos de las plataformas de redes sociales deben ser suyas y solo suyas», afirmó la corte.
Los fiscales generales de Louisiana y Missouri, junto con varios usuarios de redes sociales, presentaron una demanda el año pasado, alegando que Facebook, YouTube y Twitter practicaban censura como resultado de repetidas insistencias de funcionarios gubernamentales y amenazas de una mayor aplicación de las regulaciones.
La demanda indicó que las opiniones censuradas incluían contenido que cuestionaba las medidas contra COVID-19, como mascarillas y órdenes de vacunación, y acusaciones de fraude electoral.
Pero la corte eliminó gran parte del amplio fallo del juez federal de distrito, Terry Doughty, del 4 de julio, diciendo que el simple estímulo para eliminar contenido no siempre cruza una línea constitucional.
«Como cuestión inicial, es axiomático que una orden judicial es demasiado amplia si prohíbe al acusado participar en una conducta legal. Nueve de las diez prohibiciones de la orden judicial preliminar corren el riesgo de hacer precisamente eso. Además, muchas de las disposiciones se duplican entre sí y, por lo tanto, son innecesarias», dice el fallo.
El fallo también eliminó a algunas agencias de la orden, a saber, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad y el Departamento de Estado.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, declaró que presentaron la demanda contra decenas de funcionarios del gobierno federal «para detener la mayor violación de la Primera enmienda en la historia de nuestra nación».
«El primer ladrillo se colocó en el muro de separación entre la tecnología y el Estado el 4 de julio. El fallo de hoy es otro ladrillo más», dijo el fiscal general Bailey en una declaración. «Missouri seguirá liderando el camino en la lucha para defender nuestras libertades más fundamentales».
Con información de Reuters y Associated Press
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