Corte Federal bloquea orden de vacunación COVID-19 de Biden para empresas privadas

Por Zachary Stieber
06 de Noviembre de 2021
Actualizado: 07 de Noviembre de 2021

Una corte federal de apelaciones bloqueó el sábado la orden de vacunación COVID-19 del gobierno de Biden para los empleados privados, afirmando que podría haber problemas constitucionales con el requisito.

“Debido a que las peticiones dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con la orden, la orden PERMANECE pendiente de más acciones por parte de este tribunal”, dijo un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en la breve orden.

La suspensión de la orden, que se dio a conocer esta semana, es temporal a medida que avanza el caso.

El caso fue presentado por varias empresas, incluida la American Family Association; múltiples individuos; y varios estados, incluidos Texas, Utah y Mississippi.

Los peticionarios dijeron que la orden, promulgada como Estándar Temporal de Emergencia (ETS) por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo, debería ser anulado porque excede la autoridad de la OSHA bajo la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional.

Ellos dijeron que la autoridad se limita a los peligros relacionados con el lugar de trabajo, mientras que el riesgo de la COVID-19 es “un peligro para toda la sociedad”. También dijeron que la orden no tiene sentido porque determinar si la COVID-19 es un peligro en el lugar de trabajo depende de la edad y la salud de los empleados, no de la cantidad de compañeros de trabajo que tengan.

“En un intento de imponer una orden de vacunación a nivel nacional sin la aprobación del Congreso, el poder ejecutivo ha formulado su orden de vacunación COVID-19 como una regla de emergencia en el lugar de trabajo que afecta a casi 100 millones de estadounidenses. Pero el ETS no es una norma en el lugar de trabajo ni responde a una emergencia”, escribieron los abogados de los peticionarios en una moción de emergencia pidiendo al tribunal que imponga una suspensión.

“El estado de vacunación es un problema de salud pública que afecta a las personas en toda la sociedad; no es un peligro particular para el lugar de trabajo. Y no es necesario utilizar una regla de emergencia para abordar una pandemia que ha estado ocurriendo durante casi dos años. El Congreso no otorgó a la OSHA poderes tan amplios en su estatuto de autorización”, agregaron.

En los últimos días, funcionarios de la administración han dicho que confían en que la regla de la OSHA resistirá la avalancha de desafíos legales que se presentaron luego de que se hizo pública.

La procuradora laboral Seema Nanda dijo a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico que la administración está preparada para defender la orden en los tribunales.

“El Departamento de Trabajo de EE. UU. confía en su autoridad legal para emitir la norma temporal de emergencia sobre vacunación y pruebas. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional otorga explícitamente a la OSHA la autoridad para actuar rápidamente en una emergencia donde la agencia encuentra que los trabajadores están sujetos a un peligro grave y es necesaria una nueva norma para protegerlos”, dijo.

Brandon Trosclair, un peticionario que emplea a casi 500 personas en supermercados en Louisiana y Mississippi, dijo en un comunicado que el fallo es “una increíble primera victoria para todos los estadounidenses”, y agregó que el tribunal de apelaciones “rápidamente se dio cuenta de que la orden de vacunación de Biden para empleados causaría un gran daño a empresas como la mía”.

“La acción del tribunal no solo impide que Biden siga adelante con su extralimitación ilegal, sino que también ordena la revisión juiciosa que buscamos. El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y contrapesos que ofrece la Constitución”, dijo el secretario de Justicia de Louisiana, Jeff Landry, republicano y uno de los peticionarios, en un comunicado.

El panel estuvo integrado por el juez Stuart Kyle Duncan, un candidato de Trump; la jueza Edith Jones, nominada por Reagan; y el juez Kurt Engelhardt, nominado por George W. Bush.

Se ordenó a la administración de Biden que presentara una respuesta a la moción de los peticionarios de una orden judicial permanente antes de las 5 p.m. del lunes y que presentara una respuesta a otros documentos judiciales de los peticionarios antes de las 5 p.m. del martes.


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