Un tribunal de apelación de Texas restableció una orden que impedirá que el Estado investigue a los padres por abuso de menores si facilitan los procedimientos de afirmación de género para sus hijos transgénero.
El 21 de marzo, el Tercer Tribunal de Apelaciones de Texas concedió una moción de emergencia para restablecer la orden judicial temporal, que, según dijo, es «necesaria para mantener el statu quo y preservar los derechos de todas las partes».
El tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de Lambda Legal habían presentado la moción de urgencia para mantener en vigor una sentencia de un tribunal inferior. La jueza de distrito Amy Clark Meachum, demócrata, emitió la orden judicial temporal el 11 de marzo, bloqueando temporalmente las investigaciones.
El estado presentó inmediatamente una apelación ese mismo día.
Al presentar la apelación, Paxton escribió que la orden de Meachum «está congelada» y las investigaciones «proceden como deben». También dijo que estaría dispuesto a que la lucha continuara hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Pero los abogados de la ACLU y de Lambda Legal dijeron que la medida de Paxton constituía una violación de la orden judicial y pidieron al tribunal de apelación que se pronunciara al respecto.
El fallo del 21 de marzo significa que no se pueden realizar investigaciones a los padres de niños transgénero antes de que el caso llegue a juicio en julio.
La batalla legal comenzó después de que el gobernador republicano Greg Abbott emitiera una directiva en febrero en la que ordenaba al Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS, por sus siglas en inglés) del estado que empezara a investigar a los padres de los niños que se sometieran a «procedimientos de cambio de sexo».
La decisión se basó en un dictamen jurídico redactado por Ken Paxton, fiscal general de Texas. En el dictamen (pdf), Paxton afirmaba que «los procedimientos o tratamientos no necesarios desde el punto de vista médico y relacionados con el sexo de un menor» podrían constituir abuso infantil según el Código de Familia del estado.
Abbott escribió en su directiva de febrero (pdf) a Jaime Masters, el comisionado del DFPS, que la opinión legal de Paxton «deja claro, que ya es contra la ley someter a los niños de Texas a una amplia variedad de procedimientos electivos para la transición de género, incluyendo cirugías de reasignación que pueden causar esterilización, mastectomías, extirpaciones de partes del cuerpo que de otra manera están sanas, y la administración de medicamentos que bloquean la pubertad o dosis suprafisiológicas de testosterona o estrógeno».
El 1 de marzo, la ACLU y Lambda Legal demandaron al Estado en nombre de la familia de un niño transgénero de 16 años que recibió la visita de un investigador de bienestar infantil en su casa debido a la directiva Abbott.
El niño, que fue designado como «varón» en el certificado de nacimiento, ha tomado medicamentos para retrasar la pubertad y una terapia hormonal prescrita por los médicos. «A Mary le preocupaba tener que someterse a una pubertad que le produjera unas características físicas permanentes no acordes con su género femenino», según la demanda (pdf).
La madre del niño, empleada del DFPS, fue puesta en licencia administrativa pagada después de preguntar a su supervisor cómo afectaría la directiva de Abbott a la política del DFPS. «Dicha aclaración era importante para su familia, así como para su capacidad de desempeñar su trabajo en el DFPS», se afirma en la demanda.
«Ni la opinión no vinculante de Paxton ni la carta de Abbott —ambas en conflicto con las normas médicas de atención bien establecidas— son una base legítima para la norma», argumentaron los abogados en la demanda.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de Abbott por comentarios.
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