La Corte Suprema anula la “Doctrina Chevron”, restringiendo el poder del gobierno federal

Esta doctrina de 40 años proporcionó una base jurídica para el Estado administrativo moderno

Por Matthew Vadum
28 de junio de 2024 3:14 PM Actualizado: 28 de junio de 2024 8:04 PM

La Corte Suprema, en una votación de 6 a 3, anuló la “Doctrina  Chevron”, una doctrina judicial que potencia la burocracia y que, según sus críticos, condujo al crecimiento explosivo del gobierno estadounidense en las últimas décadas.

La nueva decisión hará más difícil que funcionarios gubernamentales no electos establezcan nuevas regulaciones.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria en el caso del 28 de junio. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon.

La doctrina proporciona un sustento jurídico al Estado administrativo moderno, que los críticos ridiculizan como una cuarta rama ilegítima del gobierno. Los defensores del gobierno limitado habían presionado durante décadas para abolir la doctrina.

La doctrina proporciona un fundamento legal para el Estado administrativo moderno, que los críticos ridiculizan como una cuarta rama ilegítima del gobierno.

En el fallo histórico de 1984, Chevron vs Natural Resources Defense Council, la corte sostuvo que si bien las cortes “deben dar efecto a la intención inequívocamente expresada por el Congreso”, cuando las cortes encuentran que el Congreso no ha abordado directamente la cuestión precisa en cuestión y “el estatuto no se pronuncia o es ambiguo con respecto al tema específico, la cuestión para la corte es si la respuesta de la agencia se basa en una interpretación permisible del estatuto”.

Los conservadores y los legisladores republicanos han criticado esta doctrina desde hace tiempo, afirmando que contribuye al desbordado crecimiento del gobierno y que otorga a los reguladores no electos demasiado poder para elaborar políticas, yendo más allá de lo que pretendía el Congreso cuando aprobó varias leyes. La autoridad de las agencias reguladoras ha sido cuestionada cada vez más por la Corte Suprema en los últimos años.

Quienes están del otro lado dicen que la doctrina Chevron faculta a un gobierno federal activista para servir al interés público en un mundo cada vez más complicado sin tener que buscar autorización específica del Congreso para todo lo que debe hacerse.

El nuevo fallo se produjo en dos casos relacionados que la corte escuchó el 17 de enero: Relentless Inc. vs el Departamento de Comercio y Loper Bright Enterprises vs Raimondo.

Los casos en cuestión se remontan a 2020, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de EE.UU. y su Servicio Nacional de Pesca Marina implementaron una regla final para obligar a las empresas pesqueras a pagar por monitores humanos a bordo de sus embarcaciones.

Las empresas dijeron que la carga de pagar por los monitores era una dificultad que reducía significativamente sus márgenes de ganancia.

El 17 de enero, el abogado de Relentless Inc., Roman Martínez, les dijo a los magistrados que la deferencia hacia Chevron debía ser revocada. “Durante demasiado tiempo, Chevron distorsionó el proceso judicial y socavó la interpretación de las leyes”, afirmó.

“Chevron viola la Constitución. El artículo III faculta a los jueces para decir cuál es la ley… [y] para interpretar los estatutos federales utilizando su mejor e independiente criterio. Chevron socava ese deber. Reasigna la autoridad interpretativa de las cortes a las agencias, y obliga a las cortes a adoptar interpretaciones de agencia inferiores que se emiten por razones políticas.

“De esta manera, Chevron impide que los jueces se desempeñen como agentes fieles del Congreso. Impone sesgos judiciales y alienta la extralimitación de los organismos y, al eliminar controles clave sobre el poder ejecutivo, amenaza la libertad individual”.

La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, respondió que revocar la deferencia de Chevron causaría agitación y conduciría a “litigios interminables”.

“Miles de decisiones judiciales que sostienen que la normativa o la adjudicación de una agencia son razonables estarían abiertas a la impugnación, y esa profunda perturbación es especialmente injustificada porque el Congreso podría modificar o anular el marco de Chevron en cualquier momento”, dijo en ese momento.


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