La Corte Suprema bloqueó temporalmente el fallo de una corte inferior el 11 de agosto que habría facilitado para un grupo que aboga por la reforma de reestructuración distrital en Oregon recolectar firmas durante la pandemia actual.
Es la última orden de emergencia de la Corte Suprema que rechaza relajar temporalmente los requisitos de la ley electoral en la época del virus del PCCh, el cual causa la enfermedad COVID-19. Un panel del 9º Circuito de la Corte de Apelaciones previamente negó la moción del estado para suspender la orden de la corte inferior.
La corte superior bloqueo la orden del juez del 30 de julio que relajaba las reglas electorales para dar a un grupo de activistas de Idaho tiempo adicional para reunir firmas para la iniciativa electoral.
Reclaim Idaho, un comité de acción política que propone aumentar el financiamiento del jardín de infantes hasta el 12º grado mediante el incremento de la tasa del impuesto sobre sociedades y de los impuestos sobre la renta de individuos que ganen 250,000 dólares o más anualmente, puso sus esfuerzos de recolección en pausa después de que decidiera que no quería reunir firmas durante la pandemia.
Antes de eso, la Suprema Corte rechazó modificar las reglas electorales de Ohio para dar espacio a los defensores de la descriminalización de la marihuana que no lograron reunir suficientes firmas de petición en persona para alcanzar su pregunta de referéndum en la votación del 3 de noviembre en varias ciudades. La solicitud de emergencia para impedir al estado de Ohio de ejecutar sus reglas de acceso a la boleta fue negada por la corte superior el 25 de junio.
El fallo en el nuevo caso citado como Clarno vs People Not Politicians Oregon fue emitido la tarde del 11 de agosto. Beverly A. Clarno es la secretaria de estado de Oregon y la única republicana ocupando un cargo estatal en Ohio.
People Not Politicians apoyan la Petición de Iniciativa 57, o IP57, que el grupo dice podría «reformar ese proceso y crear un sistema más justo y transparente», al crear «un comisión ciudadana independiente de reestructuración distrital compuesta por residentes de Oregon».
El esfuerzo está respaldado por una letanía de grupos de izquierda, incluyendo el Partido Progresista de Oregon y el Grupos de Investigación de Interés Público del Estado de Oregon (OSPIRG). La Liga de Mujeres Votantes de Oregon, Causa Común, el NAACP de Eugene/Springfield, figuran como demandados en la solicitud de emergencia a la Corte Suprema.
La propuesta habría enmendado la constitución del estado y permitido que una comisión de redistribución de distritos fundada por ciudadanos trazara las líneas legislativas del congreso y del estado cada 10 años. El grupo dijo que tenía que confiar en métodos de recolección de firmas sin contacto para cumplir con las órdenes de la gobernadora demócrata Kate Brown de quedarse en casa y culpó a las restricciones por no alcanzar el número de firmas requerido.
En la solicitud a la Suprema Corte, la fiscal general de Oregon Ellen F. Rosenblum, demócrata, escribió que People Not Politicians había «obtenido por su propia cuenta solo unas 64,000 firmas no verificadas para la fecha límite del 2 de julio», quedando por debajo de las 149,360 firmas válidas que supuestamente se necesitan para obtener una enmienda constitucional en la votación de noviembre.
El juez de Distrito de Estados Unidos radicado en Oregon, Michael McShane, designado por Obama, dictaminó el 10 de julio que People Not Politicians había ejercido una «diligencia razonable» al tratar de calificar para la votación durante la pandemia.
McShane presentó dos opciones a Clarno, quien administra las elecciones. Clarno podía aceptar las firmas presentadas el 2 de julio y permitir que el referéndum procediera o extender el tiempo de recolección de firmas hasta el 17 de agosto.
Clarno aceptó la extensión pero Rosenblum, cuya oficina representa al secretario de estado y a todas las demás agencias estatales en la corte, le quitó el asunto de las manos a Clarno y decidió apelar la decisión.
El fallo del juez «invade la autoridad soberana del estado para determinar por sí mismo el proceso por el cual su propia constitución puede ser enmendada», escribió Rosenblum en la solicitud a la Suprema Corte. «Cambiar las reglas de las iniciativas por decreto judicial, tan tarde en el ciclo electoral solo para una medida privilegiada, es jurídicamente insostenible y fundamentalmente injusto».
El presidente de la campaña IP 57, Norman Turrill, dijo que la campaña continuará.
«Nuestra coalición continuará haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para poner esta vital reforma democrática en la votación en noviembre y asegurar que haya un camino para la reforma de la redistribución de distritos en Oregon en 2021».
The Epoch Times contactó con People Not Politicians, así como con al abogado del grupo en el proceso de la Corte Suprema, Jay Newman Rapaport de San Francisco, pero no tuvo noticias de ninguno de los dos al momento de la publicación.
La solicitud de emergencia se remitió primero a la jueza Elena Kagan, que es la jueza de Circuito en funciones en el alto tribunal responsable de escuchar las solicitudes de emergencia que se originan dentro de los límites geográficos del 9º Circuito de la Corte de Apelaciones.
La corte, de acuerdo con la costumbre, no proporcionó una justificación para la orden, y no estaba claro cómo votaron los jueces sobre la solicitud de emergencia. No hay ninguna indicación en la orden sobre cómo votó Kagan. Para que se aprobara el aplazamiento, cinco de los nueve jueces tendrían que haber votado a favor.
Dos jueces liberales, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, disintieron de la concesión del aplazamiento. No explicaron por qué.
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