Corte Suprema de EE. UU. bloquea moratoria de desalojos de los CDC

Por Mimi Nguyen Ly
27 de agosto de 2021 7:16 AM Actualizado: 27 de agosto de 2021 11:14 AM

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el jueves la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), abriendo así la posibilidad de que los propietarios de inmuebles expulsen a los residentes que se encuentran atrasados en el pago del alquiler en medio de la pandemia.

El fallo se produjo por una moratoria federal de 60 días emitida por los CDC el 3 de agosto, que expiraría el 3 de octubre.

Según los datos de la Oficina del Censo de principios de agosto, alrededor de 3.5 millones de personas en el país dijeron que se enfrentarían a un desalojo en los próximos dos meses.

La normativa de los CDC fue impugnada por una coalición de propietarios y grupos inmobiliarios de Alabama y Georgia. Ellos argumentaron no tenían autoridad para aplicar la moratoria.

En una opinión no firmada (pdf) el jueves, la mayoría del tribunal dijo que los CDC carecían de autoridad para emitir la moratoria sin autorización del Congreso.

La Corte rechazó los argumentos del gobierno de Biden en apoyo a la autoridad de los CDC. El gobierno además había justificado la retención de los desalojos de zonas donde la transmisión del COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), era alta.

«Una cosa sería si el Congreso hubiera autorizado específicamente las medidas que los CDC han tomado. Pero eso no ha ocurrido», escribió la Corte. «En lugar de ello, los CDC impusieron una moratoria nacional sobre los desalojos amparándose en un estatuto de hace décadas que le autoriza a aplicar medidas como la fumigación y el exterminio de plagas. Es difícil de creer que esta ley otorgue a los CDC la amplia autoridad que afirma».

La Corte concluyó que «para que continúe la moratoria de desalojos impuesta por el gobierno federal, el Congreso debe autorizarla específicamente».

Los tres jueces de inclinación liberal —Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— disintieron. Breyer escribió en nombre de los tres, que la Corte no debería rechazar la prohibición de desalojo «sin una información o argumentación completa».

«Los solicitantes plantean cuestiones legales controvertidas sobre un importante estatuto federal por el que los tribunales inferiores están divididos y sobre el que esta Corte nunca se ha pronunciado», escribió Breyer. «Estas cuestiones exigen una toma de decisiones ponderada, informada por un expediente y una argumentación completa. Sus respuestas afectan a la salud de millones de personas».

Breyer también argumentó que la Corte debería haber mantenido la moratoria. «El interés público está fuertemente a favor de respetar el juicio de los CDC en este momento, cuando más del 90 por ciento de los condados están experimentando altas tasas de transmisión».

Los CDC habían ordenado una moratoria de desalojos en todo el país en septiembre de 2020 en un esfuerzo por prevenir la propagación del virus del PCCh, con la idea de que las personas desalojadas probablemente se mudarían con familiares o amigos o a refugios para personas sin hogar que se encuentran abarrotados y potencialmente socavarían las restricciones de distanciamiento social.

La moratoria se prorrogó otros 30 días en junio y los funcionarios dijeron entonces que sería la última prórroga.

A fines de junio, la Corte Suprema dictaminó que cualquier prórroga de la moratoria tendría que ser aprobada por el Congreso. Más tarde, en julio, la Corte federal dictaminó que los CDC se habían extralimitado en sus funciones al detener los desalojos.

Pero tres días después de que expirara esa moratoria, los CDC emitieron otra moratoria de desalojos más específica, que ahora fue anulada por el alto tribunal.

Al momento de la nueva moratoria no estaba claro cómo se pronunciaría la Corte Suprema sobre el asunto, dado que su alcance era un poco más limitado. Está dirigida a «zonas específicas del país» en las que los casos de COVID-19 están aumentando rápidamente y «probablemente se verían exacerbados por los desalojos masivos». Esto abarca a más del 90 por ciento de los condados de Estados Unidos, los que se consideran con niveles «sustanciales» y «altos» de transmisión.


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