WASHINGTON- El abogado de un residente permanente legal dijo a la Suprema Corte el 4 de noviembre que la redacción difícil de interpretar de un estatuo federal de inmigración no permite al gobierno deportar al hombre, aún cuando en recientes años ha sido condenado por crímenes serios.
El caso, citado como Barton vs. Barr, es importante porque si la Suprema Corte se posiciona del lado de la administración de Trump, la cual está buscando la expulsión del hombre, sería más fácil en el futuro para el gobierno deportar residentes permanentes legales (RPL) condenados por crímenes.
El presidente Donald Trump se postuló en una plataforma que implica una aplicación más fuerte de las leyes de inmigración de la nación.
De acuerdo con las cifras más recientes disponibles públicamente, había cerca de 13,2 millones de RPL viviendo en los Estado Unidos en enero de 2015, la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en un reporte a principios de este año. De ese total, 9 millones eran elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense.
El gobierno afirmó que varios de los crímenes por los que Andre Martello Barton, un ciudadano jamaiquino, fue declarado culpable involucran delitos de vileza moral- motivos para deportación- pero está luchando para cancelar la determinación de removilidad contra él.
Barton se graduó del colegio técnico en 2009 y ahora dirige un taller mecánico de automóviles, propiedad de su madre. Tiene cuatro hijos pequeños, todos con ciudadanía estadounidense, y una prometida con discapacidad en Estados Unidos incapaz de trabajar. Es el jefe de familia y no tiene parientes cercanos en su nativa Jamaica.
Pero después de haber ganado el estatus de RPL, Barton fue condenado en 1996 por asalto agravado, daños a la propiedad y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. En 2007 y 2008, además fue sentenciado bajo la Ley de Sustancias Controladas de Georgia.
La ley federal afirma en 8 U.S.C. § 1229b(a) que el fiscal general podrá cancelar la expulsión de un extranjero que sea inadmisible o deportable, si el individuo ha sido un residente permanente legal por cinco años y ha residido de manera ininterrumpida en Estados Unidos por siete años, tiempo durante el cual no ha sido condenado por un delito agravado.
Los jueces no estaban de acuerdo en si «la regla de tiempo límite», la cual determina si un RPL ha residido en EE.UU. el tiempo suficiente para ser elegible para evitar la deportación, deba interpretarse en sentido amplio o restringido. La Corte Suprema consideró qué delitos ponen en juego la norma y detienen el cálculo del tiempo durante el período de residencia de siete años necesario para solicitar la exención de la deportación.
Barton adquirió el estatus de residente permanente legal en 1989, eso significaba que le faltaban varios meses para los siete años de residencia.
Barton buscó ayuda de la Corte Suprema después que el 11° Circuito de la Corte de Apelaciones, con base en Atlanta, se pronunció en su contra en septiembre de 2018.
Durante los argumentos orales del 4 de noviembre, los jueces discutieron ampliamente con los abogados sobre el significado de palabras como «inadmisible» que aparecen en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por su siglas en inglés).
Los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan sugirieron que el estatuto estaba mal redactado.
Quienquiera que escribió el lenguaje en la ley «no era un genio», dijo Breyer.
Kagan se metió en las sutilezas de la gramática inglesa, pidiendo al abogado Frederick Liu de la oficina del procurador general de EE.UU. que «diera sentido a los tiempos verbales» en el INA para ella.
«Pensaría que tendrías un argumento extremadamente bueno si los tiempos fueran subjuntivos… si dijera- si hiciera que el extranjero fuera inadmisible, pero no dice eso. Dice que el extranjero es inadmisible, lo que parece no referirse a algo que podría suceder en el futuro si el extranjero, una vez más, tratara de ser admitido».
Los fiscales Brett Kavanaugh y Ruth Bader Ginsburg parecían favorecer la posición de la administración Trump.
Parece justo asumir que el Congreso tenía la intención de que «cualquier mancha» en el registro de una persona debería hacerla ineligible para el desagravio.
Ginsburg dijo que ese argumento tenía «apelación».
¿Por qué el Congreso no habría querido que el cálculo del período de residencia se detuviera después que una persona haya «abusado de la hospitalidad de los Estados Unidos»? Ginsburg dijo.
La jueza Sonia Sotomayor dijo que el estatuto debe ser interpretado de manera más estrecha para beneficiar a los RPL, dada la «solicitud» que la INA muestra «a los residentes permanentes desde hace mucho tiempo».
La audiencia del 4 de noviembre se llevó a cabo después de que el juez de distrito Michael H. Simon emitiera un amplio requerimiento judicial a nivel nacional el 2 de noviembre, impidiendo temporalmente que la administración de Trump hiciera cumplir la Proclamación 9945, que exige que los posibles residentes permanentes demuestren que pueden pagar por su propia atención médica. Simon, que tiene su sede en Portland, Oregon, fue nombrado en 2011 por el entonces presidente Barack Obama.
El caso, citado como Barton vs. Barr, es importante porque si la Suprema Corte se posiciona del lado de la administración de Trump, la cual está buscando la expulsión del hombre, sería más fácil en el futuro para el gobierno deportar residentes permanentes legales, LPR por sus siglas en inglés, condenados por crímenes.
El presidente Donald Trump se postuló en una plataforma que implica una aplicación más fuerte de las leyes de inmigración de la nación.
De acuerdo con las cifras más recientes disponibles públicamente, había cerca de 13.2 millones de LPRs viviendo en los Estado Unidos en enero de 2015, la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaro en un reporte a principios de este año. De ese total, 9 millones eran elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense.
El gobierno afirmó que varios de los crímenes por los que Andre Martello Barton, un ciudadano jamaiquino, fue declarado culpable involucran delitos de vileza moral- motivos para deportación- pero está luchando para cancelar la determinación de removilidad contra él.
Barton se graduó del colegio técnico en 2009 y ahora dirige un taller mecánico de automóviles, propiedad de su madre. Tiene cuatro hijos pequeños, todos con ciudadanía americana, y una prometida con discapacidad en los Estados Unidos incapaz de trabajar. Es el jefe de familia y no tiene parientes cercanos en su nativa Jamaica.
Pero después de haber ganado el estatus de RPL, Barton fue condenado en 1996 por asalto agravado, daños a la propiedad y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. En 2007 y 2008, además fue sentenciado bajo la Ley de Sustancias Controladas de Georgia.
La ley federal afirma en 8 U.S.C. § 1229b(a) que el fiscal general podrá cancelar la expulsión de un extranjero que sea inadmisible o deportable, si el individuo ha sido un residente permanente legal por cinco años y ha residido de manera ininterrumpida en los Estados Unidos por siete años, tiempo durante el cual no ha sido condenado por un delito agravado.
Los jueces no estaban de acuerdo en si «la regla de tiempo límite», la cual determina si un RPL ha residido en los EE.UU. el tiempo suficiente para ser elegible para evitar la deportación, deba interpretarse en sentido amplio o restringido. La Corte Suprema consideró qué delitos ponen en juego la norma y detienen el cálculo del tiempo durante el período de residencia de siete años necesario para solicitar la exención de la deportación.
Barton adquirió el estatus de residente permanente legal en 1989, eso significaba que le faltaban varios meses para los siete años de residencia.
Barton buscó ayuda de la Corte Suprema después de que el 11°Circuito de la Corte de Apelaciones, con base en Atlanta, se pronunció en su contra en septiembre de 2018.
Durante los argumentos orales del 4 de noviembre, los jueces discutieron ampliamente con los abogados sobre el significado de palabras como «inadmisible» que aparecen en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por su siglas en inglés).
Los jueces Stephen Breyer y Elena Kagan sugirieron que el estatuto estaba mal redactado.
Quienquiera que escribió el lenguaje en la ley «no era un genio», dijo Breyer.
Kagan se metió en las sutilezas de la gramática inglesa, pidiendo al abogado Frederick Liu de la oficina del procurador general de los EE.UU. que «diera sentido a los tiempos verbales» en el INA para ella.
«Pensaría que tendrías un argumento extremadamente bueno si los tiempos fueran subjuntivos… si dijera- si hiciera que el extranjero fuera inadmisible, pero no dice eso. Dice que el extranjero es inadmisible, lo que parece no referirse a algo que podría suceder en el futuro si el extranjero, una vez más, tratara de ser admitido».
Los fiscales Brett Kavanaugh y Ruth Bader Ginsburg parecían favorecer la posición de la administración Trump.
Parece justo asumir que el Congreso tenía la intención de que «cualquier mancha» en el registro de una persona debería hacerla ineligible para el desagravio.
Ginsburg dijo que ese argumento tenía «apelación».
¿Por qué el Congreso no habría querido que el cálculo del período de residencia se detuviera después de que una persona haya «abusado de la hospitalidad de los Estados Unidos»? Ginsburg dijo.
La jueza Sonia Sotomayor dijo que el estatuto debe ser interpretado de manera más estrecha para beneficiar a los RPL, dada la «solicitud» que la INA muestra «a los residentes permanentes desde hace mucho tiempo».
La audiencia del 4 de noviembre se llevó a cabo después de que el juez de distrito Michael H. Simon emitiera un amplio requerimiento judicial a nivel nacional el 2 de noviembre, impidiendo temporalmente que la administración Trump hiciera cumplir la Proclamación 9945, que exige que los posibles residentes permanentes demuestren que pueden pagar por su propia atención médica. Simon, que tiene su sede en Portland, Oregon, fue nombrado en 2011 por el entonces presidente Barack Obama.
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