Dos magistrados de la Corte Suprema de Michigan instaron a un tribunal inferior a actuar rápidamente y «evaluar de manera sensata» las acusaciones de fraude electoral, según una orden del lunes que también negó una apelación de dos votantes del Condado de Wayne que pretendían detener la certificación para que se pudiera llevar a cabo una auditoría.
Si bien el tribunal superior del estado decidió denegar la apelación y no estuvo de acuerdo con la premisa de la demanda de que se realizara una auditoría antes de la certificación, reconoció en una orden (pdf) la presencia de «preocupantes y graves acusaciones de fraude e irregularidades». También señaló que los demandantes presentaron pruebas para fundamentar sus alegaciones, incluidas las que apoyaban las afirmaciones de que se habían contado las boletas de votantes cuyos nombres no figuraban en los libros de votación, y que los funcionarios electorales habían dado instrucciones para «desobedecer las leyes y reglamentos electorales».
En una opinión, los dos jueces pidieron entonces «la consideración más expedita posible de las cuestiones restantes», añadiendo que un tribunal de primera instancia debía «evaluar de manera sensata» las alegaciones de los demandantes mediante una audiencia probatoria, y resolver cualquier cuestión jurídica relacionada.
«Soy consciente de que muchos estadounidenses creen que las reclamaciones de los demandantes por fraude y mala conducta electoral son frívolas y obstructivas, pero soy igualmente consciente de que muchos estadounidenses opinan que las elecciones de 2020 no fueron totalmente libres y justas», escribió el magistrado de la Corte Suprema de Michigan Stephen Markman. El magistrado Brian Zahra se unió a él en esta opinión. Llamaron a este último punto de vista uno que «golpea en el centro de las preocupaciones sobre la falta de ‘exactitud’ e ‘integridad’ de estas elecciones».
Los jueces tomaron nota de las pruebas en forma de declaraciones juradas presentadas por los demandantes, que incluían reclamaciones «de que se estaban contando las boletas de votantes cuyos nombres no figuraban en los libros de votación correspondientes, de que se habían dado instrucciones para desobedecer las leyes y reglamentos electorales, de la cuestionable aparición de lotes no sellados de boletas de voto ausente después del plazo de recepción de las boletas, de la conducta discriminatoria durante el proceso de recuento y observación, y de otras violaciones de la ley».
Las reclamaciones anteriores se expusieron inicialmente en una demanda presentada el 8 de noviembre por los observadores electorales republicanos Cheryl Costantino y Edward McCall contra funcionarios de Detroit y del Condado de Wayne. En su demanda (pdf) se afirmaba que los trabajadores electorales contaban las boletas de los votantes que no figuraban en el archivo de votantes habilitados y que, cuando no se podía confirmar el nombre de un votante, se elegían nombres al azar de la lista. También alegaron que los trabajadores electorales expulsaron a los observadores republicanos del Centro TCF de Detroit cuando presentaron objeciones, y que los funcionarios electorales les dijeron a los trabajadores electorales que no verificaran las firmas en las boletas de voto ausente y que las procesaran aunque fueran inválidas.
Esa demanda fue rechazada por un juez estatal, lo que les llevó a apelar al Tribunal de Apelaciones de Michigan, que denegó la apelación. Costantino y McCall luego presentaron una apelación ante la Corte Suprema de Michigan el 17 de noviembre, solicitando una auditoría de los resultados de las elecciones.
Aunque denegó las solicitudes de Costantino y McCall que pedían detener la auditoría, la Corte Suprema de Michigan dijo que su decisión no impide que los demandantes busquen una futura «auditoría de resultados» y que el alto tribunal conservaría su autoridad de apelación y superintendencia sobre el caso para permitir que el caso se agilice antes de la fecha límite para que Michigan certifique a los electores.
«La ley federal impone estrictas restricciones de tiempo para la certificación de nuestros electores en Michigan», escribieron los jueces. «Los demandantes no deben tener que presentar apelaciones siguiendo nuestros procesos y procedimientos estándar para obtener una respuesta final de esta Corte en asuntos tan importantes».
El lunes, el Consejo de Escrutadores del Estado de Michigan votó para certificar los resultados de las elecciones.
La secretaria de Estado de Michigan ha dicho que su agencia llevará a cabo una auditoría de rendimiento post-electoral en el Condado de Wayne.
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