El martes, la Corte Suprema de Pensilvania resolvió revertir una decisión de un tribunal estatal inferior que garantizaba a los observadores republicanos el derecho a ver los conteos de votos desde una distancia máxima de seis pies.
En una decisión de 5-2, la corte dijo que el código electoral del estado no establece una distancia mínima a la que deben estar los observadores electorales para poder ver el conteo de las boletas y cumplir con los requisitos de las leyes. La mayoría agregó que si el tribunal impone un requisito de distancia, como hizo el tribunal inferior, estaría reescribiendo incorrectamente el estatuto.
“La Asamblea General, si así lo hubiera deseado, podría haber establecido fácilmente tales parámetros; sin embargo, no fue así”, afirmó la opinión mayoritaria. “Sería inapropiado que este Tribunal reescribiera judicialmente el estatuto imponiendo requisitos de distancia cuando la legislatura, en el ejercicio de su juicio político, ha considerado adecuado no hacerlo”.
A principios de mes, un tribunal de apelaciones de Pensilvania dictaminó que «todos los candidatos, observadores o representantes de candidatos pueden estar presentes en el proceso de escrutinio (…) y observar todos los aspectos del proceso de escrutinio dentro de los 6 pies [de distancia], mientras se adhieren a todos los protocolos contra el COVID -19, incluido el uso de mascarillas y el mantenimiento del distanciamiento social”.
Los funcionarios de la campaña dijeron que los observadores se habían visto obligados a ver cómo se contaban las boletas desde una distancia de hasta 30 metros.
Los funcionarios electorales utilizaron una barricada y algún tipo de guardia de seguridad para evitar que los observadores se acercaran, dijo Pam Bondi, una exfiscal general de Florida, a los periodistas en Filadelfia, en las afueras del Centro de Convenciones de Pensilvania, donde se tabulan las papeletas de voto en ausencia.
Horas después del fallo judicial, la Junta Electoral de Filadelfia solicitó una apelación en la Corte Suprema del estado. La junta argumentó que el código electoral solo autoriza a los observadores electorales a permanecer en el salón cuando se procesan las boletas.
Ellos argumentaron que el representante de la campaña, el abogado Jeremy Mercer, pudo ver cada parte del “proceso previo al escrutinio y el escrutinio” y, por lo tanto, “pudo confirmar que las únicas boletas que se escanearon y tabularon fueron las que se habían sacado de los sobres secretos y que el sobre exterior de la boleta había sido inspeccionado para comprobar su suficiencia y luego clasificado».
La campaña, por otro lado, se centró en la capacidad de observar el proceso de una «manera significativa» para que pudiera «desafiar el proceso a través del litigio adecuado».
La campaña argumenta que la interpretación de la junta de las reglas electorales significa que observar el proceso desde un extremo del centro de procesamiento de boletas que es del tamaño de un campo de fútbol es suficiente para cumplir con los requisitos de la ley.
“Esto, en opinión de la Campaña, ‘desafía la lógica y la razonabilidad’”, explicó la opinión.
La mayoría sostuvo que, dado que la ley no dice nada sobre la distancia a la que tendrían que estar los observadores electorales, eso significa que fue «una elección deliberada de la legislatura dejar estos asuntos a la discreción informada de las juntas electorales del condado».
Dos de los jueces del tribunal superior del estado discreparon, escribiendo opiniones discrepantes separadas. El presidente del Tribunal Supremo Thomas G. Saylor, a quien se unió la jueza Sallie Updyke Mundy, escribió que la corte de apelaciones estatal había ordenado razonablemente a los funcionarios electorales que movieran las barreras restrictivas en el Centro de Convenciones más cerca de las operaciones de escrutinio de boletas.
Saylor agregó que la Corte Suprema del estado no debería haber intervenido en el caso porque el conteo de las boletas está llegando a su fin y los funcionarios de campaña y elecciones tienen un acuerdo en su caso federal, el cual se presentó por separado.
El fallo se produce mientras un juez federal escucha los argumentos orales sobre si desestimar la demanda de la campaña de Trump presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Pensilvania. Ese caso busca una orden judicial para impedir que Keystone State certifique los resultados de las elecciones generales de 2020, alegando que los funcionarios electorales estatales habían «administrado mal el proceso electoral» y que el proceso de conteo estaba «envuelto en secreto».
La campaña de Trump no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de Zachary Stieber.
Este caso se cita como In Re: Canvassing Observation (Commonwealth Court: 1094 CD 20; Supreme Court: 425 EAL 2020/30 EAP 2020).
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