La Corte Suprema ha vuelto a negarse a escuchar una serie de nuevos casos que presentan una oportunidad para los magistrados de aclarar la aplicación de la segunda enmienda. Esto llevó al juez Clarence Thomas, quien se unió al juez Brett Kavanaugh, a expresar su frustración hacia sus colegas por «prolongar nuestra década de fracasos en proteger la Segunda Enmienda».
La queja de Thomas sobre la inacción llegó en forma de desacuerdo sobre la negativa de la corte a revisar un caso de derechos de armas, Rogers v. Grewal. El caso involucra a un hombre, Thomas Rogers, quien dirige un negocio que le exige reparar cajeros automáticos en zonas de alta criminalidad. Él solicitó un permiso para llevar su arma en defensa propia pero fue rechazado porque no pudo demostrar «que tiene una necesidad justificada de llevar un arma de fuego».
«En varias jurisdicciones del país, se ha prohibido a los ciudadanos respetuosos de la ley el ejercicio del derecho fundamental a portar armas porque no pueden demostrar que tienen una ‘necesidad justificable’ o una ‘buena razón’ para hacerlo», escribió Thomas en su disidencia (pdf). «Uno pensaría que una carga tan difícil sobre un derecho fundamental justificaría la revisión de esta Corte».
«Esta Corte seguramente revisaría la constitucionalidad de una ley que exige a los ciudadanos que establezcan una necesidad justificable antes de ejercer sus derechos de libre expresión. Y parece altamente improbable que la Corte permita que un Estado haga cumplir una ley que exige que una mujer brinde una necesidad justificada antes de buscar un aborto. Pero hoy, ante una petición que desafía tal restricción a los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos, la Corte simplemente mira para otro lado”, agregó.
Thomas sostuvo que era crucial que la Corte Suprema se ocupara de la cuestión porque las Cortes de Apelación están «totalmente divididas en cuanto a la constitucionalidad» de las restricciones establecidas por los funcionarios locales y estatales que exigen que las personas demuestren una «necesidad justificable» o una «buena causa». Señaló que el Circuito de D.C. ha sostenido que las leyes que limitan a portat armas a quienes tienen «una buena razón para temer un daño a [su] persona o propiedad» viola la Segunda Enmienda, mientras que el Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Circuito han sostenido la constitucionalidad de esas leyes que requieren «necesidad justificable» o una «buena razón».
«Este caso también presenta a la Corte una oportunidad de aclarar que la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas. Aunque algunos circuitos han reconocido que la Segunda Enmienda se extiende fuera del hogar, muchos se han negado a definir el alcance del derecho, simplemente suponiendo que el derecho a portar armas existe a efectos de aplicar un análisis basado en el escrutinio», escribió Thomas.
También dijo que el caso Rogers le da a la corte la oportunidad de también «brindar a las cortes inferiores la orientación que tanto necesitan, garantizar el cumplimiento de nuestros precedentes y resolver una división del circuito».
«Cada una de estas razones es suficiente para conceder el certiorari de forma independiente. En combinación, demuestran inequívocamente que este caso merece nuestra revisión. En lugar de prolongar nuestra década de fracaso en la protección de la Segunda Enmienda, yo concedería esta petición», escribió.
La última vez que la corte superior decidió sobre cuestiones importantes de derechos de armas fue en los casos de Distrito de Columbia v. Heller (pdf) en 2008 y McDonald v. Chicago (pdf) en 2010. En la decisión histórica del caso Heller, la Corte Suprema protege el derecho de un individuo a poseer y llevar armas para fines tradicionalmente lícitos como la defensa propia. Mientras tanto, en el caso McDonald, los jueces dictaminaron que ese derecho también es aplicable a nivel estatal.
La corte tuvo la oportunidad de abordar cuestiones de derechos de armas en un caso que cuestionaba las restricciones de transporte de armas de la Ciudad de Nueva York durante este período, pero los jueces desestimaron el caso luego de que la ciudad revocara esas normas.
En un fallo 6-3 si firmar, la mayoría dijo que el caso se había vuelto discutible luego de que la Ciudad de Nueva York rescindiera su norma que restringía a los propietarios de armas de fuego el transporte de armas con licencia a cualquier lugar fuera de los límites de la ciudad, como un campo de tiro fuera de la ciudad o una segunda casa, luego de que la corte superior acordara ocuparse del caso a principios de 2019.
En ese caso, el juez Samuel Alito discrepó, argumentando que el caso no era discutible y que la ciudad había violado la segunda enmienda del propietario del arma. Se le unieron también los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch.
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