La Corte Suprema ha denegado una solicitud presentada por un grupo de empresas de Pensilvania que pretendía anular una orden ejecutiva emitida por el gobernador del estado que cerraba las empresas «que no mantienen la vida» en respuesta a la pandemia del virus del PCCh.
La Corte Suprema negó el miércoles la solicitud de suspender la aplicación de la orden del gobernador sin dar una razón. La solicitud fue presentada por Amigos de Danny DeVito, un comité que apoya a un candidato a representante estatal del Partido Republicano, a un agente inmobiliario, a un campo de golf público, a una empresa de lavandería y a una empresa de gestión de la madera.
«La solicitud de suspensión presentada al juez Alito y por él remitida a la Corte es denegada», decía la orden (pdf).
El grupo presentó su solicitud a la Corte Suprema después de que la Corte Suprema de Pennsylvania negara su solicitud de suspensión de la orden (pdf) el 24 de abril. Ese tribunal sostuvo que las empresas «no habían establecido ninguna base para el alivio basado en sus impugnaciones constitucionales».
El 19 de marzo, el gobernador Tom Wolf emitió una orden ejecutiva (pdf) que exige a todas las empresas no relacionadas con la vida en Pensilvania que cierren sus locales físicos en un intento de mitigar la propagación de la pandemia.
Las empresas lo demandaron y han estado argumentando que el estado carece de la autoridad estatutaria para emitir la orden y que ésta infringe los derechos constitucionales de los residentes bajo las Constituciones de los Estados Unidos y de los estados.
Las empresas también sostuvieron que la orden crea una grave tensión financiera de la que decenas de miles de empresas del estado no pueden recuperarse.
«Eso constituiría la completa destrucción de los derechos de propiedad de un gran número de empresas», escribieron las empresas en su solicitud a la Corte Suprema (pdf).
Desde la presentación de la demanda original en Pensilvania, se permitió que dos de las empresas —las empresas de lavandería y madereras— reabrieran después de que Wolf trasladara sus industrias a la lista de empresas de mantenimiento de la vida. La Corte Suprema de Pennsylvania había tratado sus peticiones como discutibles (pdf) en su opinión.
La Corte Suprema de Pensilvania rechazó los argumentos de las empresas, diciendo que la orden del gobernador «solo da lugar a una pérdida temporal del uso de los locales comerciales de los peticionarios, y la razón del gobernador para imponer dichas restricciones al uso de sus propiedades, a saber, proteger la vida y la salud de millones de ciudadanos de Pensilvania, constituye sin duda un ejemplo clásico del uso del poder de la policía para ‘proteger la vida, la salud, la moral, la comodidad y el bienestar general del pueblo'».
En un escrito a la Corte Suprema de los EE.UU., el fiscal general de Pensilvania argumentó que muchos de los argumentos de las empresas equivalen a «desacuerdos de política pública sobre cómo el gobernador usó su autoridad».
«Los solicitantes no cuestionan los principios en sí mismos; simplemente están en desacuerdo con las conclusiones de ese tribunal», escribió el fiscal general del estado (pdf).
«Más fundamentalmente, tales prescripciones de política pública, por muy infundadas que sean, no son base legal para impugnar la orden del gobernador. La solicitud debe ser denegada», añadió.
Las empresas también han presentado una solicitud a la Corte Suprema de los Estados Unidos para revisar la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania (pdf), que todavía está pendiente en el tribunal.
El debate entre la protección de las libertades civiles y la salud pública se ha acentuado en las últimas semanas a medida que los estadounidenses empiezan a expresar su frustración con las restricciones. Muchas de las medidas estatales y locales han hecho que los estadounidenses pierdan sus empleos, al tiempo que han sumido a sus estados en una profunda depresión económica. Algunos han tomado las calles para protestar por las restricciones.
Se han presentado múltiples impugnaciones judiciales contra los gobernadores por sus órdenes ejecutivas que imponen diversas prohibiciones que se consideran un ataque a las libertades civiles y los derechos individuales, incluidos casos de discriminación religiosa en los que se prohibieron los servicios de autocares en múltiples ciudades del país.
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