El 26 de julio, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump puede utilizar 2500 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa para construir una parte del muro a lo largo de la frontera sur.
Alabando el fallo del 5-4 como una victoria para su administración, Trump escribió en Twitter que era una «gran VICTORIA sobre el Muro».
«La Corte Suprema de Estados Unidos anula la orden judicial y permite que el muro de la frontera sur continúe. Gran TRIUNFO para la Seguridad Fronteriza y el Estado de Derecho», escribió.
Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2019
Todos los jueces nominados por los republicanos votaron a favor de permitir el gasto, y todos los jueces nombrados por los demócratas discreparon, excepto el juez Stephen Breyer, quien dijo que si bien habría permitido la planificación preliminar, no estaba de acuerdo con la financiación.
Según Los Angeles Times, la victoria abre el camino para que la administración Trump construya 160 kilómetros adicionales de muro fronterizo en Nuevo México, Arizona y California.
Es decir, la Corte Suprema levantó las órdenes de un juez federal en California y de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco, lo que impedía que la Casa Blanca utilice los fondos del Departamento de Defensa para construir el muro.
El Juez Haywood S. Gilliam Jr. del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Oakland, dijo que no estaba autorizado.
«El caso no se trata de si el plan de construcción de la barrera fronteriza es sabio o no. No se trata de si el plan es la respuesta política correcta o incorrecta a las condiciones existentes en la frontera sur de Estados Unidos», escribió Gilliam. «En cambio, este caso presenta preguntas legales estrictas sobre si el plan propuesto para financiar la construcción de la barrera fronteriza excede la autoridad legal de la rama ejecutiva».
Noel J. Francisco, el procurador general, pidió al Tribunal Supremo que dicte sentencia e intervenga.
Dijo que los «intereses de los demandantes en el senderismo, la observación de aves y la pesca en los corredores designados para el contrabando de drogas no compensan el daño causado al público con la detención de los esfuerzos del gobierno para construir barreras que impidan el flujo de narcóticos ilegales a través de la frontera sur».
En febrero, Trump declaró una emergencia nacional para redirigir los fondos al Departamento de Seguridad Nacional desde otras agencias federales.
El dinero que Trump identificó incluye 3600 millones de dólares de fondos de construcción militar, 2500 millones de dólares en dinero del Departamento de Defensa y 600 millones de dólares del fondo de confiscación de activos del Departamento del Tesoro.
El caso ante la Corte Suprema involucró solo los 2500 millones en fondos del Departamento de Defensa, los cuales, según la administración, se utilizarán para construir más de 160 kilómetros de vallado. Un proyecto reemplazaría 75 kilómetros de barrera en Nuevo México por 789 millones de dólares.
Otro reemplazaría más de 100 kilómetros en Arizona por 646 millones. Los otros dos proyectos en California y Arizona son más pequeños, y el resto de los fondos no estaban en juego en el caso. Los fondos del Departamento del Tesoro han sobrevivido hasta ahora a las impugnaciones legales, y Aduanas y Protección Fronteriza ha destinado el dinero para trabajar en el Valle del Río Grande en Texas, pero aún no ha adjudicado contratos.
La transferencia de los 3600 millones de dólares en fondos para la construcción militar está a la espera de la aprobación del secretario de Defensa. La demanda en la Corte Suprema impugnando el uso de los fondos del Departamento de Defensa fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre del Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
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