La Corte Suprema fijó una audiencia para el 16 de abril a un acusado del 6 de enero, anunció el alto tribunal el 16 de febrero.
El caso podría significar el retiro de los cargos contra muchos acusados en relación con la protesta del 6 de enero de 2021 por la inminente certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, por parte del Congreso, en el complejo del Capitolio de Estados Unidos en Washington.
El exoficial de policía Joseph W. Fischer de Jonestown, Pensilvania, es el principal acusado en el caso conocido como Fischer vs. Estados Unidos. El alegato oral fue programado en un aviso posteado por la corte en su sitio web.
Expertos legales dijeron anteriormente a The Epoch Times que creen que la Corte Suprema del país podría anular el proceso en curso de la administración Biden en su contra, basado en una ley federal clave, cerrando con ello los casos del gobierno contra cientos de acusados a quienes se le aplicó la misma ley.
Si la corte determina que una ley de obstrucción de la era Enron (18, sección 1512(c) del Código de Estados Unidos) se está utilizando indebidamente contra los acusados, es probable que se desestimen los cargos.
Lo que está en juego es la disposición sobre manipulación de pruebas que aparece en la Ley de Responsabilidad por Fraude Corporativo y Penal de 2002, que formaba parte de la Ley Sarbanes-Oxley, destinada a frenar las irregularidades en Wall Street.
El presidente Donald Trump fue imputado bajo el mismo estatuto federal y también se beneficiará si la Corte Suprema falla a favor del acusado, dijeron las fuentes.
El Sr. Fischer fue imputado bajo el estatuto de reforma contable dos meses después de la infracción del 6 de enero, por obstruir un procedimiento oficial; desorden civil; agredir, resistir o obstaculizar a los agentes; entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido; conducta desordenada y disruptiva en un edificio o terreno restringido; conducta desordenada; y desfilar, manifestarse o hacer piquetes en un edificio del Capitolio.
El acusado se declaró inocente de los cargos.
Algunos acusados que llegaron al Capitolio después de que el Congreso fuera evacuado el 6 de enero también fueron acusados de obstruir un procedimiento oficial: la sesión conjunta del Congreso que se reunió para contar los votos del Colegio Electoral y escuchar las objeciones de los legisladores.
Varios acusados han argumentado sin éxito en el juicio que no podrían haber obstruido el Congreso porque no estuvieron presentes en el Capitolio hasta que los legisladores abandonaron el complejo.
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