La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el viernes la demanda de Texas de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 en cuatro estados pendulares.
En una orden, los jueces denegaron la solicitud de Texas de demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, y opinaron que el estado de la estrella solitaria carecía de capacidad legal–o capacidad–para demandar bajo la Constitución porque no había mostrado un interés legítimo para intervenir en cómo otros estados manejan sus elecciones.
“Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones”, decía la orden (pdf). «Todas las demás mociones pendientes se desestiman por improcedentes».
El juez Samuel Alito emitió una declaración separada para decir que él habría aceptado la solicitud de Texas para demandar, pero no la orden judicial preliminar, ya que él cree que la Corte Suprema está obligada a tomar cualquier caso que se encuentre dentro de su «jurisdicción original», lo cual significa que la corte tiene el poder de escuchar un caso por primera vez en lugar de revisar la decisión de un tribunal inferior. El juez Clarence Thomas se unió a Alito en su declaración.
“En mi opinión, no tenemos la facultad de denegar la presentación de una demanda en un caso que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción original. (…) Por lo tanto, yo otorgaría la moción para presentar la demanda, pero no adoptaría otra medida, y no expreso mi opinión sobre ningún otro tema”, escribió Alito en su declaración. El juez no abordó las preguntas del caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la campaña del presidente Donald Trump no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El estado de Texas había solicitado a la Corte Suprema el 7 de diciembre permiso para demandar a los cuatro estados pendulares en un intento por proteger la integridad de las elecciones de 2020.
El estado de la estrella solitaria ha alegado que los cuatro estados cambiaron las reglas electorales en violación de la Cláusula de Electores de la Constitución de los EE. UU., trataron de manera desigual a los votantes, y causaron irregularidades en la votación al relajar las protecciones de la integridad del voto bajo la ley estatal, lo cual abre la posibilidad de fraude electoral.
Texas esperaba obtener una declaración de la Corte Suprema de que los cuatro estados llevaron a cabo sus elecciones de 2020 en violación a la Constitución de los Estados Unidos. El estado también había pedido al tribunal que prohibiera el recuento de los votos emitidos por los cuatro estados en el Colegio Electoral. Para los estados acusados que ya han designado electores, la demanda pedía a los jueces que ordenaran a las legislaturas estatales nombrar nuevos electores de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos.
Varios fiscales generales de los estados acusados han respondido a la orden. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo: «La Corte Suprema de los Estados Unidos vio a través de este abuso sedicioso del proceso judicial, y su rápida negación debería hacer que cualquiera que esté contemplando nuevos ataques contra nuestras elecciones lo piense dos veces».
«Si bien estas acrobacias son legalmente insignificantes, su costo para nuestro país, al engañar al público sobre unas elecciones libres y justas y al romper nuestra Constitución, es alto y no las toleraremos de nuestros estados hermanos ni de nadie más», agregó Shapiro.
La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, también emitió un comunicado, diciendo que el fallo «es un recordatorio importante de que somos una nación de leyes, y aunque algunos pueden ceder al deseo de un solo individuo, los tribunales no lo harán».
Trump y sus aliados han depositado grandes expectativas en la demanda de Texas, y el presidente calificó al caso como «el grande». Él le había pedido a la Corte Suprema que le permitiera unirse al caso como parte interviniente. El presidente aún no ha emitido una declaración pública sobre la orden de la Corte Suprema.
Horas antes de la orden, Trump escribió en un posteo de Twitter: «Si la Corte Suprema muestra una gran sabiduría y coraje, el pueblo estadounidense ganará quizás el caso más importante de la historia, ¡y nuestro proceso electoral será respetado nuevamente!»
Luego de que se presentó la demanda, los fiscales generales estatales de todo el país comenzaron a expresar su posición sobre los temas.
Diecinueve fiscales generales estatales republicanos respaldaron a Texas en la demanda. Los estados que representan son Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental, Arizona y Alaska. Seis de los estados presentaron una moción para unirse al caso como partes intervinientes: Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Utah.
Mientras tanto, 20 fiscales generales del estado demócrata respaldaron a los acusados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington. Ninguno ha presentado mociones para intervenir.
Los fiscales generales republicanos de Idaho y Wyoming se negaron a participar en la demanda. El fiscal general republicano de Ohio, Dave Yost, presentó un escrito en “nombre de ninguna de las partes”, argumentando a favor de que la corte resolviera la cuestión central planteada por Texas pero oponiéndose a la medida solicitada por el estado de la estrella solitaria.
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Con información de Mimi Nguyen-Ly e Ivan Pentchoukov.
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