Corte Suprema se muestra escéptica ante órdenes de vacunación de Biden

Por Matthew Vadum
07 de Enero de 2022 4:47 PM Actualizado: 07 de Enero de 2022 4:47 PM

La Corte Suprema parecía escéptica esta mañana ante la audaz afirmación de la Administración Biden de que tiene autoridad para imponer órdenes de vacunación a más de 84 millones de empleados del sector privado.

En una rara sesión este viernes, el alto tribunal pareció ampliamente receptivo al argumento de que los estados tienen autoridad para imponer órdenes de vacunación, pero cuestionó la capacidad de las agencias federales para hacer lo mismo.

El tribunal decidió el 22 de diciembre de 2021 acelerar las solicitudes de emergencia relativas a las impugnaciones de la legalidad de las dos órdenes mientras esas impugnaciones se abren paso en los tribunales inferiores. Varios grupos empresariales, junto con Ohio, Misuri, Luisiana y otras dos docenas de estados, quieren que se bloqueen las órdenes federales.

La orden de los trabajadores del sector privado, que impone sanciones a los empleadores de hasta 14,000 dólares por infracción, no está actualmente suspendida por ningún tribunal; la orden de los trabajadores del sector sanitario ha sido congelada por tribunales inferiores.

El tribunal estaba en proceso de escuchar dos argumentos orales distintos el 7 de enero sobre las órdenes. En el momento de escribir este artículo, el primer argumento, que versaba sobre la orden del sector privado, había concluido, prolongándose más del doble de los 60 minutos asignados.

El primer caso, Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) contra el Departamento de Trabajo, expediente judicial 21A244, se refiere al intento de la Administración Biden, a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), de obligar a los empleadores con al menos 100 empleados —o la mayor parte de la mano de obra privada del país— a someterse a las vacunas destinadas a prevenir la COVID-19 o a las pruebas periódicas para detectarla.

A menos que se ponga en pausa, la orden empezará a entrar en vigor este lunes 10 de enero, momento en el que “las empresas de Estados Unidos empezarán a incurrir inmediatamente en miles de millones en costes de cumplimiento no recuperables, y perderán empleados en medio de una escasez de mano de obra preexistente”, argumenta la NFIB en un escrito.

“El arrollador dictado normativo de la OSHA” perjudicará “irremediablemente a las mismas empresas con las que los estadounidenses han contado para distribuir ampliamente las vacunas contra la COVID-19 y los equipos de protección para salvar vidas, y para mantenerlos alimentados, vestidos y sostenidos durante esta pandemia que dura ya dos años”. La orden también “convertirá a cientos de miles de empresas en agencias de salud pública de facto para dos tercios de los empleados privados de Estados Unidos”.

En el segundo caso, Biden contra Misuri, expediente judicial 21A240, el gobierno federal pretende levantar las suspensiones de los tribunales inferiores que le impiden aplicar una normativa de emergencia del 4 de noviembre de 2021 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que exige la vacunación contra la COVID-19 a más de 10 millones de empleados de centros sanitarios que participan en los programas de Medicare y Medicaid.

Si no se levantan las medidas cautelares que actualmente están en vigor y que ponen en pausa la orden del HHS, es probable que se produzcan “cientos o miles de muertes y enfermedades graves por la COVID-19 que de otro modo podrían evitarse”, argumenta la Administración Biden en un escrito.

Durante los argumentos orales sobre la orden del sector privado, el magistrado presidente John Roberts dijo que el gobierno federal parece estar extralimitándose.

El poder ejecutivo está intentando “cubrir la línea de flotación” imponiendo las políticas de la COVID-19 a la población en general en lugar de dejar el asunto en manos del Congreso, dijo Roberts.

“Se ha hablado de esto (…) como una solución”, dijo. “Esto es algo que el gobierno federal no ha hecho antes”.

Esta pandemia “suena como el tipo de cosa a la que los estados responderán o deben responder y el Congreso debe responder o debe responder, en lugar de que el gobierno federal y el poder ejecutivo actúen en funciones”, dijo el presidente del tribunal.

El magistrado Neil Gorsuch dijo que las regulaciones sanitarias normalmente corresponden a los estados.

“Si hay una ambigüedad, ¿por qué no es una cuestión importante que, por tanto, corresponde a los representantes del pueblo en los estados y en los pasillos del Congreso?”, dijo.

El abogado de la NFIB, Scott A. Keller, dijo que la “orden de la OSHA para toda la economía, que abarca a 84 millones de estadounidenses, no es un uso necesario e indispensable del extraordinario poder de emergencia de la OSHA, que este tribunal ha reconocido que está estrechamente circunscrito”.

Keller señaló que hace tres días el Servicio Postal de EE. UU. dijo a la OSHA que los requisitos de la orden “son tan gravosos para los empleadores que el gobierno federal está buscando ahora una exención de su propia orden para el Servicio Postal”.

“Esto se debe a que la orden de la OSHA para toda la economía causaría un desplazamiento permanente de trabajadores que se extendería por nuestra economía nacional, que ya está experimentando escasez de mano de obra y líneas de suministro frágiles. La OSHA nunca ha ordenado vacunas ni pruebas generalizadas”, dijo.

La OSHA, “una única agencia federal encargada de las normas laborales, no puede mandar a las empresas del conjunto de la economía”, dijo Keller.

La magistrada Elena Kagan dijo que las agencias federales tienen experiencia en el manejo de enfermedades y sugirió que la OSHA tiene la autoridad para hacer la orden porque “esta es una pandemia en la que han muerto casi un millón de personas”.

“Es, con mucho, el mayor peligro para la salud pública al que se ha enfrentado este país en el último siglo. Cada día muere más gente; cada día enferma más gente”, dijo.

Keller dijo que no cuestionaba “que el COVID es un grave peligro (…) pero la agencia tiene que considerar y explicar las alternativas”. La OSHA, en cambio, “saltó inmediatamente a una orden de vacunas o pruebas”.

La segunda audiencia, que trata de la orden de los trabajadores sanitarios, estaba en marcha al cierre de esta edición.

Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.


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