La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este viernes al Estado argentino por no haber adoptado las medidas razonables para prevenir el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
En su sentencia, la Corte IDH determinó que Argentina no tomó las medidas necesarias para evitar el atentado, que dejó 85 muertos y 300 heridos, a pesar de que conocía la situación de riesgo.
Dicho atentado ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba se estrelló contra la sede de la AMIA, durante el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem.
Asimismo, la Corte IDH dijo que se tuvo por probado el encubrimiento del atentado por parte de agentes estatales, magistrados, policías y personal de agencias de seguridad que «actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico».
Señaló que el actuar de las autoridades encubrió a los verdaderos responsables, lo cual impidió que las víctimas y la sociedad en general conocieran la verdad de los hechos, que quedaron impunes.
«Este Tribunal concluyó que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región», declaró.
La sentencia también establece que el estado argentino «es responsable de la violación a los derechos a la vida, y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado». Así como de violar el principio de igualdad y no discriminación.
Por ello, la corte pidió a Argentina remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad del caso e iniciar, continuar y/o reabrir las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables del atentado.
Además, se ordenó al estado argentino indemnizar a todas las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial que sufrieron.
Por otro lado, Argentina deberá realizar un documental audiovisual sobre «los hechos del presente caso, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares». Respecto a su producción, deberá ser hecho en coordinación con las víctimas y sus familiares y el Estado deberá pagar todos los gastos que deriven de ello.
Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan de lo sucedido al gobierno iraní de ese entonces y al partido libanés Hezbolá.
El fiscal encargado de la investigación durante 10 años, Alberto Nisman, fue encontrado muerto en su domicilio de Buenos Aires en la noche del domingo 18 de enero de 2015, en extrañas circunstancias; el caso, calificado como homicidio desde 2018, sigue sin esclarecerse.
Este suceso ocurrió horas antes de que Nisman se presentara en el Congreso argentino para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque.
Según el fiscal, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hezbolá.
Con información de EFE
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