El tribunal que juzga desde este martes a la expresidente argentina Cristina Fernández apuntó, en la lectura de cargos, a que tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, fueron «jefes» de una «asociación delictiva» destinada a apoderarse «de forma deliberada de millonarios fondos públicos».
«Esta asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados», se leyó al comienzo de la vista, celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires entre fuerte seguridad.
Fernández, actual senadora, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por el expreso direccionamiento de la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos argentinos (unos 1000 millones de dólares) en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.
En la lectura de cargos, se remarcó que en la causa se investiga la presunta «división de roles definidos y estratégicos» dentro y fuera de la estructura del Estado y sostenido «ininterrumpidamente» a lo largo más de 12 años, destinada a cometer «múltiples delitos» con el fin primero de «sustraer y luego apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos».
«La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández», se leyó.
Y como «organizadores» al exministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido; el exsecretario de Obras Publicas José López -que no estuvo en el juicio por ser imputado colaborador de la Justicia en otra causa- y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Publica Carlos Santiago Kirchner -primo de Nestor-.
También el extitular de Vialidad Nelson Periotti y al «amigo personal y socio comercial» de los expresidentes, Lázaro Báez, entre otros.
«Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional, convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad», continuó la lectura.
De esta forma, se sostuvo una «maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez».
«Ante este panorama, una vez transferidos los fondos a manos de Lázaro Báez, iniciaría una etapa en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor y Cristina Kirchner, pero esta vez ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de las propiedades», continuó.
Esas supuestas maniobras, de retorno del dinero a través del arrendamiento a Baez de inmuebles propiedad de los Kirchner, se investiga en otras causas.
En una sesión que se espera larga, Fernández se ubicó junto a su abogado Carlos Beraldi, en las filas traseras de la sala. En el banquillo, pero más adelante, se sientan también el resto de los imputados; y al final del todo, separados por un vidrio, asisten espectadores allegados a los encausados.
En diversos momentos del comienzo de la audiencia se pudo ver a la expresidenta riendo junto a Beraldi y mirando el celular.
El tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti y el juicio tiene al Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como partes acusadoras.
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