Cuatro estados azules que perdieron su lucha legal para anular el nuevo límite de 10,000 dólares en la deducción federal de impuestos estatales y locales -la llamada deducción SALT- presentaron una apelación el 26 de noviembre ante el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito.
Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Maryland demandaron al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y al IRS en julio de 2018, después de que entrara en vigor la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, una ley de reforma tributaria que fue respaldada por el Presidente Donald Trump.
La ley redujo las tasas impositivas, amplió la deducción estándar y el crédito fiscal por hijos, y limitó el impuesto mínimo alternativo y varias deducciones populares, incluida la deducción SALT, que anteriormente era ilimitada. La mayoría de los estadounidenses recibieron un recorte neto de impuestos.
Limitar la deducción SALT puede haber sido impopular en algunos sectores -el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo llamó «guerra civil económica»- pero los economistas dicen que la medida apoya el crecimiento económico porque presiona a los estados con altos impuestos, como los que participan en esta demanda, para que bajen sus tasas impositivas.
La demanda se basa en una teoría de conspiración. La teoría no comprobada es que «el tope SALT es un intento políticamente motivado de aumentar efectivamente los impuestos a la propiedad en estados predominantemente demócratas», dijo una declaración emitida por Cuomo y la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.
«Este tope ya ha puesto una pesada carga sobre las familias trabajadoras y de clase media de Nueva York y, en los próximos años, se espera que les cueste a los contribuyentes de Nueva York más de 100.000 millones de dólares, razón por la cual lucharemos contra esta ley absurda e inconstitucional», dijo James. «Nueva York no se verá obligada a pagar más impuestos o a cambiar sus inversiones públicas vitales por el Congreso y a las decisiones partidistas del presidente».
En la demanda, los estados alegaron que el límite máximo de la deducción SALT fue «un ataque inconstitucional a las opciones soberanas de los estados».
Oetken dictaminó que los estados no pudieron probar que el tope SALT fuera «inconstitucionalmente coercitivo» o que infringiera «sus propios poderes tributarios soberanos». El gobierno federal goza de un poder «exhaustivo» para cobrar y recaudar impuestos sobre la renta, mientras que «los estados siguen siendo libres de ejercer su poder fiscal como deseen».
El hecho de que afecte a los contribuyentes en algunos estados más duramente que en otros no significa que la ley tributaria sea inconstitucional, escribió el juez.
El Congreso promulgó el tope SALT bajo «sus amplios poderes tributarios con el Artículo I, sección 8 y la Decimosexta Enmienda», escribió Oetken. «El tope, como cualquier provisión de impuestos federales, afectará a algunos contribuyentes más que a otros y, por extensión, afectará a algunos estados más que a otros».
La apelación de la decisión de Oetken se produce después de que los demócratas del Senado fracasaran el mes pasado en anular los reglamentos del IRS que bloquean las llamadas soluciones alternativas al tope SALT.
El IRS detuvo las medidas provisionales en agosto de 2018, impidiendo que los estados trataran los impuestos pagados como contribuciones caritativas.
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut promulgaron leyes para eludir las leyes federales al permitir a los residentes cancelar los impuestos estatales y locales sobre la renta y la propiedad por encima del tope federal de 10,000 dólares. La legislación permite a las municipalidades crear fondos de caridad para pagar los servicios locales y repartir créditos de impuestos a la propiedad para dar a los propietarios un incentivo para donar.
Una resolución presentada por el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.) para revocar la regla del IRS fracasó en una votación de 43-52 el 23 de octubre.
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