Decisión de la Corte en caso Bostock causa indignación en abogados y religiosos conservadores

Por Mark Tapscott
18 de junio de 2020 12:55 AM Actualizado: 18 de junio de 2020 12:55 AM

Análisis de noticia

Cuando el Juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, juramentó en la Casa Blanca el 10 de abril de 2017, el presidente Donald Trump lo elogió como un hombre que «decidiría los casos basándose, no en sus preferencias personales, sino en una interpretación justa y objetiva de la ley».

Después de prestar juramento, Gorsuch prometió a la familia del hombre al que sustituía en el más alto tribunal de la nación, el juez Antonin Scalia, quien murió inesperadamente en 2016, que «nunca olvidaré que el asiento que heredo hoy es el de un hombre muy, muy grande».

Scalia fue el gran defensor de una jurisprudencia de «propósito original» u «originalismo», en la que los jueces se adhieren estrictamente al lenguaje y la intención de una ley, en lugar de permitirse legislar su propia intención desde el tribunal judicial.

Sin embargo algunos de los principales partidarios de Gorsuch están ahora conmocionados, gracias a la decisión del Tribunal del 15 de junio en el caso Bostock v. Condado de Clayton, Georgia, en la que él y cinco colegas del tribunal reescribieron una disposición clave de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Al declarar la posición de la corte con un voto de 6-3 y calificándola como una decisión de «gran alcance», Gorsuch dijo que el Título VII de la definición de la ley de discriminación sexual en la contratación cubre la orientación sexual y la identidad de género (incluyendo el cambio de género), a pesar de que el Congreso se refirió solo al sexo determinado biológicamente en 1964.

El desacuerdo del Juez Samuel Alito fue comparado con un barco pirata, señalando que «la Corte intenta hacer pasar su decisión como el producto inevitable de la escuela originalista de interpretación estatutaria defendida por nuestro difunto colega el Juez [Antonin] Scalia, pero nadie debería dejarse engañar».

«La opinión de la Corte es como un barco pirata. Este navega bajo una bandera originalista, pero lo que en realidad representa es una teoría de interpretación estatutaria, que el juez Scalia condena; la teoría de que los tribunales deben «actualizar» los viejos estatutos para que reflejen mejor los valores actuales de la sociedad».

Como resultado, Bostock está provocando alaridos de protesta y angustia entre los adherentes del propósito original y los conservadores religiosos que apoyaron a Gorsuch y a otros nominados judiciales con ideas afines, con la expectativa de que protegerían la libertad de culto y de práctica en la vida diaria estadounidense.

«Me sorprendieron los errores legales e históricos fundamentales que Gorsuch cometió en esta opinión y lo totalmente equivocado que está. Su afirmación de que la comprensión pública común de la palabra ‘sexo’ en la Ley de Derechos Civiles de 1964 incluía la homosexualidad y el transexualismo es absurda», dijo el abogado constitucional Hans von Spakovsky a The Epoch Times.

«Esa disposición se refiere a las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer y tenía la intención de poner fin a la discriminación laboral desenfrenada que sufrían las mujeres en ese momento. Esta tiene que ser una de las opiniones menos razonadas y poco sinceras escritas por un juez en décadas», dijo von Spakovsky.

Von Spakovsky es un investigador jurídico de alto rango en el Instituto de Gobierno Constitucional del Heritage Foundation, un semillero de becarios en estudios del propósito original, gracias al exfiscal general Edwin Meese, quien por años fue un líder de Heritage muy venerado.

Del mismo modo, el senador Josh Hawley (R-Mo.), exfiscal general de Missouri, quien trabajaba para Gorsuch, se presentó ante el Senado el 16 de junio para declarar a Bostock «el fin del proyecto legal conservador, tal como lo conocemos».

Hawley, el miembro más joven del Senado, dijo que «si el textualismo y el originalismo nos dan esta decisión, si podemos invocarlos para llegar a una decisión, un resultado, que cambie fundamentalmente el alcance y el significado y la aplicación de la ley estatutaria, entonces el textualismo y el originalismo no significan mucho».

Jim Daly, presidente de Focus on the Family (FofF), uno de los grupos evangélicos más influyentes del país, dijo a The Epoch Times que se sorprendió cuando leyó por primera vez la decisión.

«Pienso que este es el problema del estado profundo, o el estado burocrático, que se encargan de tomar la interpretación de estas cosas del Congreso para establecer y usurpar derechos constitucionalmente dados, como la libertad religiosa», dijo Daly.

Daly dijo que ha escuchado «una y otra vez de mis amigos conservadores cristianos que nos gusta el 80 por ciento de lo que hace el presidente Trump y el 20 por ciento de lo que dice (… ) su acuerdo fue «conseguiré buenos jueces en el tribunal». Bueno, al menos con Gorsuch, fue un fracaso, desde nuestra perspectiva».

El consejero principal de la Alianza Defensora de la Libertad, Matt Sharp, dijo a The Epoch Times que ve en Bostock «riesgos realistas para las organizaciones religiosas y sin fines de lucro en sus decisiones de empleo, pero aún más ampliamente, en la forma en cómo operan».

Sharp dijo que Gorsuch reconoció que la ley tiene protecciones para que los grupos religiosos contraten a correligionarios pero «la gente de fe está diciendo que no es que tengamos ninguna hostilidad contra los LGBT sino que tenemos el deber de ser fieles a nuestras enseñanzas religiosas y que nuestros empleados lo hagan». Creo que va a ser un punto de inflexión después de esta decisión».

Pero hay una forma sencilla de evitar esos puntos de conflicto, según el exfiscal general adjunto de Estados Unidos y exdelegado de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Joseph Morris.

«La decisión no interpretó una disposición de la Constitución, como la Cláusula de Protección Igualitaria», dijo Morris a The Epoch Times. «Más bien, interpretó y aplicó una disposición de una ley, que está sujeta a cambio o revocación por el Congreso. Si tiene la voluntad política, el Congreso puede corregir fácilmente los efectos de cualquier interpretación judicial de un estatuto cambiando el estatuto».

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