La defensa del gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este miércoles una serie de obstáculos y «vulneraciones» contra sus derechos dentro del proceso por la crisis de 2019, por el que está encarcelado preventivamente en La Paz.
Problemas como la demora para tratar una apelación a la detención preventiva de Camacho, o la idoneidad del juez que lo envió a prisión fueron expuestos por los juristas que defienden al opositor en una rueda de prensa en La Paz.
El abogado Juan Carlos Camacho indicó que la audiencia de apelación que debía realizarse en la mañana fue suspendida «de forma arbitraria por factores estrictamente vinculados a la Justicia».
El jurista cuestionó que el juez Sergio Pacheco, que dispuso la detención preventiva de Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, no mostrase su rostro durante la audiencia cautelar realizada de forma virtual el pasado 29 de diciembre, por lo que lo llamó «el juez sin rostro».
Según este abogado, «el juez sin rostro es una figura» establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) «como una vulneración a los derechos de las personas» a conocer quién les está juzgando en un proceso penal.
También acusó a Pacheco de ser juez pese a tener «proceso con sentencia ejecutoriada», lo que lo inhabilitaba para optar por el puesto y aseguró que la fundamentación del magistrado para el encarcelamiento de Camacho es una copia exacta de la imputación de la Fiscalía contra el opositor.
«Ni la resolución de imputación ni la cautelar han determinado de qué manera el gobernador planificó, estructuró, ejecutó y dio por resultado el delito de terrorismo», indicó y criticó que el caso se llame «golpe de Estado» porque esa figura jurídica no existe en el Código Penal boliviano.
«Lo que hay es un artículo de terrorismo que ha servido de bandera para todos los procesos penales que hoy en día se instauran», añadió.
Además, denunció que la plataforma virtual en la que la Fiscalía debe publicar «todas las actuaciones que se realizan en los procesos penales públicos» contiene tan solo un memorial presentado por el mismo opositor y todo lo demás está «ocultado» o «restringido» al acceso de los abogados en este caso.
A su turno, el abogado Martín Camacho denunció que «se está negando el acceso a la Justicia al gobernador» con tiempos de espera excesivos para permitir su ingreso al penal de Chonchocoro «con normalidad».
A lo que se suman las vigilias montadas en puertas de esa cárcel en el altiplano paceño por grupos afines al oficialismo que hostigan a quienes quieren visitar al opositor y que, por ejemplo, el pasado viernes impidieron la salida del penal de uno de los integrantes del equipo jurídico durante tres horas.
«Además se ha permitido el cavado de zanjas de casi un metro de profundidad en todas las rutas de acceso al centro penitenciario de Chonchocoro, lo que nos dificulta de manera gravosa el acceso a tener contacto con nuestro defendido», denunció Martín Camacho.
El jurista consideró que estas circunstancias en éste y otros procesos contra el gobernador cruceño «están demostrando que existe una persecución política por más de dos carteras del poder Ejecutivo que se han tomado la molestia incluso de exhibir elementos de prueba que no forman parte del cuaderno de investigaciones».
Luis Fernando Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre y está encarcelado preventivamente dentro de las investigaciones por el supuesto delito de terrorismo dentro del caso «golpe de Estado I» relacionado con la crisis de 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
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