Defensores temen que políticas de Biden reviertan protecciones a la libertad religiosa de la era Trump

Por Janita Kan
27 de Enero de 2021
Actualizado: 27 de Enero de 2021

El primer día del presidente Joe Biden en el cargo estuvo marcado por un gran número de órdenes ejecutivas. Entre ellas, una orden que aborda la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual. La orden augura medidas que ampliarán el acceso de las personas transgénero a lugares como los vestuarios y a los deportes escolares, pero no menciona las protecciones por motivos de creencias religiosas.

La orden de Biden recibió elogios por parte de los activistas de derechos humanos, pero para muchos defensores y grupos de defensa de la libertad religiosa, la trayectoria de las políticas de la nueva administración está presentando preocupaciones y preguntas sobre lo que puede significar la libertad religiosa consagrada por la Constitución.

“Los primeros indicios son preocupantes”, dijo a The Epoch Times el profesor Edward A. Morse, miembro de la junta directiva de la Sociedad Thomas More, en un correo electrónico.

“Se avecinan días turbulentos mientras esperamos ver con qué rapidez las protecciones para los grupos [de libertad religiosa] ganadas por la administración Trump serán derogadas y reemplazadas por medidas coercitivas insensibles a sus preocupaciones”, dijo.

Morse, que también enseña derecho en la Universidad de Creighton, dijo que las políticas anticipadas en el área de la atención médica probablemente presenten “las mayores preocupaciones”.

“No solo para los proveedores de atención sanitaria con compromisos religiosos, sino también para los pacientes que desean ser tratados por quienes comparten sus compromisos y valores”, dijo. “Las escuelas, incluidas las privadas y religiosas, también estarán dentro de la mira en cuanto a las adaptaciones basadas en el género. Los choques entre el poder coercitivo del gobierno que prefiere otros grupos de interés sobre los intereses de los ciudadanos religiosos serán inevitables”.

Durante los últimos cuatro años, el expresidente Donald Trump impulsó una serie de protecciones a las personas religiosas y a las organizaciones basadas en la fe. Su mandato llegó en un momento en el que la libertad religiosa se enfrentaba a desafíos desde muchos frentes. En un ejemplo, la administración de Obama estaba obligando a grupos religiosos como Little Sisters of the Poor, una orden católica de monjas, a proporcionar anticonceptivos autorizados por la FDA en sus planes de seguro de salud o enfrentar severas sanciones.

Después de que Trump asumiera el cargo, emitió la orden ejecutiva “Promover la libertad de expresión y la libertad religiosa” (pdf) que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y otras agencias proteger las objeciones de conciencia del mandato. Posteriormente, la administración Trump (pdf) emitió varias normas (pdf) para ampliar las exenciones religiosas de esa disposición sanitaria.

Esta fue solo una de las muchas acciones ejecutivas que tomó Trump para aumentar las políticas de libertad religiosa existentes y ampliar las protecciones de conciencia.

El expresidente también consideró prioritaria la protección de la vida, en particular de los niños no nacidos, al restablecer la llamada política de la Ciudad de México, una norma de la era de Reagan que prohíbe a Estados Unidos proporcionar apoyo financiero a los centros y programas de aborto en el extranjero. También ordenó al HHS que reinterpretara las normas del Título X para que este “prohíba el uso de fondos del Título X para realizar, promover, derivar o apoyar el aborto como método de planificación familiar” y exija “una clara separación financiera y física entre las actividades del Título X y las que no lo son”.

Trump fue también el primer presidente que asistió a una manifestación provida.

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, habla en la 47ª Marcha por la Vida en el National Mall, el 24 de enero de 2019 en Washington, DC. (Mark Wilson/Getty Images)

Mientras tanto, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris adoptaron posturas políticas muy diferentes en estos temas, prometiendo ampliar el acceso al aborto e impulsar los derechos de la comunidad LGBTQ. Biden también prometió promulgar la Ley de Igualdad durante sus primeros 100 días como presidente, que prohíbe “la discriminación por razón de sexo, identidad de género y orientación sexual, y por otros fines”.

Antes de las elecciones, la campaña Biden-Harris señaló que impulsaría la codificación del caso Roe contra Wade de la Corte Suprema, que legalizó el aborto en los 50 estados. Biden prometió proteger el aborto como un “derecho constitucional” y expresó su apoyo a la derogación de la Enmienda Hyde, que impedía el uso de fondos federales para servicios abortivos.

La semana pasada, el gobierno de Biden anunció que el presidente anulará la política de Ciudad de México. Durante su campaña, el presidente también prometió restablecer la financiación para Planned Parenthood.

“Mientras hacía campaña, el presidente Biden prometió que su administración buscaría hacer retroceder muchas de las protecciones a la libertad religiosa que la administración Trump impulsó”, dijo Mike Berry, consejero general de First Liberty Institute, a The Epoch Times por correo electrónico. “Anticipamos un gobierno mucho más hostil e intrusivo que el que experimentamos durante los últimos cuatro años”.

Añadió que la comunidad religiosa puede anticipar que Biden, que fue vicepresidente del presidente Barack Obama, intentará de nuevo ignorar las creencias de Little Sisters y de otros grupos sobre la vida, el matrimonio y la sexualidad humana.

Matt Sharp, consejero principal y director nacional de relaciones gubernamentales estatales de la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF), también planteó su preocupación por el plan de Biden de restaurar el mandato de anticoncepción de Obama-Biden que supuso importantes desafíos para la organización Little Sisters.

“Este mandato perdió en los tribunales cuando la Corte Suprema reconoció acertadamente que la administración estaba infringiendo la libertad y las creencias de las personas. Este es un tema resuelto y cualquier intento de la administración Biden de restaurar este mandato obligará al presidente a litigar una batalla que ya perdió”, dijo Sharp a The Epoch Times por correo electrónico. “Todo el mundo debería ser libre de vivir y trabajar según sus creencias y esta administración debería respetarlo”.

Orden de Biden sobre la discriminación basada en el “sexo”

La reciente orden ejecutiva de Biden consolida la resolución de la Corte Suprema de 2020 sobre el caso Bostock contra el condado de Clayton, que determinó que la definición del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 sobre la discriminación por razón de sexo en la contratación abarca la orientación sexual y la identidad de género. Se espera que la sentencia tenga consecuencias en la vida real para muchos empleadores religiosos y organizaciones sin fines de lucro a la hora de tomar decisiones de contratación.

La orden del presidente ordena a los directores de las agencias que revisen “todas las órdenes, reglamentos, documentos de orientación, políticas, programas u otras acciones de la agencia” para detectar cualquier incompatibilidad con el Título VII y revisar, rescindir o suspender cualquier política para garantizar el cumplimiento de la prohibición de la discriminación por motivos de sexo.

Berry señaló que era “desafortunado pero revelador” que una de las primeras acciones de la administración Biden pudiera poner obstáculos a la comunidad religiosa y a los ministerios que desean prestar servicios a las comunidades vulnerables.

“En Bostock, la Corte Suprema indicó que las organizaciones religiosas deben ser protegidas. Veremos si los jueces cumplen esa promesa”, dijo Berry.

La Corte Suprema de EE.UU. en una imagen en Washington el 1 de febrero de 2020. (Daniel Slim/AFP vía Getty Images)

La orden también hizo que Biden, que es católico, recibiera la reprobación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), que emitió un comunicado en el que caracterizaba la medida como un “enfoque equivocado” para abordar la discriminación.

“[La] orden ejecutiva sobre la discriminación por motivos de ‘sexo’ excede la decisión de la Corte [Suprema]. Amenaza con infringir los derechos de las personas que reconocen la verdad de la diferencia sexual o que defienden la institución del matrimonio para toda la vida entre un hombre y una mujer”, dice el comunicado.

“Esto puede manifestarse en mandatos que, por ejemplo, erosionen los derechos de conciencia en materia de atención sanitaria o los espacios y actividades específicos para cada sexo, necesarios y consagrados desde hace tiempo. Además, el tribunal se encargó de señalar que Bostock no abordaba las claras implicaciones para la libertad religiosa. La orden ejecutiva de ayer no ejerce esa cautela”.

Tom Farr, presidente del Instituto de Libertad Religiosa, dijo a The Epoch Times por correo electrónico que también cree que consagrar esos principios en la normativa federal podría “atentar contra la libertad religiosa de las personas e instituciones que afirman la concepción tradicional de que las personas humanas han sido creadas como hombre y mujer”.

Afirmó que, mientras el discurso público sobre cuestiones de sexo y género sigue siendo intenso, el gobierno “no debería utilizar las normas de no discriminación como medio para sofocar la disidencia en estas cuestiones morales, antropológicas y, para muchos estadounidenses, teológicas fundamentales”.

Ley de Igualdad

La Ley de Igualdad se presentó en el Congreso en 2015 y busca hacer que la “orientación sexual” y la “identidad de género” sean clases protegidas por la ley federal. El proyecto de ley pretende modificar leyes de derechos civiles como la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley de Selección de Jurados y Servicios, así como varias leyes relativas al empleo.

Según la Campaña de Derechos Humanos, la ley también ampliaría los espacios y servicios públicos contemplados en la actual ley de discriminación para incluir los comercios minoristas, servicios como los bancarios y jurídicos, y servicios de transporte. El grupo dice que proporcionaría protecciones más explícitas para las personas LGBTQ.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en una votación de 236-173 el 17 de mayo de 2019. Fue remitido al Senado ese mismo año.

La Fundación Heritage, de tendencia conservadora, sostiene que el proyecto de ley podría perjudicar a los empresarios y a los trabajadores al ser amenazados con sanciones si no se ajustan a las nuevas normas sexuales; a los profesionales de la medicina si se niegan a pagar estas terapias en contra de cualquier objeción moral o médica; a los padres y a los niños al intentar normalizar las intervenciones hormonales y quirúrgicas para los niños con disforia de género y al forzar la “educación” ideológica en las escuelas; a las mujeres mediante el cierre de instalaciones y servicios específicos por sexo y en los deportes; y a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los voluntarios al obligar a algunas organizaciones religiosas a ajustarse a las normas sexuales o a cerrar.

“La Ley de Igualdad crearía un motivo de acción contra cualquier institución que rechace la ortodoxia moral impuesta por el gobierno, incluyendo iglesias, hospitales, agencias de adopción, órdenes religiosas, escuelas y otras organizaciones sin ánimo de lucro”, dijo Farr.

“Los disidentes serán expulsados de la vida pública con multas ruinosas y oprobio social. La igualdad de practicar libremente [una religión] no podrá protegerse contra los daños de la Ley de Igualdad porque excluye la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa como defensa contra una acción adversa basada en una de sus disposiciones”.

Sharp dijo que el proyecto de ley amenazaría a las mujeres que necesitan servicios críticos, como en el Downtown Hope Center de Anchorage (Alaska), una organización cristiana sin ánimo de lucro que ofrece formación laboral, comidas diarias, lavandería y ropa para hombres y mujeres sin hogar. El centro también proporciona un refugio nocturno gratuito para las mujeres, especialmente las que escapan de situaciones de abuso y de la trata de personas con fines sexuales.

La organización sin ánimo de lucro fue demandada anteriormente por discriminación después de que remitiera a un hospital a un hombre biológico borracho y herido, que se identifica como mujer. Las autoridades municipales también intentaron obligar al refugio a abrir sus puertas a los hombres biológicos a costa de las mujeres que se refugiaban en él, dijo la ADF, que representaba al grupo.

“Estas mujeres dijeron que preferían dormir en el invierno de Alaska que en la misma habitación que un hombre”, dijo Sharp. “ADF defendió con éxito el Centro Esperanza del Centro contra el gobierno de la ciudad que trató de obligar al refugio a acoger a hombres biológicos a pesar de albergar a mujeres que han sufrido violaciones, tráfico sexual y violencia doméstica”.

Candidato de Biden para el HHS

El candidato elegido por Biden para el cargo de secretario del HHS, Xavier Becerra, también suscitó preocupaciones de los defensores de la libertad religiosa y de los defensores de la vida por su hostilidad hacia las causas religiosas y provida, mientras fue el máximo responsable de la aplicación de la ley en California y durante su estancia en el Congreso.

Muchos defensores también están preocupados por la agresiva postura de Becerra a favor del aborto y sus anteriores ataques a las protecciones de la libertad religiosa para los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

“Xavier Becerra es particularmente preocupante por sus posiciones extremas sobre el aborto. Mientras que la mayoría de los estadounidenses apoyan al menos algunas restricciones al aborto, Xavier Becerra tiene un historial de ampliación del acceso al aborto, desafiando las leyes que protegen a las mujeres y votando sistemáticamente en contra de los proyectos de ley que protegerían a las mujeres y a los niños no nacidos”, dijo Sharp.

Cuando Becerra era miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., votó en contra de un proyecto de ley que pretende proteger a las menores de edad para que no crucen las fronteras estatales para abortar sin el consentimiento de sus padres. También votó en contra de una ley destinada a prohibir una forma de interrupción tardía del embarazo llamada “aborto de nacimiento parcial”.

Becerra también votó en contra de la Ley de Víctimas No Nacidas de la Violencia, que protege a los niños no nacidos al reconocer a un embrión o feto en el útero como víctima legal.

“Xavier Becerra no solo demandó a Little Sisters of the Poor para coaccionarlos a abandonar sus compromisos religiosos que entraban en conflicto con las políticas de la Administración Obama en relación con la anticoncepción y el aborto, sino que también ha sido un aliado vocal y solidario de Planned Parenthood”, dijo Morse.

“Ha sido clave a la hora de enfocar los poderes de la fiscalía del estado sobre los miembros de la causa pro-vida, incluyendo a David Daleiden, que dio a conocer las prácticas comerciales de Planned Parenthood y otros en la industria del aborto”.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, habla con los periodistas en Sacramento, California, el 5 de marzo de 2019. (Justin Sullivan/Getty Images)

Mientras tanto, Farr señaló que Becerra había mostrado previamente una falta de respeto por la libertad de las instituciones religiosas en la sociedad durante su audiencia de confirmación en 2017 en California.

“[En] lo que respecta a las protecciones religiosas, la protección de la religión es para el individuo, y por lo tanto creo que es importante distinguir entre las protecciones que usted está otorgando al individuo para ejercer su religión libremente, frente a las protecciones que usted está dando a alguna institución o entidad que está esencialmente arrancando las protecciones de la Primera Enmienda en nombre de otra persona”, respondió Becerra al asambleísta James Gallagher en ese momento cuando se le preguntó sobre las libertades religiosas.

Becerra también se pronunció anteriormente a favor de utilizar el dinero de los contribuyentes para proporcionar a las personas transgénero de Carolina del Norte cobertura para la cirugía y el tratamiento de transición de género.

La oficina de Becerra no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.

Aunque los primeros indicios indican que hay amenazas significativas a la libertad religiosa bajo la nueva administración, los defensores dicen que se mantendrán atentos para evitar acciones excesivas o abusivas. Muchas organizaciones de libertad religiosa dicen que tomarán medidas para defender la libertad religiosa y evitar los intentos de violar las libertades de la Primera Enmienda.

“La unidad prometida por esta administración solo podrá lograrse cuando todos los estadounidenses tengan la libertad de vivir de acuerdo con sus creencias”, dijo Sharp.

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