La Corte Suprema de California dictaminó unánimemente esta semana que una propuesta para el 2016 aprobada por los votantes del estado hace que los delincuentes sexuales condenados por delitos no violentos sean elegibles para una consideración de libertad condicional anticipada, aunque sus proponentes, incluyendo al anterior gobernador, dicen que nunca fue su intención liberar a los delincuentes sexuales.
El fallo se produjo el 28 de diciembre en una solicitud de hábeas corpus de un prisionero citada como In Re Gregory Gadlin. El dictamen fue escrito por la presidenta de la Corte Suprema Tani Cantil-Sakauye. Otros seis jueces estuvieron de acuerdo con la decisión.
El dictamen del tribunal relata que en 2007 un jurado condenó al peticionario, Gregory Gadlin, por agresión con un arma mortal, ratificando las acusaciones de que anteriormente había sido condenado por dos delitos graves, concretamente, una condena de 1984 por violación por la fuerza y una condena de 1986 por abuso sexual de menores por la fuerza. Ambas condenas exigían su inscripción en el registro en virtud de la Ley de registro de delincuentes sexuales. En 2007, Gadlin fue condenado a 35 años de prisión a cadena perpetua en virtud de la Ley de tres reincidencias del estado.
En 2015, según ABC News, Gadlin fue condenado a 530 años de prisión a cadena perpetua más 437 años, cuatro meses de prisión por condenas de 16 cargos de robo y dos cargos de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y municiones en virtud de la Ley de tres reincidencias de California. Actualmente está cumpliendo condena en la Prisión Estatal de San Quintín.
Después de que se aprobara la propuesta en 2016, Gadlin presentó una demanda.
La medida, Libertad condicional de California para delincuentes no violentos y la iniciativa de requisitos de juicio en el tribunal de menores, también conocida como Proposición 57, fue aprobada por los votantes del estado en 2016 con una votación del 64.5 por ciento a favor, según Ballotpedia.
La pregunta de la papeleta, que era una enmienda constitucional estatal combinada con un estatuto estatal conocido como la Ley de Seguridad Pública y Rehabilitación de 2016, establecía que cualquier persona declarada culpable de un «delito grave no violento y sentenciada a una prisión estatal será elegible para consideración de libertad condicional después de completar el término completo de su delito principal».
La Alianza para las Leyes Constitucionales de Delitos Sexuales (ACSOL) demandó al Tribunal Superior del Condado de Sacramento por las regulaciones establecidas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) para hacer cumplir la Proposición 57. En sus regulaciones, el CDCR excluyó a los individuos condenados por delitos sexuales de la definición de delincuente no violento.
Los partidarios de la propuesta, incluido Jerry Brown, el gobernador demócrata en el cargo cuando los votantes la aprobaron, firmaron una declaración en la que se indicaba que su aprobación no cambiaba una orden del tribunal federal «que excluye a los delincuentes sexuales, según se definen en el Código Penal 290, de la libertad condicional», según un resumen de la historia del litigio en Ballotpedia.
En un fallo de 2009 en un caso conocido como Coleman vs Schwarzenegger, un panel de tres jueces de Estados Unidos ordenó a California «reducir la población de prisioneros al 137.5% de la capacidad total de diseño de la institución para adultos».
ACSOL sostuvo que la regulación se oponía a la Proposición 57 y contradecía la intención de los votantes. El 8 de febrero de 2018, el juez Allen Sumner estuvo de acuerdo con el grupo, declarando que «las regulaciones impugnadas son demasiado amplias y deben ser dejadas de lado». La decisión de Sumner fue confirmada por el Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de California el 13 de febrero de este año.
El 28 de diciembre, la Corte Suprema de California sostuvo que la Proposición 57 no contenía «ninguna indicación de que los votantes pretendieran permitir que el departamento creara una exclusión total de la consideración de la libertad condicional basada en las condenas por delitos sexuales de un recluso cuando éste fue condenado por un delito no violento».
Cantil-Sakauye escribió que el tribunal sostuvo «que un recluso no puede ser excluido de la consideración de la libertad condicional para delincuentes no violentos sobre la base de una condena actual por un delito grave registrable que los reglamentos del Departamento han definido como no violento».
Señaló que la propuesta requería que los delincuentes sexuales no violentos asistieran a las audiencias de libertad condicional pero «no requiere poner en libertad condicional a ningún preso».
«La evaluación de la idoneidad de un recluso para la libertad condicional y los procesos implicados en la realización de esa evaluación siguen siendo competencia del Departamento y de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional», escribió.
El nuevo fallo podría permitir la consideración de la libertad condicional para unos 20,000 reclusos, dijo la abogada Janice Bellucci, quien argumentó el caso y también es directora ejecutiva de ACSOL, reportó Los Angeles Times. Alrededor de la mitad de esa cifra están ahora cumpliendo condena por crímenes sexuales; la otra mitad fueron previamente condenados por un crimen sexual pero ahora están bajo sentencia por otro crimen.
Dana Simas, portavoz del Departamento Correccional, hizo eco del discurso de Cantil-Sakauye, diciendo a los periodistas que la decisión del tribunal «no significa que los delincuentes sexuales sean automáticamente liberados a la comunidad».
El asambleísta estatal Jim Cooper, un demócrata que representa a Elk Grove, cuestionó la sabiduría de la decisión del tribunal.
«Necesitamos proteger al público», dijo, según la OAN. «Ha habido mucha legislación en los últimos tres o cuatro años y algunas reformas necesarias, estoy de acuerdo con usted, pero nos hemos excedido.
«¿Qué estamos haciendo para proteger a las víctimas?».
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