Más de 120 demócratas de la Cámara de Representantes le pidieron al presidente Joe Biden que concluya el proceso para añadir la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) a la Constitución de Estados Unidos.
La iniciativa, encabezada por la representante saliente Cori Bush (D-Mo.) y la representante Ayanna Pressley (D-Mass.), quiere que el presidente, ad portas de su salida, inste al archivero nacional a tratar la ERA —una enmienda de 1923 que ampliaría las protecciones constitucionales específicas sobre la base del sexo— como si hubiera sido ratificada, a pesar de las dudas sobre si tal medida es legal.
«A medida que nos acercamos a la conclusión de su histórica administración, le instamos a tomar medidas inmediatas para reconocer la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) como la 28.° enmienda a la Constitución de EE. UU.», escribieron Bush y Pressley en una carta a Biden.
Enmarcaron el esfuerzo como una respuesta al segundo mandato del presidente electo Donald Trump, acusándolo de haber sido «abiertamente hostil a la libertad reproductiva, el acceso a la atención médica y los derechos LGBTQIA +».
Tal medida tendría vastas implicaciones para la vida jurídica de Estados Unidos, pero cualquier esfuerzo de Biden por hacer lo que se le pide se encontraría casi con toda seguridad con desafíos sustanciales tanto por parte de grupos conservadores como de la administración entrante de Trump, que trataría de abogar por definiciones claras sobre cuestiones de preferencia de sexo y género.
Para sus partidarios, la ERA es una codificación de la igualdad sexual que debería haberse producido hace tiempo.
«Al ordenar al Archivero que publique la ERA, usted dejará una marca indeleble en la historia de esta nación, demostrando una vez más que su legado es el de ampliar los derechos, proteger las libertades y asegurar un futuro más inclusivo para todos los estadounidenses», escribieron Bush y Pressley.
«Le instamos a dar este paso final y transformador para garantizar la plena promesa de igualdad para cada persona en Estados Unidos».
Para los críticos, mientras tanto, la ERA tiene el potencial de provocar cambios imprevistos y de gran alcance en la legislación estadounidense dependiendo de cómo interpreten las cortes el breve texto, con críticas comunes que hacen referencia a las interpretaciones expansivas de la 14ª Enmienda que han reformado drásticamente la legislación estadounidense.
Otros republicanos dijeron que les preocupa que la ERA pueda conducir a la inclusión forzosa de atletas con identidad transgénero en los deportes femeninos, o pueda tener otras repercusiones imprevistas debido a la proliferación de ideas transgénero en la vida estadounidense.
Si Biden accediera a la petición de estos demócratas, la medida se enfrentaría probablemente a un amplio litigio, y podrían pasar meses hasta que se determinara un resultado concluyente.
Historia de la ERA
La carta es el último acontecimiento en un debate que lleva más de 100 años.
Propuesta por primera vez tres años después de la ratificación en 1920 de la 19.° Enmienda, que otorgó a las mujeres el derecho al voto, la cláusula fundamental de la ERA reza: «La igualdad de derechos ante la ley no será denegada ni restringida por Estados Unidos ni por ningún estado por razón de sexo».
Otras cláusulas otorgan al gobierno federal el derecho a hacer cumplir esa cláusula, que entraría en vigor dos años después de la ratificación.
En 1923, no llegó muy lejos, languideciendo en el comité y aparentemente uniéndose a la vasta papelera histórica de enmiendas constitucionales fallidas.
Sin embargo, en 1972, ambas cámaras del Congreso revivieron y aprobaron la ERA, dando inicialmente un plazo de siete años para la ratificación. Cuando llegó la fecha límite de 1979, 35 estados habían decidido ratificarla, tres menos de los 38 necesarios para añadir la ERA a la Constitución.
El Congreso prorrogó el plazo hasta 1982, pero tampoco lo ratificó ningún otro estado.
En los años intermedios, tres asambleas legislativas estatales —Nevada, Illinois y Virginia— votaron a favor de ratificarla entre 2017 y 2020.
Esto significa técnicamente que la ERA cuenta ahora con el apoyo mínimo necesario para convertirse en la 28ª Enmienda. Pero las ratificaciones finales se produjeron mucho después de la fecha límite de 1982 propuesta por el Congreso.
Incertidumbre jurídica
La principal cuestión jurídica es si el plazo de 1982 es aplicable. Bush y los demócratas que se han unido a su carta sostienen que no.
En la Constitución, el proceso de enmienda es intencionadamente agotador: Una propuesta de enmienda debe obtener el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, o bien dos tercios de los estados —34 estados— deben convocar una convención constitucional. A continuación, tres cuartas partes de los estados —38 en la actualidad— deben aprobarla para que se añada a la Constitución.
Con su aprobación por 38 estados, escribió Bush, «la ERA ha cumplido todos los requisitos para su adopción señalados por la Constitución».
En respuesta, Bush y sus colegas esperan que Biden pida a los Archivos Nacionales que publiquen la ERA como la 28.° Enmienda a la Constitución. El paso se considera administrativo, y marca la parte final del proceso.
Sin embargo, en el pasado los Archivos Nacionales se han negado a hacerlo.
Tras la ratificación de la ERA por parte de Virginia en 2020 —convirtiéndose en el 38.° estado en respaldar la enmienda—, la administración Trump publicó un memorando en el que opinaba que, dado que el plazo de 1982 había vencido, la ratificación del documento por parte de Virginia era irrelevante.
Además, el memorando señalaba que varios estados ya habían intentado rescindir su ratificación del documento: Nebraska, Tennessee, Idaho, Kentucky y Dakota del Sur, cada uno de los cuales intentó rescindir la ratificación antes de la fecha límite original de 1979.
El entonces archivero David Ferriero hizo caso a este memorándum, y la ERA no se publicó como parte de la Constitución.
Desde entonces, Dakota del Norte también intentó retirar su ratificación del documento, afirmando que sólo era válida hasta la fecha límite original de 1979.
Ambas cuestiones —incluida la de si el plazo era constitucionalmente válido y la de si los estados pueden rescindir su ratificación de una enmienda antes de su adopción— serían casi con toda seguridad objeto de un amplio litigio en caso de que Biden solicitara que se añadiera a la Constitución.
Si Biden accediera a la petición, y la archivera Colleen Joy Shogan publicara la ERA como 28.° Enmienda, habría cumplido, al menos a la espera del litigio, el último paso administrativo para formar parte de la Constitución.
En última instancia, probablemente le correspondería a la Corte Suprema dirimir las cuestiones subyacentes al caso, incluida la cuestión central de si la ERA era o no una parte genuina de la Constitución.
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