La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que 187 personas han sido víctimas en Venezuela de ejecuciones extrajudiciales «en el ejercicio del derecho a la manifestación».
«Se tienen 187 venezolanos ejecutados extrajudicialmente mientras ejercían su derecho a manifestación, lo que representa el 56.3 % del total de víctimas en este contexto desde 2014 y hasta noviembre de 2020», recoge un informe de la organización.
El resto de víctimas documentadas son 129 personas que fallecieron «en el contexto de manifestación», que incluye a «personas fallecidas en medio de manifestaciones que aun cuando no participaban en las mismas, perdieron su vida de forma violenta».
2017, el peor año
Acerca de las ejecuciones extrajudiciales, 2017 fue el peor año, pues documentaron 103 casos.
Por detrás se sitúa 2019, con 54 casos, seguido por 2020 y 2018, con 5 víctimas por cada año. En 2015 detectaron un caso y ninguno en 2016.
Por otra parte, 2017 también fue el peor año en el caso de los «muertos en contexto de manifestaciones», ya que localizaron 59 casos.
En 2014, hubo 26 fallecidos; en 2019, documentaron 25. En 2018, la ONG contabiliza 13 muertos, cuatro en 2015, uno en 2016 y otro en 2020.
«Por otra parte, se tienen 16 casos que pertenecen a las víctimas del patrón de persecución política suficientemente documentado y denunciado, esto es, personas asesinadas por funcionarios del Estado en ejecución de un patrón de persecución contra quienes se oponen al régimen de Maduro», añade Justicia, Encuentro y Perdón.
Entre ellos está Óscar Pérez, expolicía que encabezó una pequeña rebelión en 2018, así como las «muertes de presos políticos en custodia del Estado» como el político Fernando Albán y el militar Rafael Acosta Arévalo.
«Con base a los datos anteriores, se puede constatar cómo el régimen de Maduro creó toda una política estatal para atacar a la población que disiente de sus erráticas políticas públicas y eleva sus voces en exigibilidad de sus derechos civiles y políticos y los denominados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales», subraya la ONG.
«Patrón de ataque y persecución»
Todo ello lo hizo, siempre según las conclusiones de Justicia, Encuentro y Perdón, «a través de un patrón de ataque y persecución, mediante el uso desproporcionado de la fuerza».
«El patrón de represión se perfeccionó desde un andamiaje legal -inconstitucional- y planes cívico militares expresamente anunciados y cuya más contundente ejecución inició desde el 2014, elevado en crueldad en 2017, año en que se registraron las mayores movilizaciones en contra del gobierno», explican.
Ese año, recuerdan que también se produjo «la mayor cantidad de víctimas hasta la actualidad, con un total de 163 víctimas que representan el 49.09 % del total de víctimas de estos últimos seis años».
Según los datos de la organización, esto supone que, de todos los casos ocurridos desde 2014 y hasta la fecha, durante el 2017, «se registró casi la mitad de todos los casos de los que se tiene conocimiento».
El número más alto de fallecidos «es el rango de edad de 18 a 30 años, el cual resulta ser el grupo que más abierta e impetuosamente exige condiciones de dignidad para su futuro».
Según afirman, las «fuerzas letales» del régimen de Nicolás Maduro «acabaron con la vida de cientos de personas en los últimos seis años, específicamente un total de 300 lo que supone el 90.3 % de las víctimas» en ese periodo.
Asesinatos por armas de fuego
«Entre las causas de las muertes, se obtuvo como hallazgo que 256 (77.1 %) fueron asesinadas por arma de fuego, mientras que las áreas del cuerpo más afectadas de las víctimas fueron la cabeza con 90 casos que se traducen en el (27.3 %) y el tronco con 105 casos (31.6 %).
Finalmente enfatizan que han documentado, «de forma exhaustiva, 73 casos de ejecuciones extrajudiciales en manifestantes, recabando testimonios, registro audiovisual, documentos y diferentes medios de prueba que han permitido su presentación ante instancias internacionales, en búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas».
«Todas estas muertes tienen como elemento en común el patrón de represión, descrito en líneas anteriores, pero ante dicho modelo se impone otro: la impunidad», concluyen.
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