El régimen cubano impidió este jueves a las madres de tres presos por las protestas del 11 de julio (11J) pasado abordar un vuelo de la aerolínea española Iberia en La Habana con destino a Madrid, denunció la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Liset Fonseca y Marta Perdomo, madres de Roberto Pérez Fonseca, y de Jorge y Nadir Martín Perdomo, tenían previsto reunirse con representantes del Parlamento Europeo, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (EEAS), y organismos de Derechos Humanos de la ONU, en Madrid, Bruselas y Ginebra.
«Como parte del abuso, permitieron que obtuviesen su tarjeta de embarque, para de esta manera anular la posibilidad de un cambio de vuelo o de un reintegro del boleto de Iberia», señaló en un comunicado la organización.
Además condenó esta acción por considerarla una «clara violación de los derechos humanos» por parte del régimen de Cuba.
Roberto Pérez Fonseca, de 38 años de edad, fue condenado por la justicia cubana a 10 años de cárcel, bajo los cargos de «desacato, atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos» tras su detención por participar en la protesta del 11 de julio en la localidad de San Jose de Las Lajas.
En los casos de Jorge y Nadir Martín Perdomo, de 28 y 37 años, también presos por las manifestaciones del 11J en San José de las Lajas, recibieron sanciones de 8 y 6 años en prisión, respectivamente, acusados ambos de los delitos de «instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato y propagación de epidemias».
Desde diciembre se han registrado en Cuba juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados, a los que no han tenido acceso los medios de prensa extranjera acreditados en la isla.
La Fiscalía General de República de Cuba (FGR) informó el lunes pasado que hasta el momento los tribunales del país caribeño han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio.
El informe de la FGR indicó que el 78 % de los sancionados (297) recibió penas de hasta 25 años de prisión.
La mayoría de los delitos por los que fueron acusados son sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Un total de 36 manifestantes fueron condenados por sedición y se les impuso penas que van de los 5 a los 25 años de cárcel.
Familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.
La ONG Prisoners Defenders señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.
Las autoridades cubanas, por su parte, niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con «actos vandálicos».
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas contra el régimen en décadas, unas manifestaciones masivas que estallaron para pedir la libertad se saldaron con un muerto y centenares de detenciones a los participantes y supuestos instigadores.
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