En una regla final sobre la distribución de becas federales para ayudar a aliviar las dificultades financieras de los estudiantes universitarios durante la pandemia, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha reafirmado su posición de que los inmigrantes ilegales y los estudiantes internacionales no reciban el dinero de ayuda.
«Está claro que la Ley CARES fue escrita para ayudar a los estadounidenses a recuperarse de la pandemia de coronavirus», dijo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, en un comunicado el jueves. «Los contribuyentes estadounidenses han apoyado durante mucho tiempo a los estudiantes estadounidenses que cursan estudios superiores, y esta regla simplemente garantiza la continuidad de esa política bien establecida».
Al reservar subsidios directos en efectivo de USD 6000 millones para ayudar a los estudiantes a cubrir los gastos incurridos debido a la pandemia, el Congreso no definió «estudiante» en la legislación, según DeVos, quien lo llamó «una ambigüedad crítica» que requiere que su departamento «ejerza su estrecha autoridad interpretativa». Dado que la Ley CARES hacía referencia a partes de la Ley de Educación Superior que se ocupa de los programas de ayuda del Título IV, DeVos consideró que solo los estudiantes elegibles para el Título IV pueden recibir las becas.
DeVos también señaló que muchos colegios y universidades ya han comenzado a distribuir sus fondos de ayuda de emergencia en función de su propia definición de «estudiantes». Sin embargo, bajo la regla finalizada, esas instituciones tendrían que dejar de otorgar subvenciones a todos los que cumplan con su definición más amplia.
En abril, DeVos emitió una guía sobre cómo los estudiantes pueden recibir el dinero de ayuda de la Ley CARES. Aunque el Congreso no indicó explícitamente en la legislación que prohíbe a ciertos estudiantes de obtener esas becas, la guía dice que las becas solo están disponibles para los estudiantes que también son elegibles para la Ayuda Federal para Estudiantes, que excluye a los inmigrantes ilegales, incluidos los participantes en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La orientación se enfrentó a una reacción violenta, incluidas dos demandas presentadas contra DeVos: una del Sistema de Colegios Comunitarios de California y otra del fiscal general de Washington. Ellos argumentaron que su departamento malinterpretó la voluntad del Congreso al no permitir que los fondos de la Ley CARES se otorguen a estudiantes internacionales, beneficiarios de DACA y muchos otros estudiantes. En respuesta a las críticas, el Departamento de Educación dio un paso atrás y dijo en un comunicado que no haría cumplir esa guía porque carecía de «la fuerza y el efecto de la ley».
Creado por la administración Obama en 2012, el programa DACA otorga a los que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos como niños protección contra la deportación, así como permisos de trabajo renovables. En 2017, la administración Trump anunció que terminaría con DACA, y se espera que la Corte Suprema decida este mes si esa decisión fue legal.
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