La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que su estado implementará penalidades financieras con el objetivo de responsabilizar a los pocos funcionarios que decidieron violar la ley y aprobar la obligación de usar mascarillas en las escuelas, y que el estado retendrá los fondos estatales por la cantidad que represente los salarios de dichos funcionarios.
«Con respecto a la aplicación de cualquier consecuencia financiera por el incumplimiento de la ley estatal con respecto a estas normas y, en última instancia, los derechos de los padres a tomar decisiones sobre la educación de sus hijos y decisiones de cuidado de la salud, sería el objetivo de la Junta Estatal de Educación adaptar estrictamente cualquier consecuencia financiera a la ofensa cometida», dijo su oficina en una declaración.
«No debería sufrir la comunidad entera del distrito escolar solo porque unos pocos miembros activistas y anticiencia del consejo escolar quieran imponer mandatos exagerados a todos los estudiantes», dijo la portavoz de DeSantis, Christina Pushaw, en una declaración a Politico.
Los miembros del consejo escolar en cuestión «no están en la nómina del estado, por lo que esta forma de sanción es el enfoque más ajustado que el estado puede tomar», añadió Pushaw en su declaración.
«Esos funcionarios deberían ser dueños de su decisión y eso significa asumir las consecuencias de sus decisiones en lugar de exigir a los estudiantes, los profesores y el personal escolar que paguen la factura de sus potenciales fanfarronadas», añadió.
Los funcionarios federales de salud y DeSantis durante meses han estado en desacuerdo sobre los mandatos de COVID-19, incluyendo el mandato de mascarillas y los pasaportes de vacunación. A fines de julio, el gobernador emitió una orden ejecutiva que impedía que las escuelas sigan la reciente recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de que todos los estudiantes, independientemente de su estado de vacunación, usen mascarillas mientras estén en clase.
El gobernador dijo en ese momento que la orden estaba diseñada para proporcionar a los padres el derecho a decidir si quieren que sus hijos estén con la cara cubierta durante las horas de clase. En respuesta, varios distritos, incluido el condado de Broward, dijeron que harían cumplir los requisitos de las mascarillas para los estudiantes, independientemente de las consecuencias.
La Casa Blanca indicó previamente que estaba considerando reembolsar a los miembros de la junta escolar si DeSantis seguía con su amenaza de descontar el salario.
En respuesta a la advertencia inicial del gobernador el lunes, el Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, señaló que el distrito estableció su plan después de consultar con los expertos de salud.
«En ningún momento permitiré que mi decisión se vea influenciada por una amenaza a mi sueldo, un pequeño precio a pagar considerando la gravedad de este asunto y el potencial impacto en la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y dedicados empleados», dijo Carvalho el lunes por la tarde.
Con información de Jack Phillip.
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