El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido a primera hora de este miércoles en su residencia en Guayaquil, en el marco de una serie de redadas contra la corrupción ordenadas por la Fiscalía General del Estado.
El exmandatario, de 68 años y que gobernó Ecuador por unos meses entre 1996 y 1997, fue arrestado por tenencia ilícita de arma mientras los agentes buscaban en su domicilio pruebas contra presuntos casos de corrupción que se produjeron en la compra de insumos médicos durante la pandemia del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
A Bucaram le fue encontrada «en su poder un arma de fuego, sin que presente justificativo de posesión», dijo la Fiscalía por redes sociales.
El allanamiento tuvo lugar en el domicilio del exmandatario en Guayaquil, ubicado en Kennedy Norte, dentro de una investigación por «presunto peculado en contratos para la compra de insumos médicos», en su caso particular «al Hospital del Seguro», agrega la comunicación oficial.
La redada en el domicilio del expresidente no ha sido la única, ya que más de medio centenar de fiscales efectúan allanamientos desde hace unas horas por varios municipios de la provincia de Guayas, entre ellos los de Guayaquil, Daule y Samborondón.
También se registran intervenciones judiciales en las últimas horas en la capital Quito, en relación a estos casos.
«La Fuerza de Tarea de la Fiscalía ejecuta órdenes de allanamiento y detenciones simultáneas en Quito y Guayaquil relacionadas con varios casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19», explicó la Fiscalía.
Las operaciones tienen que ver con todo tipo de sospechas descubiertas en los últimos dos meses sobre la adquisición irregular de equipos y medicamentos para afrontar la pandemia del virus del PCCh, que en el país andino golpeó especialmente a Guayaquil.
«Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos», dijo el presidente Lenín Moreno tras conocer las redadas.
Ayer, en una rueda de prensa de conjunta, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunciaron que sus instituciones habían aunado esfuerzos y creado una «fuerza de tarea multidisciplinaria» para combatir cualquier acto de corrupción durante la emergencia sanitaria.
«No se van a quedar los casos en carpetas, en investigaciones previas. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las causas que se hayan generado a raíz de esta emergencia», advirtió la fiscal.
Por su parte, Romo aclaró que el grupo interinstitucional sería directamente supervisado desde la Comandancia de la Policía Nacional, al que se sumará la Policía Judicial para investigar a cargos políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.
«Estamos detrás de los responsables y del dinero, (buscamos) que las personas asuman las consecuencias de sus actos y recuperar el dinero» mal habido, remachó la ministra.
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