El opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, fue detenido de nuevo este jueves, poco después de que las fuerzas policiales volvieran a establecer un cerco en torno a la sede de la formación en Santiago de Cuba, a 900 kilómetros de La Habana.
La hermana del disidente, Ana Belkis Ferrer, denunció a través de Twitter el «injusto y arbitrario» arresto de su hermano y el refuerzo del «cerco represivo» en la sede de Unpacu, a la cual «sicarios han impedido el paso a una veintena de activistas», escribió.
También publicó una secuencia de tres imágenes del supuesto momento de la detención: en una se ve a Ferrer tumbado boca arriba en el suelo de una calle con los brazos cruzados sobre el pecho y en las otras dos varios hombres vestidos de civil lo levantan en volandas y lo introducen en una patrulla policial.
En los últimos días, Ferrer había denunciado en varias ocasiones cortes en sus servicios de telefonía y acceso a internet, así como las detenciones de otros disidentes.
El opositor y alrededor de una veintena de activistas concluyeron el pasado 11 de abril una huelga de hambre de tres semanas en protesta contra un cerco policial en torno a las instalaciones de Unpacu.
Ferrer anunció entonces que se había reanudado en ese lugar la asistencia con comidas y atención médica a quienes acudieran a solicitarlo.
El coordinador general de Unpacu, de 50 años, integró el «grupo de los 75» disidentes en el año 2003 durante la ola represiva conocida como «primavera negra», liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.
Fue uno de los doce miembros de ese grupo que decidieron permanecer en Cuba tras su excarcelación.
Desde entonces ha sido detenido en innumerables ocasiones, la más prolongada entre octubre de 2019 y abril del año pasado, cuando fue acusado de lesiones, secuestro y atentado por supuestamente agredir a otro hombre.
Por esa causa Ferrer permaneció seis meses en prisión preventiva hasta que en abril de 2020 le fue impuesta una sanción de reclusión domiciliaria de 4 años y medio tras ser juzgado a puerta cerrada, en un caso que concitó críticas internacionales, entre ellas las del Parlamento Europeo.
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