Dicen a la ONU que tiene la “obligación legal” de confrontar a China sobre la sustracción de órganos

Por Frank Fang
25 de Septiembre de 2019 Actualizado: 25 de Septiembre de 2019

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de la ONU se les ha dicho que tienen la “obligación legal” de confrontar a China por su práctica de sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Dafa.

Al dirigirse al Consejo en Ginebra el 24 de septiembre, el abogado Hamid Sabi, residente de Londres, presentó las conclusiones de un informe publicado en junio por el Tribunal de China o Tribunal Independiente sobre la Sustracción Forzada de Órganos a Presos de Conciencia en China.

El tribunal, presidido por Sir Geoffrey Nice QC, que anteriormente dirigió el procesamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional, concluyó sin lugar a dudas que, “en China, la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia se ha practicado durante un período de tiempo considerable, involucrando a un número muy importante de víctimas”.

Sabi dijo que, dadas las pruebas, el consejo y los Estados miembros de la ONU tienen ahora la “obligación legal” de hacer frente a la “conducta criminal” de China.

“La sustracción forzada de órganos a presos de conciencia, incluidas las minorías religiosas y étnicas de Falun Dafa y los uigures, se ha cometido durante años en toda China a una escala significativa, y continúa hasta el día de hoy. Esto implica a cientos de miles de víctimas”, explicó Sabi.

Sabi señaló que la conclusión del tribunal sobre los crímenes de lesa humanidad de China contra ambos grupos ha sido “probada más allá de toda duda razonable”.

Principal fuente de órganos en la industria de trasplantes de China

Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una práctica espiritual de la escuela de Buda, con ejercicios meditativos y enseñanzas morales basadas en Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Se hizo muy popular en China a finales de la década de 1990, llegando a haber, según estimaciones oficiales, entre 70 y 100 millones de practicantes solo en China en 1999.

La popularidad de la práctica provocó la ira del entonces líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, que creía que las enseñanzas morales eran una amenaza para el régimen comunista. Jiang movilizó a los sistemas de seguridad, fiscales y judiciales del Estado para perseguir al grupo a partir de julio de 1999.

Desde entonces, millones de practicantes han sido sometidos a tortura, detención, lavado de cerebro y trabajos forzados. También son la principal fuente de órganos para la extensa industria de trasplantes del régimen chino.

“Víctima por víctima y muerte por muerte, arrancar los corazones y otros órganos a personas vivas, inocentes, inofensivas y pacíficas constituye una de las peores atrocidades masivas de este siglo”, dijo Sabi.

“El trasplante de órganos para salvar vidas es un triunfo científico y social. Pero matar al donante es un crimen. Los gobiernos y los organismos internacionales deben cumplir con su deber no solo con respecto a la posible acusación de genocidio, sino también con respecto a los crímenes de lesa humanidad, que el tribunal no considera menos atroces”.

Nice explicó en junio que los médicos en China prometen plazos extraordinariamente cortos para las personas que buscan un trasplante de órgano, algo que no es posible con los sistemas normales de donación voluntaria.

También hay pruebas consistentes de que los encarcelados por el Partido Comunista Chino están siendo examinados para determinar el estado de sus órganos, según Nice.

Señaló que el tribunal también recibió evidencia directa de la sustracción de órganos, incluyendo el testimonio de un cirujano que fue instruido para realizar tales operaciones.

En otro evento de la ONU el 24 de septiembre, Nice manifestó que sus hallazgos requerían una acción inmediata.

“El tiempo de la conveniente ‘incertidumbre’, cuando todas estas entidades pudieron decir que el caso contra (China) no estaba probado, ya pasó”, dijo Nice, según Reuters.

En el evento también habló Feng Hollis, una practicante de Falun Dafa, que fue arrestada en China en 2015, y que más tarde fue sometida a dos años de trabajos forzados sin juicio previo.

Habló de la circunstancia inusual de ser “examinada” cada tres o cinco meses mientras estuvo encarcelada, según The Telegraph.

Contó cómo en una ocasión otros practicantes y ella fueron llevados a un hospital perteneciente al sistema de reeducación de China. Luego se les hizo un análisis de sangre, una ecografía renal, un electrocardiograma, un análisis de orina y una radiografía de tórax.

Hollis hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a la Sociedad de Trasplantes para que afronten las conclusiones del tribunal.

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