Los principales directivos de la empresa Repsol en Perú, incluido su director ejecutivo, Jaime Fernández-Cuesta, deberán permanecer en el país mientras se investiga el derrame de crudo producido en el mar de Lima, cuya magnitud ha sido duplicada por el Gobierno peruano.
Mientras que un juez ordenó 18 meses de impedimento de salida de Perú para cuatro directivos de la refinería La Pampilla, que opera Repsol, las autoridades ambientales del país elevaron a 11,900 los barriles de crudo que se vertieron en el mar, que inicialmente se había señalado que fueron 6000.
En ese sentido, afirmaron que el país andino afronta «un escenario sin precedentes» en su historia ambiental.
La decisión judicial
La decisión judicial fue tomada este viernes por el magistrado Romualdo Aguedo, quien ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para Fernández-Cuesta, el jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
Al respecto, el juez recordó que los cuatro directivos de Repsol se allanaron al pedido fiscal y que sus abogados defendieron que han colaborado con la Justicia y no tenían intención de salir del país.
En esta etapa preliminar de la investigación, la Fiscalía ha considerado a Fernández-Cuesta en «calidad de autor» y a los otros cuatro implicados como «cómplices» en la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
El Código Penal peruano establece para este delito una condena no menor a 4 años ni mayor de 6 años de prisión, por lo que la Fiscalía remarcó que era necesario que los imputados permanezcan en el territorio nacional «para el esclarecimiento de los hechos».
Razones plausibles
Durante la lectura de su resolución, el juez Aguedo consideró que existen «razones plausibles» de que los implicados habrían cometido el delito de contaminación ambiental, aunque remarcó que aún se está en la etapa de «diligencias preliminares».
Tras indicar que los elementos de convicción que se tienen hasta el momento generan «la sospecha simple» para iniciar las diligencias, el juez defendió que el impedimento de salida del país es «estrictamente proporcional… ante el interés de la sociedad en la averiguación de la verdad».
Tanto la Fiscalía, como la Procuraduría del Estado y los abogados de los cuatro investigados manifestaron su conformidad con la resolución judicial, mientras que un portavoz de la empresa señaló a Efe, posteriormente, que no se pronunciarían sobre la decisión.
La posición del Gobierno
Al respecto, el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, agradeció «la efectividad del Poder Judicial» de su país, por haber «dado el impedimento de salida de los principales directivos de esta empresa».
«Nosotros sí creemos que tienen que responder a la investigación y el proceso para la determinación de la pena, dado que este tipo de delitos está contemplado en el código penal, pero se ha vuelto con un agravante, por cuanto la empresa no ha reportado el daño conforme a la magnitud que se ha presentado en estos momentos», remarcó.
El derrame se produjo el 15 de enero pasado, en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica en Tonga, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla.
Aunque en un primer momento se señaló que eran unos 6000 barriles de crudo los vertidos al mar, el Gobierno peruano elevó esa cifra a 11,900 barriles y Ramírez sostuvo que tienen «un consolidado» sobre la magnitud del derrame «que todavía se va a tener que alimentar y nutrir más, porque el material oleoso incluso al caer al mar se ha evaporado».
El viceministro de Ambiente, Alfredo Mamani, agregó que los equipos especializados han recuperado, hasta el momento, 4225 barriles, pero esta es una emulsión de agua y petróleo que aún debe ser separada, mientras que también se han recogido 16,258 metros cúbicos de arena, que también está impregnado «de una cantidad de petróleo que tendrá que calcularse en su momento».
Durante la rueda de prensa, Ramírez enfatizó que las autoridades de Perú «nunca» pensaron «que iba a suceder un evento como este derrame de petróleo, que pueda afectar tantos componentes naturales, y generar una brecha social y afectaciones económicas y hasta morales» en su país.
Además de destacar el trabajo que realizan expertos y militares peruanos en la zona, el ministro dijo que el Gobierno quiere «recalcar y aplaudir el gesto solidario de la naciones hermanas» y que las Naciones Unidas hayan «hecho presencia» al enviar una misión de expertos para asesorar a Perú ante el desastre ecológico.
Precisamente, la ONU señaló en Nueva York que su misión técnica trabaja junto con las autoridades peruanas y que «la información preliminar» de su equipo «clasificó este derrame de petróleo como grave, según los estándares internacionales».
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