DOJ propone acuerdo para dar beneficios a familias de inmigrantes separadas

Por Cristina Bazán
16 de Octubre de 2023 9:47 PM Actualizado: 16 de Octubre de 2023 9:54 PM

El gobierno de Estados Unidos propone un acuerdo que, de aprobarse, cambiaría las políticas de separación de padres e hijos en la frontera sur.

Este lunes el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que llegó a un acuerdo en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), según el cual, se establecerían nuevas normas para limitar las separaciones familiares por un periodo de 8 años. Sin embargo, el acuerdo aún está sujeto a la aprobación final de una corte de distrito.

De ser aprobado, prohibiría las separaciones de padres o tutores legales de sus hijos menores, excepto en circunstancias específicas. Por ejemplo, en casos que involucren la seguridad nacional, la seguridad del niño, emergencias médicas y ciertas órdenes penales. También detalla las situaciones bajo las cuales el gobierno debe reunificar a la familia cuando las circunstancias que requirieron la separación ya no existan.

La propuesta también prevé que continuarán las reunificaciones familiares que se han llevado a cabo hasta ahora  y que se dará una ayuda por inmigración, además de ciertos servicios de apoyo para las familias separadas.

Los servicios de apoyo que se ofrecen a los inmigrantes incluyen servicios de salud conductual, apoyo legal, asistencia limitada para vivienda y cierta asistencia médica.

También propone acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo para permitir que quienes presenten estas demandas lo hagan fuera de los procedimientos de deportación. Los padres o tutores legales y otros miembros de la familia calificados también pueden solicitar la libertad condicional con una autorización de empleo por tres años. Incluso podrían solicitar el parole por 3 años más.

Estos últimos beneficios son similares a los propuestos en un proyecto de ley por el congresista Joaquín Castro (D-TX) y el senador Richard Blumenthal (D-CT.), quienes aplaudieron la propuesta y criticaron la política de “tolerancia cero” del presidente Trump de 2018, que estuvo en vigor por cuatro meses.

Esta política exigía que todos los adultos que cruzaran ilegalmente la frontera fueran procesados. Esto significaba que los menores, que no podían ser retenidos bajo custodia penal con sus padres, eran separados de estos y solían enviarlos a vivir con un patrocinador, que mucha veces era un pariente u otra persona vinculada a la familia.

El Fiscal General, Merrick Garland, dijo que el acuerdo propuesto por la administración Biden “facilitará la reunificación de familias separadas y les brindará servicios críticos para ayudar en su recuperación”.

La demanda inicial se presentó en febrero de 2018 por el caso de una inmigrante que hizo una denuncia en el Distrito Sur de California, alegando que había sido separada ilegalmente de su hijo.

Posteriormente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda enmendada para agregar demandas colectivas, argumentando que separar a los padres de sus hijos violaba el debido proceso, así como el estatuto de asilo.

Esto daba la posibilidad de unirse a la demanda a padres o tutores legales que fueron separados de sus hijos entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021.

Sin embargo, se excluiría a los padres con antecedentes penales específicos y a las personas separadas después del 26 de junio de 2018 si fueron separados debido a una condición médica, inquietudes sobre la aptitud de los padres o si el progenitor tenía alguna orden judicial activa.

En esa misma fecha, una corte de distrito emitió una orden que prohibía las separaciones familiares y exigía la reunificación de familias previamente separadas, excepto en las circunstancias específicas antes mencionadas.

El DOJ, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) son los encargados identificar y reunir a los miembros de las familias separadas.

Posteriormente, a finales de enero de 2021, el Departamento de Justicia rescindió la política de “tolerancia cero” de la administración Trump.

Antes de la política de tolerancia cero, los agentes de la Patrulla Fronteriza habían descubierto que inmigrantes ilegales alquilaban niños al sur de la frontera y los hacían pasar por familiares con el fin de aprovechar los vacíos legales para conseguir que los liberen rápidamente en Estados Unidos.

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