El Departamento de Justicia (DOJ) se comprometió el sábado a dejar de utilizar órdenes judiciales para obtener registros de periodistas como parte de las investigaciones de filtraciones, marcando un cambio de política que se aleja de una táctica de investigación utilizada en numerosas administraciones.
El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, confirmó el sábado en un comunicado el cambio de política, que sigue a la promesa hecha el mes pasado por el presidente Joe Biden, quien dijo que era «simplemente incorrecto» confiscar los archivos de los periodistas.
«A partir de ahora, de acuerdo con las instrucciones del presidente, el Departamento de Justicia —al cambiar su práctica habitual— no buscará un proceso legal obligatorio en las investigaciones de filtraciones para obtener información de fuentes de los miembros de los medios de comunicación que hacen su trabajo», dijo Coley en el comunicado.
«El Departamento valora firmemente la libertad de prensa, protegiendo los valores de la Primera Enmienda, y se compromete a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la independencia de los periodistas», añadió, señalando también que el DOJ había completado una revisión para determinar todos los casos en los que tenía pendientes solicitudes obligatorias a reporteros en investigaciones de filtraciones y había notificado a los periodistas implicados.
Tanto las administraciones demócratas como las republicanas han recurrido a las citaciones y a las órdenes judiciales para obtener los registros de los periodistas en un intento de identificar las fuentes que filtran información clasificada. El ejemplo más reciente de esta práctica se dio a conocer el viernes, cuando The New York Times reportó de la existencia de una orden de mordaza que impedía a la publicación revelar una batalla judicial sobre los esfuerzos para obtener los registros de correo electrónico de cuatro de sus reporteros.
David McCraw, abogado de The New York Times, fue citado en el reporte diciendo que la orden de mordaza había estado en vigor desde el 3 de marzo, pero que ahora había sido levantada por un tribunal federal.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en un comunicado el sábado que nadie en la Casa Blanca había estado al tanto de la orden de mordaza hasta el viernes por la noche.
«Aunque la Casa Blanca no interviene en las investigaciones penales, la emisión de citaciones para los registros de los reporteros en las investigaciones de filtraciones no es coherente con la dirección de la política del presidente al Departamento, y el Departamento de Justicia ha reconfirmado que no se utilizará en adelante», dijo Psaki en el comunicado.
La medida ha sido aplaudida por los defensores de la libertad de prensa.
«Este anuncio supone un cambio enorme para los derechos de la libertad de prensa en Estados Unidos. A lo largo de la última década —en la que se han sucedido varias administraciones de ambos partidos— el Departamento de Justicia ha espiado cada vez más a los periodistas en el ejercicio de su trabajo, lo que ha enfriado el periodismo de investigación y ha puesto en peligro a innumerables denunciantes», declaró el director ejecutivo de Freedom of the Press Foundation, Trevor Timm.
Aunque Timm dijo que el grupo de defensa de la libertad de prensa se sentía «animado al ver este anuncio que pone fin a esta táctica invasiva y perturbadora», señaló que «el problema está, por supuesto, en los detalles», e instó al Departamento de Justicia a incorporar formalmente el cambio de política en sus directrices para los medios de comunicación, al tiempo que pidió al Congreso que aprobara leyes «para garantizar que ninguna administración pueda volver a abusar de su poder».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el DOJ para solicitarle comentarios.
Con información de The Associated Press.
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