Ecuador envió este miércoles a Estados Unidos una petición de beneficio de Estatus de Protección Temporal (EPT) para ecuatorianos no regularizados en esa nación, informó la canciller, Gabriela Sommerfeld.
La posibilidad de hacer la petición se dio después de que el presidente, Daniel Noboa, declarase el «conflicto armado interno» contra los grupos de delincuencia organizada a los que cataloga como «terroristas».
Esta declaratoria se dio el 9 de enero ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, que incluyeron el secuestro de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados y motines simultáneos en cárceles con toma de rehenes, ahora liberados.
Ecuador busca que se otorgue el EPT a ecuatorianos «que no están con un régimen regularizado» en EE.UU., mientras se mantenga el conflicto armado no internacional en el país andino, dijo la canciller.
Ello les da la posibilidad de trabajar mientras estén temporalmente bajo este régimen en EE.UU., explicó en un encuentro con la prensa, en Quito al recordar que, al momento, en América tienen el EPT Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Millones de ecuatorianos en el exterior
Sommerfeld señaló que hay 2.4 millones de ecuatorianos en el exterior y «día a día siguen saliendo miles de ecuatorianos por las fronteras terrestres, aéreas».
«Tienen mucha vulnerabilidad a todo tipo de situación impensable incluso, sobre todo aquellos que se atreven a pasar por el Darien, y esto tenemos que frenar de raíz», señaló al anotar que ese freno se debe dar al volver a Ecuador «un país seguro, productivo, que entregue oportunidades».
Anotó que «6.000 millones de dólares entran en la economía de manos de la gestión y del trabajo» de los migrantes, lo que ayuda al fortalecimiento de la economía y de la dolarización, en vigor en el país desde el año 2.000.
Cooperación internacional
La canciller aseguró que, en los dos meses que va de Gobierno, han hecho «un trabajo de hormiga» con los multilaterales, bilaterales, agencias del sistema de Naciones Unidas y ministerios para «mapear» la ayuda internacional implementada, firmada pero no gestionada y lo que está aún por firmarse.
Para llevar a detalle el control e implementación de cada uno de los convenios de ayuda internacional han creado un comité ad hoc, pues con mayor eficiencia en la implementación, Ecuador podrá demostrar su capacidad de gestionar programas, para poder solicitar mayor cantidad de recursos, dijo.
Alfonso Abdo, asesor de la canciller, detalló que en 2023 la cooperación no reembolsable sumó 275 millones de dólares, que se ejecutan a través de organizaciones no gubernamentales, terceras entidades y en menor medida, a través de los ministerios.
«Se puede identificar que la ejecución de las unidades ministeriales no ha sido la óptima, dejando una cantidad importante de dinero sin ejecutarse el año pasado», dijo al agregar que la cooperación reembolsable, en condiciones favorables para el país, asciende a 4900 millones de dólares.
De estos últimos, «por múltiples razones y por falta de una eficiente ejecución» el año pasado no se ejecutaron 1400 millones de dólares.
«Si se suma lo que no se ha ejecutado de la cooperación no reembolsable, lo que no se ha ejecutado de la cooperación reembolsable en 2023, y el otro monto que no se ha firmado por falta de inteligencia colectiva, estamos hablando de un monto de entre 1900 y 2000 millones de dólares», explicó.
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