EE.UU. comienza a enviar a solicitantes de asilo a México a esperar la resolución de sus casos allí

Por Charlotte Cuthbertson - La Gran Época
28 de Enero de 2019 Actualizado: 08 de Julio de 2019

WASHINGTON – Un nuevo esfuerzo de la administración Trump para disuadir a miles de migrantes centroamericanos de viajar al norte para buscar asilo en los Estados Unidos fue promulgado el 24 de enero – por ahora, sólo en el cruce fronterizo de San Ysidro entre San Diego y Tijuana, México.

El esfuerzo, llamado Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), es un intento de frenar las solicitudes de asilo sin mérito y evitar que miles de inmigrantes ilegales sean liberados en el país, para que nunca más vuelvan a ser vistos.

“Hemos implementado una acción sin precedentes que abordará la urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kirstjen Nielsen en una declaración el 24 de enero. “Este enfoque humanitario ayudará a terminar con la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración.”

Bajo el MPP, muchos solicitantes de asilo que entran a los Estados Unidos -ilegalmente o sin la documentación apropiada- pueden ser devueltos a México para esperar a que se resuelva su caso. México proporcionará todas las protecciones humanitarias apropiadas durante su estancia, de acuerdo con el DHS.

“Esto permitirá al DHS ayudar más eficazmente a los solicitantes de asilo legítimos y a las personas que huyen de la persecución, ya que los migrantes con solicitudes no meritorias o incluso fraudulentas ya no tendrán un incentivo para hacer el viaje”, dijo Nielsen.

Nielsen reveló el programa por primera vez en diciembre, en ese entonces llamado política “Permanecer en México”, pero los detalles eran escasos hasta el momento.

El muro fronterizo México-Estados Unidos visto desde Playas de Tijuana en Tijuana, México, el 16 de noviembre de 2018. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Hasta ahora, la política sólo se aplica a los que entran legalmente en el paso fronterizo de San Ysidro y se presentan para solicitar asilo. A finales de 2018, Aduanas y Protección Fronteriza estaba aceptando un máximo de 100 solicitantes de asilo por día en San Ysidro.

Los menores no acompañados están exentos de esta política. En octubre y noviembre de 2018, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 10.000 menores no acompañados que entraban ilegalmente a los Estados Unidos.

El sistema está sobrecargado

Los vacíos legales en el sistema de asilo están empantanando el sistema de la corte de inmigración, que tiene alrededor de 800.000 casos pendientes y no se vislumbra el final de los atrasos. La administración dice que el sistema está siendo aprovechado por inmigrantes ilegales que lo están usando para obtener acceso a los Estados Unidos sin ninguna intención de presentarse ante los tribunales para que resuelvan su caso.

Si un extranjero ilegal es detenido en la frontera y afirma tener miedo de regresar a su país de origen, una investigación inicial les da una probabilidad del 89 por ciento de ser liberado en los Estados Unidos. Las posibilidades son mayores si un adulto trae un niño. El grupo más grande de solicitantes de asilo es de América Central, sin embargo, sólo el 9 por ciento de los que solicitan formalmente asilo reciben estas protecciones de un juez federal de inmigración, según el Departamento de Justicia.

En el año fiscal 2017, Aduanas y Protección Fronteriza detuvo 94.285 unidades familiares de Honduras, Guatemala y El Salvador en la frontera sur. De ellos, el 99 por ciento permanece en el país hoy en día.

En los dos primeros meses de este año fiscal, casi 50.000 unidades familiares fueron aprehendidas por la Patrulla Fronteriza después de cruzar ilegalmente. Otras 9.160 se presentaron en los puertos de entrada para solicitar asilo.

“No tenemos el espacio ni los recursos necesarios para detener, alojar, investigar, examinar y procesar con seguridad esta enorme afluencia de personas”, dijo el presidente Donald Trump el 24 de enero. “En resumen, no tenemos control sobre quién está entrando a nuestro país, de dónde vienen, quiénes son o por qué vienen.”

El MPP todavía no se aplica a todos los solicitantes de asilo que cruzan las casi 2000 millas de la frontera sur, por donde la mayoría está entrando a los Estados Unidos. El Valle del Río Grande en Texas se enfrenta a casi la mitad de todos los cruces ilegales a lo largo de la frontera.

El DHS está implementando el MPP bajo la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece, en parte, que “en el caso de un extranjero que llega por tierra (ya sea o no a un puerto de llegada designado) desde un territorio extranjero contiguo a los Estados Unidos, el Procurador General puede devolver al extranjero a ese territorio en espera de un procedimiento [de deportación] bajo la sección 240” de la INA.

Es probable que el MPP sea objetado por un juez estadounidense, haciéndolo circular por el sistema judicial, al igual que otras medidas tomadas por la administración para frenar la inmigración ilegal, reforzar la seguridad fronteriza o cerrar las brechas legales que atraen a los inmigrantes ilegales. Estos incluyen la prohibición de viajar, el fin de la DACA, el regreso a los criterios originales de asilo y la inhabilitación de los que cruzan ilegalmente la frontera para recibir asilo.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza revisan a los peatones cuando salen de México hacia el área de aduanas de los Estados Unidos en el lado este del puerto de entrada de San Ysidro en Tijuana, México, el 19 de noviembre de 2018. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Migrantes

Varios migrantes centroamericanos que llevaban dos meses en Tijuana dijeron a La Gran Época que no esperarán en México durante meses hasta que se resuelva una solicitud de asilo.

“No, no vamos a esperar tanto”, dijo el hondureño Javier Gámez, de 30 años, el 26 de diciembre de 2018, cuando se le preguntó sobre la nueva política del MPP. Llevaba dos meses en el campamento de migrantes con su esposa y acababa de solicitar un número de asilo.

“No vamos a esperar aquí mucho tiempo, vamos a saltar y luego [cruzar ilegalmente]. Lo máximo que podemos soportar son dos meses [más en Tijuana]”, dijo.

Otros no están solicitando asilo, sino esperando la oportunidad de cruzar la frontera ilegalmente.

El guatemalteco Mario René Alegría Chávez, de 62 años, dijo que está trabajando en la construcción en Tijuana y que no tiene la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.

“Parecía muy difícil, así que por eso no empecé el proceso para conseguir mis papeles”, dijo. “Tengo dos opciones: Puedo quedarme aquí o puedo cruzar [ilegalmente] a los Estados Unidos”.

Karla Bexaida Membreino, de 23 años, viajó con su esposo y su primo desde Honduras. Ella ha solicitado asilo, pero su marido se negó a hacerlo.

“Tiene miedo de que lo deporten”, dijo ella. “Cuando llegamos, no íbamos a esperar mucho tiempo, iban a abrir la frontera. Pero no sucedió como esperábamos… tenemos que esperar para siempre”.

Reacción en Tijuana

En Tijuana, el secretario de seguridad pública, Marco Antonio Sotomayor, dijo que espera que el gobierno mexicano asegure su frontera sur con Guatemala y no permita el acceso a México de migrantes no registrados en caravana.

“Sabemos que dentro del grupo de migrantes vienen ocultos algunos criminales centroamericanos, que tienen cargos vigentes en sus países o antecedentes penales”, dijo Sotomayor a La Gran Época el pasado 14 de enero. “Así que, esa parte, desde mi punto de vista, es muy arriesgada. Exigimos que el gobierno federal no permita el acceso a nuestro territorio nacional sin un proceso legal y ordenado”.

Sotomayor dijo que ha sido problemático y muy costoso para la ciudad manejar a los miles de miembros de la caravana desde noviembre.

Hasta la fecha, la policía local de Tijuana arrestó a 351 migrantes de la caravana de noviembre por varios delitos, la mayoría relacionados con drogas.

Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Sotomayor, durante una conferencia de prensa en Tijuana, México, el 26 de noviembre de 2018. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Sotomayor dijo que el gobierno mexicano no está contento con el plan MPP.

“Tengo entendido que la posición del gobierno es no aceptarlos. Si ellos [Estados Unidos] quieren devolverlos a México, no los recibirán”, dijo.

“Obviamente, condenamos que un extranjero que solicita asilo a los Estados Unidos tenga que permanecer en territorio nacional en Tijuana. Lo que queremos es que si alguien pide asilo político y se abre un proceso en los Estados Unidos, entonces debería ser recibido por los Estados Unidos. No queremos que Tijuana se encargue de eso”.

Pero, dijo, es un asunto federal entre los gobiernos de los dos países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 18 de diciembre un paquete de ayuda exterior de 10.600 millones de dólares para el sur de México y América Central.

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