La Administración Trump ha determinado que el régimen chino ha cometido «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» contra los musulmanes uigures de la región de Xinjiang, anunció el 19 de enero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
La medida, tomada en la víspera de la inauguración del presidente electo Joe Biden, marca una de las medidas más duras de la administración para condenar los graves abusos de los derechos humanos del Partido Comunista Chino (PCCh) a nivel nacional.
«Después de un cuidadoso examen de los hechos disponibles, he determinado que la RPC [República Popular China], bajo el liderazgo y control del PCCh, ha cometido genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang», dijo Pompeo en una declaración.
«Creo que este genocidio está sucediendo, y que estamos siendo testigos del intento sistemático de destruir a los uigures por parte del partido-estado chino», añadió.
El secretario también determinó que el PCCh ha cometido crímenes de lesa humanidad en la región, citando la detención en Beijing de más de un millón de musulmanes, y las autoridades que someten a la población a trabajos forzados, esterilización forzada y tortura.
«Sus políticas, prácticas y abusos, moralmente repugnantes y a gran escala, están diseñadas sistemáticamente para discriminar y vigilar a la etnia uigur como un grupo demográfico y étnico único», dijo Pompeo.
El secretario de estado pidió al régimen que liberara a todos los uigures detenidos y que pusiera fin a su persecución en la región. También instó a otros organismos multilaterales y jurídicos a que se unan a Estados Unidos en su esfuerzo por «promover la rendición de cuentas de los responsables de estas atrocidades».
La represión de Beijing en Xinjiang, perpetrada a través de su red de campos de concentración y su sistema de vigilancia de masas, ha suscitado la condena internacional. Estados Unidos ha impuesto sanciones a una serie de entidades del PCCh, entre ellas un funcionario de alto nivel del gobierno y organizaciones afiliadas al Estado responsables de las atrocidades cometidas en la región. La semana pasada, impuso una restricción a todos los productos de algodón y tomate de Xinjiang debido a las prácticas de trabajos forzados.
Los funcionarios de Estados Unidos que informaron a los periodistas sobre la medida dijeron en una llamada que «una documentación exhaustiva de las propias políticas, prácticas y abusos [de China] en Xinjiang» revisada por Pompeo le llevó a tomar la determinación. Tales actos se han cometido al menos desde marzo de 2017, dijeron los funcionarios.
La rara designación es consecuencia de un intenso debate interno después de que el Congreso aprobara el 27 de diciembre una legislación que exige a la administración estadounidense determinar en un plazo de 90 días si los trabajos forzados u otros supuestos delitos contra los uigures y otras minorías musulmanas constituyen crímenes contra la humanidad o genocidio.
«Esta es una decisión que no tomamos a la ligera», dijo uno de los funcionarios de EE. UU. en la llamada. «Ha pasado por mucho procesamiento y mucho análisis. El secretario tomó la determinación en su papel (…) de que esta es la herramienta que necesitamos desplegar en este momento para avanzar en esta causa de vital importancia».
El senador Marco Rubio (R-Fla.) dijo que la Administración Trump «hizo lo correcto» al hacer la declaración, describiéndola como «un llamado a la acción para la administración entrante, el Congreso y nuestros aliados».
«Debemos asegurarnos de que EE. UU. y las naciones libres hagan todo lo posible para poner fin a estas atrocidades y garantizar que siga siendo una prioridad de la política de nuestra nación hacia China», dijo Rubio en una declaración.
La campaña de Biden declaró, antes de las elecciones del 3 de noviembre, que el genocidio estaba ocurriendo en la región occidental de Xinjiang en China.
La decisión de EE. UU. no desencadena automáticamente ninguna sanción, pero significa que los países tendrán que pensar mucho acerca de permitir que las empresas hagan negocios con Xinjiang, un proveedor líder a nivel mundial de algodón.
Con información de Reuters.
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