Dos ciudadanos iraníes han sido imputados en el estado de Nueva Jersey (EE.UU.) por robar supuestamente información sensible de sistemas informáticos en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio, actuando en ocasiones a instancias del Gobierno iraní, según el Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con la Fiscalía, los acusados robaron «cientos de terabytes de datos, que generalmente incluían comunicaciones confidenciales relacionadas con la seguridad nacional, el servicio de inteligencia de la política exterior, información nuclear no militar, datos aeroespaciales, información de activistas de derechos humanos, información financiera de víctimas y datos personales así como de propiedad intelectual, incluida información de investigaciones científicas no publicadas».
En un comunicado, los fiscales de Nueva Jersey, que identifican a los sospechosos como Hooman Heidarian, de 30 años, y Mehdi Farhadi, de 34, residentes en la ciudad de Hamedan (Irán), sostienen que «en algunos casos, los ataques de los acusados estuvieron políticamente motivados o fueron por orden de Irán».
En concreto, sobre esta cuestión subrayan que obtuvieron «información sobre disidentes, activistas de derechos humanos y líderes de la oposición».
«En otros casos, los acusados vendieron los datos y la información pirateados en el mercado negro para obtener beneficios económicos privados», agrega la Fiscalía en la nota.
Para el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John C. Demers, no se podrá imponer el «estado de derecho en el ciberespacio hasta que los gobiernos se nieguen a proporcionar un puerto seguro a la piratería criminal dentro de sus fronteras».
En concreto acusó a Irán, Rusia, China y Corea del Norte de permitir este tipo de actividades si los «criminales» aceptan trabajar para sus regímenes.
El FBI confirmó que los acusados no han sido detenidos y apuntó que sus nombres han sido agregados al listado del FBI con los cargos de participar en una campaña de intrusión cibernética masiva y coordinada.
El documento de acusación apunta, también, que en 2013 los acusados lanzaron una campaña contra sistemas informáticos en Nueva Jersey y en distintas partes del mundo que afectó a numerosas universidades dentro y fuera de Estados Unidos, así como contra Institutos de investigación política ubicados en Washington, contra una compañía aeroespacial y contra ONG y gobiernos extranjeros.
Por todos los cargos que se les acusa, entre ellos conspiración para cometer un fraude informático, acceso no autorizado a ordenadores protegidos, causar daño a ordenadores protegidos y fraude para acceder a un ordenador podrían ser condenados en total a más de 50 años de cárcel.
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