El Gobierno de EE.UU. ha lanzado un ultimátum a la petrolera Taylor Energy para que limpie un vertido que comenzó hace 14 años frente a la costa de Luisiana y que podría superar en tamaño al de la plataforma Deepwater Horizon de BP.
En una orden emitida por la Guardia Costera de EE.UU. el 23 de octubre y de la que el diario The Washington Post informó hoy, el Gobierno instó a Taylor Energy a instaurar un sistema para «capturar, contener y sacar el petróleo» o enfrentar una multa de 40.000 dólares diarios.
El derrame en cuestión empezó en 2004, cuando el huracán Iván dejó inutilizable una plataforma de Taylor Energy ubicada a 12 millas de la costa, que se derrumbó por un deslizamiento de tierras marino.
Desde entonces, la plataforma ha vertido entre 300 y 700 barriles diarios al Golfo de México, según un nuevo estudio elaborado por el Departamento de Justicia como parte de una batalla legal contra la petrolera.
Hasta ahora se creía que el derrame era de un máximo de 55 barriles diarios.
Según los nuevos cálculos, se habrían vertido entre 1,5 y 3,5 millones de barriles desde 2004.
El desastroso derrame de la plataforma Deepwater Horizon de BP, el mayor de la historia de EE.UU., derramó unos 4 millones de barriles.
La petrolera, que en 2008 fue adquirida por compañías coreanas, defendió en un comunicado que las cifras del nuevo estudio son exageradas y forman parte de la estrategia legal del Gobierno, y aseguró que cualquier intervención en la plataforma puede «crear un impacto ambiental que ahora no existe».
«Si existiese algo legal y efectivo que Taylor Energy pudiese hacer de una forma ambientalmente responsable para detener el derrame, ya lo habríamos hecho», aseguró la petrolera.
La compañía alega que la veintena de pozos por los que se vierte el petróleo (se han cerrado ya una decena) están enterrados bajo unos 30 metros de lodo del deslizamiento marino.
Taylor Energy y el Gobierno de EE.UU. mantuvieron el derrame en secreto durante años, hasta que organizaciones ambientales lo detectaron en 2010 coincidiendo con el de BP.
La petrolera había llegado en 2008 a un acuerdo con el Ejecutivo para aportar 666 millones de dólares a un fondo para la contención y limpieza del derrame, de los que se han invertido cerca de un tercio.
El presidente de Taylor Energy y único empleado de la compañía desde su adquisición, William Pecue, puso una demanda en 2016 para recuperar los más de 400 millones que quedan en el fondo, alegando que el derrame no se puede contener.
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