Estados Unidos obtuvo más de 370 millones de dólares en sentencias dictadas en un tribunal de Florida contra el dueño de varios laboratorios que facturaron al sistema público de salud Medicare «costosas pruebas moleculares», que no fueron solicitadas por ningún proveedor de atención médica autorizado, informó este martes la Fiscalía del Distrito Medio del estado.
La semana pasada un tribunal de Tampa, en la costa oeste de Florida, aceptó la petición de EE.UU. de «sentencia en rebeldía» contra Rajen Shah y los demandados, 5 laboratorios propiedad del primero que defraudaron al Medicare.
Estados Unidos había presentado una denuncia en 2022 contra Shah y sus empresas: United Diagnostics Lab, Tomoka Medical Lab, Tennessee Valley Regional Laboratory, Luminus Diagnostics y Golden Rule Management, por los delitos de reclamaciones falsas.
La denuncia alegaba que Shah «hizo que sus laboratorios facturaran a Medicare por costosas pruebas moleculares que no fueron solicitadas por un proveedor de atención médica autorizado», señaló en un comunicado la Fiscalía.
Según la sentencia a favor de EE.UU., las cantidades del fraude ascendieron a más de 370 millones de dólares entre los cinco laboratorios y su propietario, que fue condenado por urdir un «plan (fraudulento) de pruebas de laboratorio» dirigido al programa Medicare.
«La integridad de nuestro sistema de atención médica depende de que el gobierno pueda confiar en la información precisa y veraz presentada por los laboratorios, y que los laboratorios solo facturen por los servicios ordenados por el médico o enfermera practicante del beneficiario», señaló en un comunicado el fiscal federal Roger B. Handberg.
«Seguiremos responsabilizando a las personas que ignoren las regulaciones de Medicare», advirtió Handberg.
Por su parte, la agente especial Julie Rivera, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., reprobó a aquellos «que buscan aumentar sus propias ganancias enviando información de facturación inexacta a programas federales de atención médica como Medicare».
Esto, condenó Rivera, «socava» la integridad de estos programas en los que los beneficiarios confían para obtener servicios de atención médica seguros y eficaces.
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