EEUU cita a México como caso positivo, pero insiste en los abusos del Estado

Por EFE
20 de Abril de 2018 Actualizado: 21 de Abril de 2018

En su informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado, Estados Unidos volvió hoy a denunciar la corrupción y la violencia de las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque alabó al actual Gobierno por la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

“En México la Ley de Desaparición Forzada establece castigos criminales para aquellas personas condenadas por desapariciones forzosas y establece un marco de trabajo nacional para definir a las víctimas”, valoró el secretario de Estado en funciones, John Sullivan, durante una rueda de prensa celebrada para presentar el informe.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, el de México es uno de los tres “casos positivos” identificados por EE.UU. al elaborar el informe a lo largo de 2017. Los otros dos son Uzbekistán, por su “agenda reformista” y Liberia por su transición de poderes democrática y “pacífica”.

Sin embargo, más allá de esta nueva ley promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado mes de noviembre, el informe del Departamento de Estado apenas ofrece motivos para el optimismo sobre la situación de los Derechos Humanos en México.

Al igual que en pasadas ediciones, el informe hace referencia a los casos de violencia que salpican al Estado.

“Los principales problemas de Derechos Humanos incluyen la participación de la policía, el ejército y otras ramas del Estado, en ocasiones en coordinación con organizaciones criminales en muertes ilegales, desapariciones y torturas”, sostiene el informe.

El documento enumera además, casos de corrupción, de agresión sexual contra personas con discapacidades y de violencia mortal contra miembros de comunidades indígenas o de la comunidad LGBT como otros de los principales motivos de preocupación.

El informe, que sirve como guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos.

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