El ejército chileno inició desde la madrugada del sábado el despliegue de efectivos para resguardar áreas fronterizas al norte de Chile, en los límites con Perú y Bolivia. Con la medida que durará 90 días, el gobierno chileno busca aumentar el control del ingreso de inmigrantes ilegales al país.
El ejército informó que el despliegue fue realizado en fases a raíz del Decreto con Fuerza de la Ley publicado recientemente, en un intento de duplicar la fuerza que ya se había instalado en el lugar desde el año 2017, según un comunicado.
«Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. Este no es solo un tema de que faltaba la presencia militar; faltaban muchas cosas», dijo este lunes Carola Tohá, la ministra del Interior desde Colchane, frontera con Bolivia y epicentro de la crisis migratoria.
Con la nueva disposición, el ejército tiene la facultad para realizar tareas de resguardo en las áreas fronterizas, que incluyen: el control de identidad, registro y retención de personas que se encuentren dentro de estas zonas para ponerlas a disposición de las policías. Además, pone sus medios de transporte y tecnológicos a disposición del control fronterizo.
Dentro de la facultad de los efectivos del ejército en las zonas fronterizas, se encuentra el control de identidad y registro de vestimentas, equipajes o vehículos, bajo el marco legal del país.
“Esto lo que busca es el control por el paso de las fronteras, y lo que apunta es a que no vuelvan a seguir entrando personas irregularmente al país”, dijo la funcionaria a los periodistas.
Mientras agregaba que la mayor dificultad a la que se enfrenta el gobierno actualmente es que se desconoce la identidad de muchos de esos inmigrantes que ingresan al país.
“Hoy en día no sabemos quienes son, no tienen una identidad definida en nuestro país, no tienen antecedentes, no tenemos un registro biométrico de ellos; no hay una fotografía, no hay una huella dactilar”, agregó.
Por su parte, Tohá agregó que, el despliegue militar “no es una herramienta aislada”, sino que llega acompañada de herramientas legales nuevas como el empadronamiento para recopilar datos de los inmigrantes ilegales, además de recursos y tecnología nueva.
«Viene con un apoyo a todas las instituciones que trabajan en la frontera, que no son solo las Fuerzas Armadas: son Aduanas, la PDI, Carabineros, todo el trabajo que se hace de acogida a las personas que migran, los municipios», afirmó la ministra a la prensa tras acudir este lunes a supervisar el despliegue militar en Colchane, según el medio local Cooperativa.Cl
La medida se aplicará en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.
Esto ocurre mientras en los últimos dos años aumentado el ingreso al país de cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas. Los inmigrantes ilegales eluden los escasos controles de Colchane a diario con el objetivo de llegar a Iquique para luego dar el salto hacia la capital del país, Santiago.
Aunque las comunidades locales reportan que hay en su mayoría un ingreso de venezolanos al país, en las últimas semanas se ha reportado la llegada irregular de colombianos y salvadoreños.
En total hay 1.4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Con información de EFE.
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