La controvertida reforma a la salud empieza a tomar forma en Colombia con la aprobación del texto en la Cámara de Representantes, tras lo cual pasará al Senado en medio de críticas de diversos sectores que advierten que, tal como está planteada, supondrá un retroceso para el país.
Uno de los más críticos es el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien reconoce que aunque el sistema actual, implantado en 1993, tiene fallas porque las entidades promotoras de salud (EPS), intermediarias entre el Estado y el usuario, no están suficientemente reguladas, sus logros son indiscutibles.
«La reforma aprobada en la Cámara es inconveniente, significaría un retroceso para los pacientes y pondría en riesgo el logro social más importante del país de los últimos treinta años», manifestó este miércoles en la red social X Gaviria, quien además fue ministro de Educación en los primeros seis meses del actual Gobierno.
El proyecto de ley aprobado anoche da prioridad a la prevención y la atención primaria con un componente de «equidad» que corrija las diferencias entre los servicios que reciben los ciudadanos en las grandes ciudades y en las regiones apartadas donde la atención es precaria.
Desigualdades a la vista
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló tras la aprobación, después de diez meses de agrias polémicas dentro y fuera del Congreso, que con esta reforma se busca «solucionar los graves problemas que existen en muchas partes del país, sobre todo en los sectores campesinos rurales y en los sectores marginados de las grandes ciudades».
«Al pueblo colombiano le digo que ahora seguiremos desde el Senado en la búsqueda de un modelo que reconozca la salud como un derecho y no como un negocio», agregó el ministro sobre la reforma, que junto con la tributaria aprobada el año pasado; la laboral y la de la seguridad social, aún en debates legislativos, constituyen las cuatro patas de los cambios prometidos por el presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, los críticos, entre los que hay desde asociaciones médicas hasta gremios y políticos de diferentes partidos, advierten que el texto aprobado traerá más problemas que soluciones.
«Lo aprobado, lamentablemente, representa un retroceso para nuestro sistema de salud y tendrá efectos graves en donde los perjudicados seremos los colombianos», expresó la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.
Al igual que Gaviria, Lacouture espera que en el Senado, donde la reforma será debatida el próximo año, «puedan escuchar a los expertos para construir sobre lo construido y no echar por la borda 30 años de experiencia».
Cambios en el sistema
El sistema de salud actual, de carácter universal, es financiado por las contribuciones de empleados y empleadores, y con recursos del presupuesto nacional que son administrados por las EPS, de las cuales más de cien, tanto públicas como privadas, han sido liquidadas en los últimos 30 años por problemas financieros y de corrupción que comprometen la prestación de sus servicios.
Por eso uno de los puntos que más roncha ha levantado es la práctica eliminación de las EPS, que serán transformadas en «gestoras de salud y vida» para operar bajo determinadas condiciones del Ministerio de Salud.
Otros cambios sustanciales son el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), una entidad pública que será el único pagador del sector, y la creación de Centros de Atención Primaria (CAP) que serán el punto de partida de la política de prevención.
El costo de la reforma
Según analistas, la reforma de la salud, en caso de ser aprobada también en el Senado, exigirá un periodo de transición muy largo porque la sola construcción de los CAP requerirá una ingente cantidad de recursos.
Un estudio de factibilidad del Ministerio de Hacienda indicó que los gastos del sector de salud en 2024, incluida la reforma, serán de 92.3 billones de pesos (unos 23,057 millones de dólares de hoy), con un déficit de 3.2 billones de pesos (uno 820 millones de dólares), tendencia que se invertirá a partir de 2031, cuando pasará a dar superávit.
No obstante, los ponentes de la reforma en la Cámara no han dado cifras concretas del costo, por lo que el exministro Gaviria alertó que, si el proyecto de ley pasa en el Senado, «los recursos que hoy se utilizan para pagar por tratamientos y medicamentos, se van a gastar en burocracia regional».
Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, esos cambios pueden ocasionar una «ruptura de la gestión integral de riesgo en salud», poniendo en riesgo la atención a los usuarios, el manejo financiero y el administrativo.
Ante la magnitud de la controversia, la atención del país estará puesta el año próximo en el Senado, que «tiene la responsabilidad histórica de salvar el sistema de salud de Colombia que hoy está amenazado por el populismo, la demagogia y el odio a la participación mixta entre el sector público y el sector privado», manifestó hoy el expresidente Iván Duque.
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