La pena de muerte, también conocida como pena capital, es legal en 27 de los 50 estados de Estados Unidos, y entre los condenados a muerte se encuentra un grupo de hispanos que, cuando son originarios de México, pueden recibir ayuda consular.
Actualmente 23 prisioneros esperan ser ejecutados este año, por una condena máxima que se aplica principalmente a quienes han sido condenados por asesinato.
Algunos de los estados que aplican la pena de muerte son Arizona, California, Florida, indiana, Kansas, Kentucky, Montana, Nevada, Oregon y Texas. Sin embargo, 6 de los 27 estados con la pena máxima, hoy en día cuentan con una suspensión temporal.
California, Pennsylvania, Oregon, Arizona, Ohio y Tennessee tienen una moratoria sobre la pena de muerte por decisión de sus gobernadores. En algunos de los casos la legislatura está revisando abolir la pena máxima en el estado.
Pena de muerte en EE.UU.: condenados de origen latino y de México
En EE. UU. se han llevado a cabo 1582 ejecuciones, entre las cuales 131 ejecutados han sido de origen latino, lo que representa un 8.4% del total de ejecuciones, reporta del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DICP, por sus siglas en inglés). En cuanto a sus víctimas, 7% del total también fueron de origen latino.
Para el año 2022, según datos del DIPC, 330 latinos esperaban en el pabellón de la muerte, casi un 14% del total de sentenciados a la pena capital. También se ha señalado que los latinos tienen un gran riesgo de ser ejecutados por errores en los juicios, como expone Equal Justice USA. Lo anterior incluye sus derechos a contar con información en su idioma y asistencia legal de su país, entre otros.
Por su parte, el gobierno de México está en contra de la pena máxima y puede ayudar a los conciudadanos mexicanos que han sido sentenciados en otros países a la pena capital, como los mexicanos sentenciados en Estados Unidos, menciona un documento de la Cámara de Diputados de México.
“Si bien el Gobierno Mexicano se opone a la pena de muerte como una cuestión de principio, el objetivo de México es desarrollar su tarea de asesoría en materia de pena de muerte», dice este documento, y agrega que busca «asegurar que los connacionales reciban la protección consular a que tienen derecho bajo la legislación estadounidense y el derecho internacional”.
Hasta el 2022, 50 mexicanos fueron sentenciados a la pena de muerte y 27 de estos casos son parte del fallo «Avena», demanda presentada por México en 2003 contra el gobierno estadounidense, por haber iniciado un proceso judicial y dictar sentencia de pena de muerte sin antes haber notificado la situación al consulado Mexicano. «Situación considerada como una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada y ratificada por ambos países”, informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México.
Para los connacionales sentenciados a pena de muerte o que enfrentan procesos judiciales que pudieran derivar en la condena capital en Estados Unidos, existe asistencia jurídica especializada por parte del Consulado Mexicano, a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, (MCLAP, por sus siglas en inglés) creado en el año 2000.
«Desde su creación en el año 2000 al 28 de febrero de 2022, MCLAP ha estudiado 2,155 casos, de los cuales 883 no calificaron debido a que la persona indiciada tenía doble nacionalidad, no era mexicana, o porque los cargos fueron reclasificados. En todos los casos el delito es homicidio», ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La dependencia afirma que hasta el año 2022, 48 personas enfrentaban procesos penales en Estados Unidos que podían derivar en la sentencia capital.
Un informe reciente de la SRE indica que entre los años 2000 y el 2023 el MCLAP atendió más de 1300 casos, evitando o revirtiendo la pena capital en más de 1200 de ellos, que representan en el 91.79% del total. Además informa que 102 mexicanos enfrentan procesos penales en Estados Unidos que pudieran derivar en una sentencia capital o ya están sentenciados.
Según este informe, el MCLAP da asistencia jurídica especializada a los mexicanos sentenciados a la pena capital, para quienes enfrentan procesos judiciales que pudieran derivar en dicha condena, los enlistados en el fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya sentencia fue conmutada, pero aún no revisada según el mandato del citado fallo, y los que se presenten durante los siguientes tres años.
La pena capital en EE. UU.
En cuanto a las sentencias en Estados Unidos, “La pena de muerte solo puede imponerse a los acusados declarados culpables de delitos capitales, como asesinato, traición, genocidio o el asesinato o secuestro de un congresista, el presidente o un magistrado de la Corte Suprema”, establece el Departamento de Justicia (DOJ).
«A diferencia de otros castigos, un jurado debe decidir si se impone la pena de muerte», agrega el DOJ.
En caso de que el sentenciado sea menor de edad en el momento del delito, o tenga alguna discapacidad intelectual, la Corte Suprema determinó que la pena de muerte es “un castigo cruel e inusual”, por lo cual no puede ser aplicable.
La pena capital fue adoptada por Estados Unidos debido a la influencia de Gran Bretaña, que también utilizaba este forma de castigo. El primer registro de una persona sentenciada a la pena de muerte en Estados Unidos fue en el año 1608 en Virginia.
El capitán George Kendall fue fusilado tras ser acusado de ser espía para España. Durante aquellos días, las colonias americanas castigaban con la pena capital muchos y diversos delitos que iban desde idolatría, blasfemia, hasta rebelión, como refiere un estudio del abogado Víctor M. Ramírez Morel (PDF).
Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en la era moderna, los reos esperando en el corredor de la muerte y los ejecutados, fueron condenados por asesinato.
La pena de muerte en el país ha pasado por diversos procesos de abolición, aunque fue hasta el año 1972, tras el caso Furman vs Georgia, que dio un giro significativo. La Corte Suprema abolió la pena de muerte por considerarla un castigo “cruel e inusual” que violaba la octava Enmienda de la Constitución Estadounidense.
Sin embargo, a 4 años de su abolición, la Corte Suprema la restableció, justificando que el problema no era la pena de muerte en sí, sino la legislación aplicada en el proceso de sentencia. Fue así que a partir de 1976 comenzó el nuevo proceso para tratar con la pena capital, estableciendo nuevas formas para el modelo contemporáneo de la pena de muerte.
El caso de Alabama
Recientemente, un caso en Alabama —estado donde aún hay pena de muerte— despertó las críticas de los opositores a la pena capital, ya que fue el primer estado en todo el país en ejecutar a un preso con gas nitrógeno.
Kenneth Eugene Smith, de 58 años, culpable del asesinato de una mujer hace 35 años, fue sentenciado a la pena capital, reportó la BBC. En el 2022 sobrevivió a un primer intento de ejecución con inyección letal, este año finalmente fue ejecutado a través de hipoxia por nitrógeno, el nuevo y controvertido método que ha generado opiniones encontradas.
Robin Maher directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte dijo en una entrevista para PBS: «Lo que no tenemos por parte de Alabama es una comprensión clara de lo que sabe y cómo se llevará a cabo este procedimiento [la ejecución de Smith]. Y creo que eso es lo que está generando muchas preocupaciones».
La señora Maher señala que el estado de Alabama ha proporcionado poca información sobre la ejecución a través de hipoxia por nitrógeno. Alabama ha optado por compartir con DPIC «un protocolo altamente censurado, que oculta ciertos detalles críticos y también platea más preguntas sobre su seguridad y efectividad [de la hipoxia por nitrógeno]», explicó.
La directora ejecutiva del DPIC agrego: «Las líneas generales son que al Sr. Smith se le colocará una máscara facial y se le obligará a respirar gas nitrógeno puro. En ese momento, sus órgano comenzarán a fallar y en última instancia, se producirá la muerte. Esa es la teoría». Sin embargo, «es solo una teoría» explica, ya que hasta ahora este método no ha sido aplicado en Estados Unidos o en otro país.
Desde 1976 en EE.UU. existen 5 tipos de ejecuciones autorizadas, tales como el ahorcamiento, pelotón de fusilamiento, gas letal, electrocución e inyección letal. Esta última es la más utilizada, sin embargo, debido a que los medicamentos utilizados anteriormente en la «inyección letal», cada vez son más complicados de conseguir, se está optando los otros tipos de ejecuciones autorizadas, informa la DPIC.
El gobierno de EE.UU. también provee información para obtener asesoría legal gratuita o a bajo costo entre abogados y organizaciones .
La pena de muerte en otros países
Hoy en día, la pena capital se aplica en 58 países, además de EE.UU., tales como China, India, Vietnam, Irak, Irán, Bielorrusia, Cuba y Guatemala.
Según datos de Amnistía Internacional (PDF), en China se llevan a cabo más ejecuciones judiciales que en el total del resto del mundo.
“Pese a tener la mayor tasa de población del mundo, la proporción de personas a las que se ejecuta en China es posiblemente la mayor que la de ningún otro país, [a] excepción de Singapur, cuya población es de las menores del mundo”, asegura Amnistía Internacional.
En lo que respecta a la mayoría de los delitos que son castigados con pena de muerte en el
continente americano se encuentran el asesinato agravado, traición, piratería, crímenes contra el Estado, espionaje, tráfico de drogas, actos terroristas, violación y tortura, dice el citado informe de la Cámara de Diputados de México.
World Coalition conformado por más de 160 ONGs, celebra cada año el 10 de Octubre, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, invitando a la sociedad civil y a la opinión publica, así como a movimientos abolicionistas del mundo, dirigentes políticos y abogados, para apoyar la abolición universal de la pena capital.
La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, declara que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos, haciendo énfasis en el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Disminuyen sentencias en EE. UU.
Según informes de la DPIC, en Estados Unidos, «Las nuevas sentencias de muerte han disminuido más del 85% desde su punto máximo de más de 300 sentencias de muerte por año a mediados de la década de 1990. Las ejecuciones han disminuido en un 75% desde su punto máximo de 98 en 1999».
Datos de la encuesta de Gallup 2023, muestra que el apoyo a la pena de muerte desde el 2019 ha ido disminuyendo. La encuesta muestra que el 53% de los estadounidenses están a favor de la pena de muerte, “la cifra más baja desde marzo de 1972”. Según los registros de Gallup, cuando encuestó por primera vez sobre el apoyo a la pena máxima, los estadounidenses apoyaron con un 53%, mientras que en 1994 fue su punto máximo con 80% de los encuestados apoyando la pena capital.
Sin embargo, el procurador de Ohio, Dave Yost, con los representantes estatales Brian Stewart, Phil Plummer y el director ejecutivo Lou Tobin de OHProsecutors, anunció este 3o de enero en su red social de X la introducción de la legislación que permitirá el uso de la hipoxia de nitrógeno como método para ejecutar la pena de muerte.
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