Empleados y agentes del FBI buscaron indebidamente en los datos de vigilancia exterior los apellidos de un senador estatal y de un senador estadounidense, según un dictamen judicial hecho público el viernes.
La nueva conclusión se incluye en la publicación de una orden de 117 páginas (pdf) desclasificada el 16 de julio por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de la judicatura federal en abril, una medida poco habitual, ya que ese tribunal suele emitir sus fallos en secreto.
En el documento judicial, emitido por el juez Rudolph Contreras, un analista anónimo del FBI realizó en junio de 2022 cuatro búsquedas distintas de información recopilada mediante el programa de vigilancia sin orden judicial en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, por sus siglas en inglés) «utilizando los apellidos de un senador estadounidense y de un senador estatal». Sus nombres no se revelaron en la sentencia no sellada.
También mostraba que el analista del FBI poseía información que demostraba que los legisladores eran objetivo de una operación de inteligencia extranjera. Sin embargo, según el expediente judicial, la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia revisó sus búsquedas y descubrió que no cumplían las normas internas del FBI.
Otro empleado del FBI consultó indebidamente el número de la Seguridad Social de un juez estatal que alegaba violaciones de los derechos civiles por parte de un jefe de policía municipal, según el dictamen del juez jefe del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Se accedió al número de la Seguridad Social del juez en octubre del año pasado, pero la agencia también consideró que el analista no tenía pruebas suficientes para ser autorizado a realizar la búsqueda.
En el caso del juez estatal, un especialista del FBI buscó en una base de datos el número de la Seguridad Social después de que el juez «se hubiera quejado al FBI de supuestas violaciones de los derechos civiles perpetradas por un jefe de policía municipal», según el expediente.
Aparte de los nombres, el dictamen del tribunal de vigilancia tampoco reveló los estados ni las afiliaciones partidistas de las personas cuyos nombres fueron buscados por el personal del FBI. Se facilitaron pocos detalles más, como que entidades extranjeras tenían como objetivo a los funcionarios mencionados.
El senador estadounidense anónimo ha sido notificado de la búsqueda. El senador estatal y el juez estatal no lo han sido, dijo un funcionario del FBI a los medios de comunicación.
Otros detalles
El número total de búsquedas de estadounidenses parece haber disminuido, según el expediente. En un periodo de un año que finalizó en marzo, el FBI realizó unas 180,000 búsquedas de ciudadanos estadounidenses y otras entidades estadounidenses, según el tribunal.
Eso está muy por debajo de los aproximadamente 2 millones de búsquedas comunicadas sólo entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, algo que, según el juez de vigilancia exterior, «debería indicar una menor intrusión en las comunicaciones privadas de personas estadounidenses».
Pero, a pesar de las garantías del FBI y del Sr. Contreras, las búsquedas indebidas del programa de recopilación de datos de vigilancia de la Sección 702 podrían poner en peligro una iniciativa de la Casa Blanca para que se vuelva a autorizar la herramienta antes de que expire a finales de este año.
Y en los últimos años, un número creciente de republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, han pedido al buró que depure sus responsabilidades —o que sea desmantelada en su totalidad— tras lo que consideran intentos de altos cargos del FBI de perseguir a conservadores y políticos republicanos, incluido el Sr. Trump.
Tanto legisladores republicanos como demócratas han propuesto reformas del programa de la Sección 702 para que vuelva a autorizarse. A principios de este año, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), declaró a Politico que no apoyaría la prórroga de la herramienta a menos que se introdujeran cambios, sugiriendo que no debería reautorizarse en absoluto.
«Estamos trabajando en el tipo de reformas que creemos necesarias, pero, francamente, creo que deberías tener que conseguir una orden judicial», declaró el Sr. Jordan.
El dictamen del tribunal también señala que el FBI utilizó indebidamente las facultades de registro sin orden judicial contra ciudadanos estadounidenses más de 278,000 veces en el año finalizado en noviembre de 2021. Eso incluía a personas que supuestamente estaban implicadas en la irrupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021, a donantes de un candidato al Congreso y a manifestantes relacionados con George Floyd durante los disturbios del verano de 2020.
«Algunas violaciones de la norma de consulta coincidieron con el incumplimiento de una política del FBI que exige la aprobación previa del director adjunto para utilizar ‘términos de consulta sensibles’, por ejemplo, identificadores de funcionarios públicos nacionales, candidatos políticos nacionales, miembros de los medios de comunicación, académicos y organizaciones religiosas o personas destacadas en ellas», decía el dictamen.
Justo cuando se hizo público el dictamen del tribunal, el FBI emitió una declaración en la que afirmaba que el dictamen «ponía de relieve cómo las medidas correctoras del FBI mejoraban significativamente su cumplimiento de la Sección 702 en materia de consultas».
La publicación el viernes del dictamen del juez Contreras «confirma la significativa mejora en el cumplimiento de las consultas de la Sección 702 por parte del FBI desde la aplicación de nuestras reformas sustanciales», dijo el director del FBI, Christopher Wray, en una declaración minutos después de la divulgación. «La Sección 702 es fundamental en nuestra lucha contra los adversarios extranjeros».
«Nos tomamos en serio nuestro papel en la protección de la seguridad nacional y nos tomamos igual de en serio nuestra responsabilidad de ser buenos administradores de nuestras autoridades de la Sección 702. El cumplimiento es un esfuerzo continuo, y recientemente hemos anunciado nuevas medidas adicionales de rendición de cuentas. Seguiremos centrándonos en utilizar nuestras autoridades de la Sección 702 para proteger las vidas de los estadounidenses y mantener seguro nuestro territorio nacional, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y libertades civiles».
Con información de The Associated Press.
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