El socialismo de Chávez y Maduro acabó con el 95% de las empresas en Venezuela

Por Sabrina Martín
05 de junio de 2019 5:44 PM Actualizado: 05 de junio de 2019 5:44 PM

Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejaron inactivas al 95% de las empresas que operaban en Venezuela antes de la llegada del socialismo.

El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, informó que el universo de las empresas que actualmente opera en el país es de 2500 industrias, mientras que cuando el chavismo asumió el poder eran de 12 700; lo que significa que desaparecieron 10.200.

Un informe presentado por la Confederación Nacional de Industriales de Venezuela (Conindustria) señala que al menos 85% de las 2500 empresas que aún sobreviven en precarias condiciones,  podrían cerrar en un periodo no mayor a dos años si no hay cambios políticos y económicos en el país suramericano.

La encuesta de coyuntura industrial revela que 53% de las empresas del parque industrial venezolano trabajó con menos de 20% de su capacidad operativa.

“En la medida en que se acaba la industria se acaba el empleo, en Venezuela por cada puesto de trabajo directo hay tres indirectos. Si 75% de empresas dicen que sirven poco, el número de venezolanos que van perdiendo sus empleos es gigantesco. Nosotros en Conindustria creemos que se han perdido 1,5 millones de puestos de trabajo a lo largo de los años de la revolución”, manifestó.

Los controles de cambio, de precios, las leyes del trabajo, las expropiaciones y amenazas, son, en su mayoría, las causas por las que el sector industrial cada día se convierte en un cementerio empresarial. A lo anterior se le suman las dificultades que tienen los comerciantes para reponer sus inventarios, que con el paso de las horas corren el riesgo de bajar las santamarías.

Ni hablar, de las más de 20 empresas multinacionales que salieron de Venezuela, gracias al socialismo. Las razones que exponen las transnacionales para retirarse de Venezuela, según Conindustria, son la profunda escasez de materia prima, la falta de acceso a divisas, las leyes y normativas que han obstaculizado la actividad económica, y los precios “absurdamente” controlados, que generó fuertes pérdidas en sus operaciones.

“Venezuela es el país más agresivo con la empresarialidad”, señaló para el PanAm Post Víctor Maldonado, director de la ONG Cedice Libertad y exdirectivo de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas.

“El socialismo del siglo XXI no solo interviene, sino que afecta y amenaza los derechos de propiedad de las empresas. Venezuela es el país donde la condición de empresario es uno de los oficios más peligrosos (…) a las empresas venezolanas no se les reconoce ni garantiza ningún derecho”, señaló.

«Venezuela es un país donde es peligroso ser empresario, porque los consideran enemigos del Gobierno. Donde hay una Ley de Costos y Precios que inhabilita para tomar decisiones,  donde existe un régimen cambiario que no permite acceder a las divisas para comprar los insumos o servicios necesarios, y en el que la rigidez laboral impide poder manejar el factor trabajo con libertad. Todo esto conjugado en el marco de la hiperinflación más alta del mundo, con la escasez de todo y muchísima inseguridad ciudadana, hace que la decisión más razonable, de verdad, sea cerrar la empresa aunque eso nos duela”, sentenció.

Un país sin libertad económica

Heritage Foundation, un organismo que analiza la libertad económica de los países del mundo, ubicó a Venezuela en el último lugar entre las naciones del continente latinoamericano, incluso por debajo de Haití, como el país con menos libertad económica.

En el listado mundial, Venezuela se ubica el puesto 179 de 180 países, solo por encima de Corea del Norte, con un puntaje de 1,8 puntos.

“El puntaje general de Venezuela ha disminuido debido a una fuerte caída en la libertad monetaria, la libertad empresarial y los indicadores de integridad del gobierno. Venezuela ocupa el último lugar entre los 32 países de la región de América, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales”, señala el informe.

El documento agrega que «las políticas legales, burocráticas y regulatorias del gobierno limitan la inversión extranjera. El sector financiero está estrechamente controlado por el Estado, y el crédito a menudo se asigna sobre la base de la conveniencia política”.

Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.

Las opiniones expresadas en este artículo son opiniones del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de La Gran Época.

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