El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución de rechazo a tres polémicas leyes que comenzó a discutir la legislatura de Nicaragua, las cuales han sido fuertemente criticadas por sectores sociales, grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica nicaragüense.
Los parlamentarios condenaron los intentos del sandinismo de adoptar las leyes sobre agentes extranjeros, delitos cibernéticos y crímenes de odio, a las cuales calificaron de inconstitucionales y llamaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua a rechazarlas.
La resolución dice que, de ser aprobadas, estas leyes ofrecerán al régimen de Daniel Ortega nuevos mecanismos represivos para silenciar no solo a sus críticos, sino a cualquier individuo u organización que reciba fondos del extranjero.
Esto, en turno, llevará a más personas a ser víctimas de la actual campaña represiva manejada por el Estado e intensificará el clima de intimidaciones y amenazas, “llevando a violaciones inaceptables de derechos humanos en Nicaragua”.
El Parlamento Europeo solicita al Consejo de Europa que en vista de los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos agregue con rapidez a nuevos individuos y entidades a la lista de sanciones a Nicaragua, entre ellos al líder Daniel Ortega, y a Rosario Murillo, su esposa, al tiempo que asegure que esto no tenga un impacto negativo sobre el pueblo nicaragüense.
También pide que se envíe a una delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua lo más pronto posible para reanudar el monitoreo de la situación en ese país, y exhorta a las autoridades nicaragüenses a permitir su entrada sin restricciones y su acceso a todos los interlocutores e instalaciones.
El documento dice además que Ortega “sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada y persiste en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.
El texto completo de la resolución fue aprobado con 609 votos a favor, 21 en contra y 64 abstenciones.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
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