Un grupo de exiliados se han dirigido al presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden, para pedirle que la Administración Federal de ese país no se convierta en «cómplice de los crímenes» de la «tiranía venezolana», sino que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables.
En una carta pública difundida este lunes, encabezada por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, aluden a una eventual reanudación del comercio petrolero entre Venezuela y EE. UU. debido a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania.
Los 68 firmantes se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones de EE. UU. terminen «apañando a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad», y se refieren a los «tiranos» venezolanos Hugo Chávez (ya fallecido), que gobernó entre 1999 y 2013, y el actual Nicolás Maduro.
El «régimen» venezolano, argumentan, está «en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros». Venezuela ya no es un Estado de derecho, aseguran, «sino un narcoestado, por lo tanto fallido y forajido a la vez».
En estas circunstancias, explican, «necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EE. UU. en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos», así que instan a Biden a que no permita que su país se convierta en «cómplice de estos crímenes».
Rechazan que se relajen las sanciones internacionales impuestas a jerarcas venezolanas, pues son un mecanismo «pertinente» y, gracias a estas, «se limitó la capacidad de financiamiento» del «régimen madurista».
Consideran que la pobreza y la emigración masiva de los venezolanos no se deben a esas sanciones, sino a los «robos» de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades. «El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600,000 millones de dólares», según la carta.
Por todo ello, los firmantes piden que «se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, más ahora cuando la Unión Europea y EE. UU. las impulsan contra la masacre que ejecuta (el presidente ruso) Vladímir Putin contra pueblo ucraniano».
Igualmente, defienden que se mantenga el cerco al narcotráfico y sus jefes en Venezuela; que prosigan los juicios contra responsables de «insólitas estafas» (citan al empresario Alex Saab, extraditado a EE. UU. desde Cabo Verde acusado de blanqueo de capitales); que respalde la investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad; y exigen la liberación de «presos políticos» civiles y militares.
Entre los firmantes figuran la exdiputada María Corina Machado, el editor Miguel Otero, el excanciller Humberto Calderón, varios exministros, como Carlos Blanco y Virginia Olivo, y el presidente de la Asociación Salvavidas para Venezuela, William Cárdenas.
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