Exjueces y abogados apoyan desestimación del caso Flynn por parte del Departamento de Justicia

Por Janita Kan
29 de Mayo de 2020
Actualizado: 29 de Mayo de 2020

Docenas de exjueces y fiscales han solicitado presentar un escrito en apoyo a una moción del Departamento de Justicia para desestimar el caso penal contra el exasesor de seguridad nacional del Presidente Donald Trump, el Teniente General Michael Flynn.

El grupo bipartidista de profesionales del derecho pidió el jueves al Juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Emmet G. Sullivan, que otorgue su solicitud para presentar un escrito “amigo de la corte”, el cual también presentaron al tribunal. El exabogado independiente de Whitewater, Ken Starr, y el exrepresentante Trey Gowdy (R-S.C.) figuran en la lista de abogados que se sumaron al escrito.

El grupo, que dice tener interés en cómo funcionan ciertas normas jurídicas relativas al despido, argumentó que el tribunal no tiene base para revisar y negar la moción de despido del gobierno federal, ya que atenta contra la separación de poderes en virtud de la Constitución de Estados Unidos.

“La cuestión que se presenta en este caso es si el tribunal tiene la discreción de negar una moción de desestimación a la que el demandado consiente, como hizo el general Flynn aquí. La respuesta es no”, escribió el grupo (pdf).

El papel del tribunal, dijo el grupo, es “salvaguardar la integridad del proceso judicial, actuar como árbitro neutral en cuestiones legales impugnadas, proteger los derechos del acusado, y en la sentencia actuar como una voz para la comunidad”. Añadió que el poder ejecutivo tiene la función de decidir si se procesa un caso.

“El tribunal nunca es partidario ni de la acusación ni de la defensa; nunca debe asumir el papel de fiscal o de abogado defensor. Además, la separación de poderes impide que el tribunal ejerza los poderes ejecutivos”, escribió el grupo.

También sostuvo que la separación de poderes impide al tribunal “cuestionar el ejercicio de la discreción del fiscal independientemente de las consideraciones que motivan la decisión del poder ejecutivo”.

Esto viene después de que Sullivan nombrara a John Gleeson (pdf), un exjuez federal de Nueva York, como amicus curiae —o “amigo del la corte”— para “presentar argumentos en oposición a la moción de desestimación del gobierno” en el caso penal contra Flynn. Sullivan también ordenó a Gleeson que “abordara si el Tribunal debería emitir una Orden para Mostrar Causa por la que el Sr. Flynn no debería ser acusado de desacato penal por perjurio”.

También invitó a las partes externas a intervenir en el caso con sus opiniones en los escritos de los amigos del tribunal.

El Departamento de Justicia dijo el 7 de mayo que abandonaba su caso contra el general retirado porque creían que el FBI no tenía una “investigación justificada” cuando los agentes del FBI fueron a entrevistar a Flynn el 24 de enero de 2017.

El fiscal que escribió la presentación en la corte argumentó que el gobierno no estaba “persuadido” de que el FBI había entrevistado a Flynn con “una base de investigación legítima” y que la declaración de culpabilidad de Flynn era irrelevante. Dijo que para ser un crimen, una mentira tiene que ser “material”, lo que significa que tiene que tener “peso probatorio” en el asunto investigado.

Los abogados de Flynn solicitaron a un tribunal superior, el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, que interviniera en el caso después de la mudanza de Sullivan, alegando que el juez está rompiendo las reglas y los precedentes en el caso de Flynn. Ese tribunal ha ordenado a Sullivan que responda a la petición de Flynn al tribunal de circuito para intervenir en el caso dentro de 10 días. Sullivan ha contratado desde entonces a la abogada Beth Wilkinson para ayudar en el caso de la apelación.

A principios de este mes, un grupo de 15 fiscales generales republicanos también argumentaron en un escrito separado “amigo de la corte” para el mismo tribunal que la separación de poderes impide que el juez obligue al Departamento de Justicia, que forma parte del poder ejecutivo, para procesar un caso.

“Los jueces no tienen participación en el poder ejecutivo, y por lo tanto no tienen voz en la decisión de si se debe procesar”, escribió el fiscal general (pdf).


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